Crescencia Prado, de vuelta en el radar.
11 de Junio de 2026
Por: Redacción de Contrapeso
Exclusivo para Contrapeso
A la exdiputada Crescencia Prado le imputaron cargos por presunto peculado doloso. No fue sola. También fue imputado Fermín Jiménez, exrepresentante de Sitio Prado y actual alcalde de Müna, en la comarca Ngäbe-Buglé.
El caso viene de una auditoría de la Contraloría sobre el uso y manejo de un vehículo estatal entre 2009 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que hubo un posible perjuicio económico al Estado de 1.6 millones en partidas circuitales. No fue decorativa, fue “activa”. También fue una de las diputadas a quienes el entonces contralor Federico Humbert les congeló la planilla 080.
En 2017, estuvo entre los diputados que gestionaron fondos para oenegés relacionadas con ellos mismos. La Asamblea pagaba personal de esos entes mediante planilla y contratos.
Su nombre también quedó pegado a esa Asamblea de planillas, favores y “apoyos” pagados con fondos públicos. En 2019, Prado admitió que tuvo en las planillas 080 y 172 a Rosa Iveth Montezuma, Señorita Panamá y representante del país en Miss Universo 2018.
“No es ni un pecado”, declaró Prado entonces.
Montezuma nunca trabajó para la Asamblea ni para diputados. Ella misma indicó que recibió apoyo económico de una diputada para terminar sus estudios y que no preguntó de dónde provenían los fondos.
Ese mismo año, Prado tampoco logró asegurar su candidatura para reelegirse. En las primarias del PRD de 2018 fue derrotada por su copartidario Ricardo Santos, quedando fuera de la carrera para las elecciones de 2019.
Ahora Prado vuelve al radar público, imputada. Y el punto no es solo el monto. Es la forma. El abuso público no siempre empieza con millones: a veces empieza con bienes estatales manejados como favores, planillas como bolsa política y cargos entendidos como permiso, no como responsabilidad.
La imputación no equivale a una condena. El proceso queda en fase de investigación, bajo supervisión judicial.
Ya veremos qué hace la justicia. Pero la ciudadanía tiene el derecho a recordar el historial. Y el deber de no repetir la historia.
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