Hoy, en Albrook, lo que queda del hospital modular es una estructura vacía, deteriorada y que ya no opera, esperando que alguien decida qué hacer con ella. En abril de 2025, diputados que la visitaron la llamaron “monumento a la desidia y al despilfarro”. Esa imagen —un hospital levantado para una emergencia y luego dejado a su suerte— es un buen punto de partida para entender toda la historia.

Primero, no fueron “los hospitales modulares”, como muchos piensan. Fue uno solo: el Hospital Integrado Panamá Solidario de Albrook. Se inauguró en junio de 2020, en apenas 28 días, con 100 camas, 20 de ellas de UCI.

Desde el inicio hubo versiones cruzadas. El contrato refrendado fue por 6.5 millones, pero al mismo tiempo se habló de un costo total cercano a 11 millones al sumar equipamiento manejado aparte. Antes de recibir al primer paciente, ya había dos relatos sobre cuánto nos estaba costando la urgencia. Y de eso nunca rindieron cuentas con claridad. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia, que mantuvieron durante 52 meses, flexibilizó las contrataciones directas y redujo los controles en nombre de la urgencia.

Después vino otra contradicción ruidosa: los módulos. SmartBrix importó en 2019 160 módulos reportados como usados desde Costa Rica, la misma cantidad empleada en el hospital panameño. Aduanas confirmó esa importación. A la vez, el entonces ministro Rafael Sabonge defendía que las estructuras utilizadas eran de “primer uso”. Más tarde, una investigación fiscal concluyó que no podía acreditarse que los módulos del hospital fueran reutilizados. Es decir: ni sobre el origen de la propia estructura hubo nunca una versión limpia, única y creíble.

El hospital se usó. Según el Minsa, atendió 2,181 pacientes positivos por covid-19 entre el 11 de junio de 2020 y el 29 de septiembre de 2022. No fue humo. Se usó, atendió pacientes y ayudó. Pero haber servido en la emergencia no absuelve todo lo que vino después.

Y lo que pasó después fue otro absurdo. Primero se habló de llevarlo a la comarca Ngäbe Buglé. Después, de trasladarlo a Panamá Oeste para convertirlo en centro obstétrico y de neonatología junto al Nicolás A. Solano. En enero de 2025, el ministro Fernando Boyd dijo que reutilizarlo para el Minsa era demasiado caro y que el plan era transferirlo a la Policía Nacional. Más tarde se habló de que moverlo y readecuarlo costaría alrededor de 1.4 millones de dólares. Hospital covid, luego maternidad, luego clínica policial. Más que una política pública, eso parecía una rifa institucional. Una papa caliente con la que nadie quería cargar.

Y ahí está el verdadero escándalo: no solo lo que costó, sino todo lo que hoy habría podido resolver. Esa estructura pudo servir para reforzar maternidad y neonatología en Panamá Oeste, habilitar camas de cuidados intermedios, recibir pacientes en rehabilitación o convalecencia, apoyar la respuesta ante brotes respiratorios y ayudar a descongestionar hospitales que siguen trabajando al límite. En un sistema de salud donde todavía faltan espacios, camas y capacidad de respuesta, dejar perder una instalación ya pagada no es solo mala gestión. Es una barbaridad. Un crimen.

La pandemia exigía rapidez. Lo que nunca se justificó fue este nivel de contradicción, improvisación, abandono y opacidad.

Al final, no hicieron falta varios hospitales modulares para entender cómo funciona este Estado. Bastó uno. Uno solo para acumular cifras cruzadas, versiones incompatibles, destinos cambiantes y años de abandono. A veces lo más caro no es lo que se compra en una emergencia. Es la costumbre de dejar perder lo que pagamos todos, sin que pase nada.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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