En estos días se conoció una cifra oficial que debería habernos sacudido. No ocurrió. En cualquier país serio habría detonado un debate nacional. Aquí pasó… y ya.

El dato es que entre 2021 y 2023 se registraron 5,540 embarazos adolescentes en la Comarca Ngäbe-Buglé. Cinco mil quinientas cuarenta niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años, la mayoría aún con uniforme escolar. No es un número abstracto: son adolescentes que deberían estar preocupadas por exámenes de ciencias sociales, no por controles prenatales.

En 2021 fueron 1,677 casos.

En 2022 subieron a 2,019.

En 2023 se registraron 1,844.

No es un episodio excepcional. Es una tendencia que no logra bajar de forma sostenida en uno de los lugares más vulnerables del país.

A nivel nacional, Panamá mantiene una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de la región, alrededor de 57 nacimientos por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años, y ha registrado miles de embarazos adolescentes cada año. Es decir, el problema no es exclusivo de la comarca. Pero allí, donde hay menos servicios, menos acceso y más vulnerabilidad, la proporción es más persistente y más profunda.

Y hay algo más inquietante: la comarca, con mucha menos población que la provincia de Panamá, compite en cifras con la región más poblada y con mayor concentración de escuelas, hospitales y acceso a información. En algunos años incluso la ha superado.

Entonces la pregunta no es si el problema existe. Es: ¿qué no está funcionando? ¿Por dónde se empieza? Digo. Aceptar el problema sería un buen inicio, pero ustedes ya saben.

La tendencia no mejora de forma sostenida. ¿Dónde están los profamilias? ¿Dónde están el Ministerio de Educación, el MIDES, el Senniaf, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo? ¿Existe un plan interinstitucional claro? ¿Se está midiendo impacto? Porque si las cifras se repiten año tras año, revisar la estrategia no es opcional: es clave y debería ser una tarea permanente.

Cada vez que se propone discutir educación sexual integral en las escuelas, el país se divide en trincheras ideológicas. El debate se convierte en un choque entre “valores” y “libertinaje”, entre “protección” y “corrupción moral”. Las cifras siguen ahí. Y entre tanto ruido, dejamos de escucharlas.

La evidencia internacional es clara: la educación sexual integral reduce embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. No incentiva conductas; informa, educa y previene. En Panamá, ya sea por ignorancia o por mojigatería, no hemos terminado de asumirlo.

Programas existen. Campañas también. Pero si los números en la comarca no bajan de manera sostenida, algo no está funcionando donde más se necesita. Si el promedio nacional mejora, pero en los territorios más pobres la realidad no cambia, el problema no desapareció: se concentró.

Pero también hay que decirlo: reducir todo a educación sexual sería simplificar el asunto. En la Comarca Ngäbe-Buglé confluyen pobreza, barreras geográficas, acceso limitado a centros de salud, escasez de anticonceptivos y abandono escolar temprano. Cuando una adolescente deja la escuela por un embarazo precoz, sus posibilidades de empleo formal disminuyen drásticamente. El impacto no es solo individual: se proyecta a la siguiente generación.

Aquí surge una tensión que el país no ha sabido manejar con claridad. Panamá reconoce la autonomía cultural de los pueblos indígenas, pero también tiene la obligación de proteger derechos fundamentales, sobre todo cuando se trata de niñas. No todo puede explicarse como cultura. En la comarca hay denuncias de violencia y relaciones desiguales de poder.

Por eso la discusión no puede quedarse en “es su costumbre”. La pregunta es cómo se protege a las menores sin negar la identidad cultural, pero sin normalizar la vulnerabilidad.

Y entonces surge la reacción desde la ciudad:

“Independicen la comarca.”

“Ese es su problema.”

“Déjenlos allá.”

Como si el abandono fuera una política pública válida.
Como si la exclusión territorial no fuera responsabilidad nacional.

Como si esos cinco mil casos no fueran niñas panameñas, con nombre y apellido. Con derecho a cédula panameña.

Ahí es donde fallamos como sociedad. Que algunos tengamos agua, escuelas cercanas y clínicas accesibles no significa que todos partan del mismo punto. Mirar el país desde la comodidad propia es fácil. Pero no todos han tenido las mismas oportunidades. Y sin empatía, cualquier debate de cifras termina siendo inhumano.

Irónicamente, cuando el embarazo adolescente se da en sectores urbanos de clase media, hablamos de falta de orientación. Cuando ocurre en pobreza rural o indígena, hablamos de “costumbre”. La consecuencia es la misma: una adolescente que abandona la escuela tiene menos probabilidades de terminar estudios, menor inserción laboral y mayor riesgo de perpetuar ciclos de pobreza. Básico y clarito.

El embarazo adolescente no es solo un tema moral o cultural. Es un indicador de desigualdad. Y la discusión suele quedarse en la pregunta: “¿Por qué siguen teniendo hijos?”. Pero vayamos a lo esencial: ¿qué se está haciendo en las escuelas? ¿Están funcionando las charlas? ¿Llegan los anticonceptivos a tiempo? ¿Hay seguimiento en las comunidades más alejadas? ¿Se mide si las acciones del Estado están dando resultado o solo se anuncian?

Sin acceso a educación sexual integral, sin servicios de salud accesibles y sin programas de prevención continuos, la responsabilidad no puede recaer solo sobre las adolescentes.

No es un problema lejano. No basta con atribuirlo a tradición, repartir culpas o indignarse un par de días. Aquí hay niñas reales. Como tu hija. O la mía.

Y a decir verdad, también es una prueba de nuestra empatía. ¿O no vamos a ver estas cifras, decir “qué vaina, otro problemón” y seguir como si nada porque “no podemos hacer nada”? Nos estamos deshumanizando. Y lo más inquietante, además de que existan estos números, es que aprendamos a convivir con ellos.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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