Ya eran muchos y les llegaron refuerzos
25 de Septiembre de 2026
Por: Ana Matilde Gómez R.
Exclusivo para Contrapeso
Panamá vuelve a discutir sus reglas electorales en una coyuntura marcada por la desconfianza ciudadana, la desigualdad y un gobierno percibido por amplios sectores como excluyente y orientado hacia intereses particulares. En ese escenario, la aprobación en primer debate del proyecto de ley 699 no puede leerse como un trámite técnico. La Comisión de Gobierno, presidida por Benicio Robinson, del PRD, avaló el texto con siete votos a favor y dos en contra, en una alianza que reunió a representantes del PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, el Panameñismo y Alianza. Ya eran muchos; ahora les llegaron refuerzos.
El proyecto original, elaborado por el Tribunal Electoral tras un proceso de consulta, contenía 169 artículos. En la comisión se introdujeron decenas de modificaciones —las fuentes periodísticas hablan de casi cincuenta y de paquetes que rondaron las setenta propuestas—, varias impulsadas por Robinson y Luis Eduardo Camacho. No es responsable reducir esta disputa a una guerra de cifras. Lo sustantivo es que cambios de gran alcance fueron aprobados bajo cuestionamientos sobre la profundidad de su discusión y que hasta el propio Tribunal Electoral ha advertido que algunas alteraciones pueden afectar la esencia de la propuesta.
Una reforma electoral es mucho más que modificar un código. El código es el instrumento; lo medular es la arquitectura del poder político: quién puede competir, con qué recursos, bajo qué controles y con qué posibilidades reales de convertir votos en representación. Cuando las reglas elevan las barreras de entrada para quienes no pertenecen al statu quo, la ley deja de ordenar la competencia y comienza a administrarla en beneficio de quienes ya ocupan el terreno.
Eso ocurre cuando se exige a las candidaturas por libre postulación un mayor porcentaje de firmas y se reduce el tiempo para recogerlas; cuando se limita su capacidad de organizar listas; o cuando se aumentan los adherentes necesarios para constituir nuevos partidos. Formalmente, cualquier ciudadano conserva el derecho a elegir y ser elegido. Materialmente, sin embargo, ese derecho se vacía si las condiciones favorecen a las maquinarias con estructura territorial, clientelas, financiamiento y acceso permanente a recursos públicos. La igualdad política no consiste en abrir la misma puerta, sino en evitar que unos lleguen con llave y otros encuentren una muralla.
La dimensión financiera agrava las alarmas. El proyecto del Tribunal Electoral buscaba reforzar la trazabilidad de las donaciones privadas y la fiscalización simultánea del origen de los fondos. Sin embargo, las modificaciones aprobadas elevaron hasta 500 mil dólares los topes de financiamiento privado para determinadas candidaturas a diputado y alcalde. En un país expuesto al blanqueo de capitales y a la penetración del crimen organizado, ampliar la capacidad de recaudar sin controles igualmente robustos puede convertir la competencia electoral en una subasta. El dinero ilícito no entra a la política por la puerta principal: se disfraza de aporte, contrato, publicidad, propaganda, alimentación o movilización.
La transparencia tampoco puede depender de informes tardíos o excepciones para circunscripciones pequeñas. Cada ingreso y cada gasto deben ser trazables, publicados oportunamente y sujetos a auditorías y sanciones efectivas. Lo mismo vale para el subsidio electoral. Mientras hospitales, escuelas, agua potable y empleo digno siguen siendo deudas nacionales, sostener un gasto electoral desproporcionado sin demostrar su aporte a una democracia más plural exige una revisión severa. Los fondos públicos no pueden financiar estructuras clientelistas ni campañas permanentes de autopreservación.
La partidocracia tradicional, con sus desgastes y deformaciones, ha mercantilizado la política: adhesiones a cambio de favores, recursos públicos utilizados como plataforma electoral y decisiones legislativas concebidas para proteger cuotas. Frente a eso, las candidaturas independientes no son intrínsecamente virtuosas, pero sí amplían la oferta política y desafían monopolios. Restringirlas equivale a reducir el pluralismo y a debilitar los derechos humanos políticos reconocidos a toda persona en condiciones de igualdad.
El segundo debate debe corregir este rumbo. Panamá necesita reglas que abran la política, no que la cierren; que persigan el dinero sucio, no que amplíen sus vías de escape; que reduzcan privilegios y rindan cuentas por cada balboa. Si la democracia electoral no responde a las necesidades de una vida justa y digna, se convierte en una ceremonia costosa para renovar a los mismos. Y cuando los mismos se reparten las reglas, los refuerzos no fortalecen la democracia: fortalecen el cerco.
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