8B-06: 20 años sin justicia
23 de Septiembre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
El autobús 8B-06 era parte de una nueva generación de vehículos para el transporte público de pasajeros que sustituiría a los nefastos “diablos rojos”.
La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), entidad que agremiaba a las principales cooperativas y organizaciones que prestaban el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Panamá, amenazó con incrementar los pasajes para poder adquirir una flota de nuevos vehículos en reemplazo de los que venían operando por casi 30 años. El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) propuso a la CANATRA que el Banco Nacional de Panamá financiara, con un préstamo de 30 millones de dólares, la compra de los nuevos buses, popularmente conocidos como las “neveras”.
Los buses eran un engendro: tenían un chasis proveniente de México y fueron ensamblados en Guatemala. Los vehículos tenían una sola puerta, que servía tanto de entrada como de salida. Las ventanas se abrían parcialmente y de forma lateral. Tampoco tenían puerta de emergencia. Los autobuses fueron ensamblados originalmente en Guatemala sin aire acondicionado, ya que, según la explicación recogida, el clima de ese país no lo requería. El sistema de aire acondicionado fue instalado a última hora y los condensadores quedaron encima del motor, lo que propició el incidente del lunes 23 de octubre de 2006.
Contrapeso Panamá entrevistó al abogado Víctor Martínez, quien representó a dos de los sobrevivientes del autobús 8B-06, Lidia Atencio y Luis Contreras, en su búsqueda de justicia.
El incidente
El abogado Martínez explica cómo fue el suceso del lunes 23 de octubre de 2006, en la avenida Martín Sosa, justo después de haber salido del Corredor Norte y a unas cuantas decenas de metros de la Vía España: “El bus 8B-06 más o menos como a la 1 y 51, casi a las dos de la tarde de ese día explotó y se incendió totalmente. El mismo bus tenía una serie de desperfectos que ocasionaron que los usuarios que iban allí, que eran 45 personas, tuvieran muchas dificultades para poder salir de este bus”.
Como causas directas del evento, el jurista describe el proceso de producción del autobús, según declaró la empresa responsable y quedó consignado en el expediente del caso en Panamá: “...el chasis lo armaron en México, se lo llevaron a Guatemala para la parte interna: los asientos, el motor y lo demás. Cuando terminaron de armarlo, tenía las ventanas que nada más abrían hasta la mitad, pero de lado, no de arriba para abajo, sino de un lado al otro, muy estrecho para poder salir, porque fueron armados pensando que iban a ser utilizados en Guatemala, es la explicación que dio la empresa”.
Más adelante, Martínez precisa que el equipo de aire acondicionado fue adicionado al final del proceso de ensamblaje y que los condensadores estaban encima del motor, “y se usó un gas HC-12a, que está prohibido en los Estados Unidos para su uso en el transporte de pasajeros porque es altamente inflamable”.
El caso panameño
Los abogados que representaban a los familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes del 8B-06 siguieron dos vías legales: una penal y otra contencioso-administrativa.
El proceso penal estuvo a cargo del Ministerio Público, mientras que los abogados particulares participaron como querellantes. Según Martínez, “...entramos a finales de febrero de 2007, el accidente fue en octubre de 2006, y la Fiscalía Primera fue la encargada de realizar la investigación”.
De acuerdo con Martínez, la fiscalía tuvo un comportamiento irregular: “...por ejemplo, había un escrito de una señora que había manifestado que su papá había sido el primer dueño de ese bus 8B-06 y que lo había devuelto [a la empresa vendedora] dos días después de haberlo recibido, porque tenía muchos desperfectos. Se lo recibieron y le regresaron su dinero”. Esto no lo investigó la fiscalía.
“Se condenaron a los hijos de la cocinera”, afirma Martínez al describir la condena a los hermanos Ariel y Próspero Ortega, quienes eran, respectivamente, el propietario y el conductor del autobús 8B-06.
El jurista señala que no se investigó al banco que prestó el dinero ni a la empresa que importó los autobuses. Ariel Ortega intentó devolver el 8B-06 debido a la cantidad de reparaciones que había tenido que hacerle, pero le dijeron que se lo aceptaban de vuelta, aunque el préstamo seguía vigente. Para Martínez, esto significó que debía continuar operando el autobús 8B-06.
El caso penal tuvo como resultado la condena a 40 meses de prisión de Ariel Ortega como autor de homicidio culposo y lesiones personales, mientras que su hermano Próspero fue condenado a un término idéntico como cómplice primario.
En el proceso contencioso-administrativo de reclamación contra el Estado, se produjo un resultado de total impunidad. A pesar de que “la persona encargada de hacer las inspecciones en el Banco Nacional era un especialista en temas agropecuarios y no tenía licencia de conducir; y el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre [entidad que debía supervisar el transporte de pasajeros] era un odontólogo”, no hubo una condena contra el Estado por la negligencia en la supervisión de la calidad de los vehículos de transporte de pasajeros.
Según Martínez, los funcionarios encargados de verificar que el autobús 8B-06 podía transportar pasajeros de manera segura no contaban con los conocimientos necesarios en materia de seguridad del transporte.
La justicia de los Estados Unidos
Aunque las puertas de la justicia penal y de la justicia contencioso-administrativa se cerraron en Panamá, una opción inesperada apareció para esta tragedia.
El abogado Víctor Martínez narra que, cuando se hacía la reconstrucción del incidente del 8B-06, con la presencia de Lidia Atencio y Luis Contreras, entre otros, una cadena de televisión de los Estados Unidos cubrió la noticia. Una firma de abogados de Houston, Texas, los contactó tras ver el reportaje y descubrir que el gas HC-12a había sido fabricado por una empresa del estado de Kansas, en Estados Unidos.
Esa firma de abogados tomó el caso del autobús 8B-06 y consiguió justicia para las víctimas panameñas.
En Panamá, 18 víctimas participaron en el proceso judicial, directamente o a través de sus familiares. En Estados Unidos, 14 presentaron reclamaciones. Con el acuerdo extrajudicial de julio de 2018, la empresa estadounidense Northcutt indemnizó a estos panameños.
Lidia Atencio y Luis Contreras viven con las secuelas de sus quemaduras. Ellos han sacado adelante a sus familias, que hoy en día cuentan con profesionales que están sirviendo a Panamá.
Para Víctor Martínez, una de las imágenes que jamás podrá olvidar del incendio del 8B-06 quedó registrada en los reportajes de televisión: “cuando dos niños pequeños, uno de 4 años y el otro de 7 años, se abrazaron con su madre mientras el autobús ardía”.
Los tres murieron, al igual que otros 15 pasajeros. Para los familiares de las víctimas y los 27 sobrevivientes, la tragedia también estuvo marcada por la impunidad en Panamá.
Dado que todos los pasajeros del 8B-06 provenían de San Miguelito, el próximo 27 de octubre, en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, a las 6:00 p. m., se hará un conversatorio sobre la tragedia del 8B-06.
Allí, el abogado Víctor Martínez contará en detalle esta historia y probablemente algunos sobrevivientes del 8B-06 compartan sus vivencias de resiliencia, reconstrucción y superación personal.
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