10 de Agosto de 2026

Por: Rossana Marín
Periodista y politóloga

Los golpes militares dejaron de ser el principal camino hacia la concentración del poder. En el siglo XXI, gobernantes elegidos democráticamente debilitan los contrapesos desde dentro y, muchas veces, lo hacen con un amplio respaldo popular.

Durante buena parte del siglo XX, reconocer una dictadura en América Latina era casi automático. Había militares en las calles, congresos clausurados, medios censurados y opositores encarcelados. La ruptura democrática era visible.

Hoy el autoritarismo rara vez entra por la puerta de los cuarteles. Llega por las urnas y avanza lentamente desde las instituciones. Los gobernantes alcanzan el poder mediante elecciones, hablan en nombre del pueblo y prometen resolver problemas que las instituciones no han podido solucionar. Después empiezan a debilitar esas mismas instituciones: reducen la independencia judicial, presionan a la prensa, capturan organismos de control y modifican las reglas que podrían limitar su permanencia en el poder.

El autoritarismo no desapareció. Lo que cambió fue su forma de construirse.

Deterioro democrático

Pensar que solo existen dos categorías —democracias o dictaduras— ya no alcanza para explicar la realidad política latinoamericana.

Según el Informe sobre la Democracia 2026 del Instituto V-Dem, uno de los proyectos académicos más importantes para medir la calidad democrática, América Latina sigue siendo la segunda región más democrática del mundo. El 71 % de su población vive en países clasificados como democracias.

Sin embargo, la región alcanzó su mejor desempeño a comienzos de este siglo y desde entonces ha mostrado un deterioro gradual. Las mejoras registradas en Brasil no compensaron los retrocesos de Argentina, México y Perú.

Los politólogos llaman a este proceso autocratización: el deterioro gradual de una democracia sin necesidad de abolir las elecciones. V-Dem identifica procesos activos de autocratización en Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú, mientras que Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala muestran avances en sentido contrario.

La región sigue siendo mayoritariamente democrática, pero varias de sus democracias se están debilitando desde dentro.

El peligro de gobernar sin límites

Las democracias rara vez mueren en un solo día. Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias, en el siglo XXI suelen erosionarse gradualmente desde dentro, impulsadas por líderes que llegan al poder mediante elecciones y luego debilitan las instituciones encargadas de limitar su autoridad.

La concentración del poder suele comenzar con decisiones que, vistas de manera aislada, parecen razonables. Combatir la corrupción, enfrentar la inseguridad o superar el bloqueo político son objetivos legítimos. El problema aparece cuando esas medidas terminan debilitando a las instituciones encargadas de controlar al gobierno.

El Salvador es probablemente el ejemplo más evidente. Nayib Bukele llegó al poder mediante elecciones y mantiene un respaldo popular extraordinario gracias, en gran parte, a la reducción de la violencia. Pero ese éxito ha ido acompañado de hechos documentados, como detenciones arbitrarias, un régimen de excepción que se ha prolongado por más de cuatro años, restricciones a derechos fundamentales y reformas institucionales que hicieron posible la reelección presidencial.

V-Dem clasifica hoy a El Salvador como una autocracia electoral. Es decir, un país donde continúan existiendo elecciones, pero donde las condiciones para una competencia democrática plena se han deteriorado significativamente.

Su influencia, además, empieza a sentirse en otros países de la región. Frente al crecimiento del crimen organizado, cada vez más líderes defienden copiar su estilo al ampliar los poderes del Ejecutivo, endurecer los estados de excepción y reducir los controles judiciales con el argumento de obtener resultados rápidos en materia de seguridad.

El caso salvadoreño refleja con mayor claridad uno de los grandes dilemas de América Latina: una democracia incapaz de garantizar seguridad pierde legitimidad, pero un Estado que combate el crimen sin límites institucionales corre el riesgo de reemplazar la arbitrariedad de las organizaciones criminales por la arbitrariedad del propio poder.

Nicaragua representa el otro extremo del proceso. Si durante años el régimen de Daniel Ortega fue señalado por celebrar elecciones sin garantías democráticas, en julio de 2026 el propio mandatario dio un paso más al anunciar públicamente que en el país "no volverá a haber elecciones". La declaración, acompañada de nuevas reformas para excluir a opositores del proceso político, marcó el abandono explícito de cualquier pretensión de alternancia democrática y confirmó una deriva autoritaria que durante años había sido denunciada por organismos internacionales.

Argentina ofrece otro ejemplo de que este fenómeno trasciende las ideologías.

Aunque su situación es muy distinta a la salvadoreña, organismos nacionales e internacionales han cuestionado el uso recurrente de decretos de necesidad y urgencia, las restricciones a la protesta social y el aumento de la confrontación del Gobierno con periodistas y medios de comunicación.

Cuando el primer enemigo es la prensa

Uno de los primeros síntomas del deterioro democrático suele ser la presión sobre la prensa y el espacio cívico.

La Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han advertido sobre un aumento de la estigmatización, las amenazas y las restricciones contra periodistas en distintos países de la región.

En México, ejercer el periodismo sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del continente. En Nicaragua, el cierre de medios independientes y el exilio forzado de decenas de periodistas prácticamente desmantelaron el periodismo crítico. En El Salvador, decenas de comunicadores abandonaron el país tras denunciar un patrón sostenido de hostigamiento estatal.

La protesta social también enfrenta mayores restricciones. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado un uso creciente de la fuerza, detenciones arbitrarias y limitaciones al derecho de manifestación en varios países de la región, independientemente de la orientación ideológica de sus gobiernos.

El respaldo ciudadano también importa

Ningún proyecto autoritario prospera únicamente por la ambición de un gobernante. También necesita ciudadanos dispuestos a aceptar la concentración del poder.

Latinobarómetro, el principal estudio de opinión pública sobre democracia y política en América Latina, muestra que el apoyo a la democracia ha comenzado a recuperarse después de años de descenso. Sin embargo, ese respaldo convive con una creciente tolerancia hacia medidas excepcionales cuando las instituciones son percibidas como ineficaces.

Los politólogos Alejandro Moreno y Marta Lagos advierten que muchas personas afirman apoyar la democracia mientras respaldan decisiones que reducen libertades o debilitan los controles al poder. En otras palabras, la defensa de la democracia puede mantenerse en el discurso, pero debilitarse en la práctica.

Esa es la gran paradoja del autoritarismo del siglo XXI. No siempre avanza contra la voluntad popular. A veces se fortalece gracias a ella.

Las urnas no son suficientes

Celebrar elecciones no basta para garantizar una democracia. Además de votar, los ciudadanos necesitan jueces independientes, prensa libre, organismos de control autónomos y reglas que permitan la alternancia en el poder.

Cuando esos contrapesos desaparecen, las elecciones siguen existiendo, pero dejan de cumplir su función principal: ofrecer una competencia real.

Por eso, la pregunta ya no es únicamente si un gobierno llegó al poder mediante elecciones limpias. La verdadera pregunta es qué hace después de llegar al poder.

El verdadero desafío para América Latina

El deterioro democrático no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas han recurrido a estrategias similares para concentrar poder y reducir los controles institucionales.

La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando solo se denuncia el autoritarismo del adversario. El criterio no debe ser quién gobierna, sino si las instituciones conservan la capacidad de limitarlo.

El desafío para América Latina ya no consiste únicamente en impedir el regreso de las dictaduras militares del siglo pasado. También implica reconocer formas de autoritarismo mucho más sutiles, que mantienen las elecciones mientras vacían de contenido a las instituciones democráticas.

Las urnas pueden sobrevivir al autoritarismo. Lo que no siempre sobrevive es la capacidad de los ciudadanos para cambiar el poder mediante ellas.