El cambalache
21 de Abril de 2026
Exclusivo para Contrapeso
La práctica legislativa panameña es transaccional; en raras ocasiones se alcanzan acuerdos mínimos de principios para llevar adelante una votación o una iniciativa. En la mayoría de los casos, los votos corresponden a intereses particulares que responden a una sola pregunta: ¿qué voy a recibir a cambio de este voto?
En décadas pasadas se dio el escándalo del CEMIS, en el cual el entonces y actual diputado Carlos Afú declaró a los medios de comunicación haber recibido un pago por su voto a favor de dicho proyecto. La investigación del escándalo quedó en nada, como suele suceder en Panamá. Pero la anécdota confirmó la sospecha de que diputados y diputadas obtenían un beneficio personal por sus votos.
En épocas más recientes, los señalamientos derivados del trabajo del periodismo investigativo de los medios impresos llevaron a descubrir que existían planillas “cash back”, por las cuales un diputado obtenía nombramientos, usualmente de botellas, que debían pagarle de vuelta al legislador una parte significativa del supuesto salario. Por supuesto que existen formas más tradicionales de compensación, como la descentralización paralela, libretas de lotería, cupos de taxis o autobuses y otras prebendas más que forman parte del mercado persa de la política panameña.
La defensora por el magistrado
Desde inicios del proceso de selección y entrevista para el nuevo defensor o defensora del Pueblo, corrió en los pasillos legislativos, en las mesas de los cafés de la ciudad de Panamá y en las glosas periodísticas la versión de que la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo de Cedeño, sería escogida como la nueva defensora del Pueblo. Para esto no solo se evitó la simulación, sino que se infringió la propia Ley de la Defensoría del Pueblo, que obligaba a que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional hiciera una selección, es decir, una lista corta, para que el pleno del organismo votara por uno de los preseleccionados para defensor o defensora del Pueblo. La votación fue de 37 votos a favor de la ungida. La coalición ganadora estuvo conformada por los partidos Realizando Metas, Cambio Democrático y el partido Panameñista, más dos diputados de la coalición mixta.
Dado que la designación de la abogada Russo de Cedeño como defensora del Pueblo era de interés de los partidos de gobierno, el partido Panameñista negoció adelantar en varios meses la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Aquí se impuso el fiscal general de cuentas, Jaime Barroso, de raíces panameñistas, con una votación de 52 diputados y diputadas. Es decir, 15 más que los votos recibidos por la nueva defensora del Pueblo. Estos 15 votos provinieron del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de tres diputados de la coalición Vamos. Si los panameñistas negociaron sus votos a favor de Russo de Cedeño por votos a favor de Barroso, entonces, ¿qué negoció el PRD por los votos a favor de este último?
La hipótesis
Como se trata de una situación en desarrollo, es necesario recurrir a una hipótesis. El PRD necesita una ganancia significativa a muy corto plazo. Actualmente no hay proyectos de ley listos para segundo o tercer debate que puedan justificar esa ganancia. Tampoco hay designaciones como la Defensoría del Pueblo o una magistratura en el Tribunal Electoral que pudieran contentar al PRD por su voto por Barroso. Entonces, la compensación tiene que ser otra de carácter significativo y muy relevante para el escenario político nacional.
¿Qué pudo ser negociado? Hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de abril sesiona el pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, le envió el 15 de abril una carta a la presidenta del Parlacen, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, para solicitarle que en las sesiones del Parlacen del 21 y 22 de abril fuesen juramentados como diputados el expresidente de la República, Laurentino Cortizo, y el exvicepresidente, José Gabriel Carrizo. Dicha juramentación no está en el orden del día del Parlacen, pero si la delegación panameña lo solicita, ese orden del día puede cambiar. La delegación panameña está compuesta por diputados y diputadas de los mismos partidos que votaron por Jaime Barroso para magistrado del Tribunal Electoral.
Si Cortizo y Carrizo fueran juramentados como diputados del Parlacen, el caso por enriquecimiento ilícito contra Carrizo, que lleva adelante la fiscal anticorrupción, Adela Cedeño, pasaría a las manos de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que probablemente el caso muera en las escalinatas del máximo tribunal. Este resultado convendría no solo al PRD, sino también al actual contralor general de la República, Anel Flores.
Como se recordará, el contralor Flores, acompañado de otros altos funcionarios de su institución, irrumpió en la diligencia que realizaba la fiscal Cedeño con las auditoras que habían hecho el informe sobre el enriquecimiento ilícito del exvicepresidente Carrizo. La actuación del contralor Flores seguramente sería parte de los descargos de la defensa de Carrizo en el juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De esta forma, si Carrizo es juramentado como diputado del Parlacen, no fue culpa del contralor que el caso quedara en nada.
“Se vende un país portátil...”, canta nuestro Rubén Blades; de verdad es tan portátil que su justicia cabe dentro de los bolsillos de un diputado.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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