En los últimos días, Panamá apareció dentro de una operación internacional contra la explotación sexual infantil en internet. No fue una redada aislada ni una captura casual. Fue una acción coordinada en 15 países contra un delito que se mueve sin pasaporte, sin frontera y, muchas veces, sin rostro visible. No debería leerse como una noticia más.

El nombre oficial fue “Aliados por la Infancia VI”. Pero detrás del nombre hubo autoridades de distintos países compartiendo información, cruzando alertas, rastreando usuarios, ubicando equipos y siguiendo posibles responsables vinculados a material de abuso sexual infantil.

Eso significa un operativo conjunto: fiscalías, policías y agencias de distintos países trabajando sobre una misma línea de investigación, cada una dentro de su territorio, pero con información compartida y allanamientos casi simultáneos. En delitos digitales, unas horas pueden hacer toda la diferencia. Si la información se filtra, los sospechosos pueden borrar archivos, destruir celulares, cerrar cuentas o desaparecer del radar.

Una imagen puede producirse en un país, circular por otro y terminar en una computadora en Panamá. El abusador puede estar lejos. El “consumidor” puede estar cerca. La víctima puede no saber que su abuso sigue dando vueltas años después.

En esta operación hubo cerca de 270 allanamientos y 84 detenidos a nivel internacional. En Panamá, las autoridades reportaron allanamientos en Panamá y Chiriquí, con siete personas aprehendidas inicialmente. Luego se informó que seis fueron imputadas por presunta posesión de material de abuso infantil agravado.

A tres les ordenaron detención provisional. A otras tres les dieron reporte periódico e impedimento de salida del país, decisión que la Fiscalía apeló por considerarla insuficiente.

En otros países ya hay resultados judiciales. En Argentina, por ejemplo, las autoridades informaron que en menos de 48 horas ya había cuatro condenados y dos imputados con prisión preventiva.

Ahí empieza la comparación incómoda. La coordinación global funcionó, pero después de los allanamientos la justicia vuelve a ser local. Aquí el proceso apenas empieza, con imputaciones, medidas cautelares divididas y una Fiscalía apelando.

No es para aplaudir a unos ni condenar a otros: es para preguntarnos si nuestro sistema puede responder con la misma urgencia.

También hay que cuidar las palabras. No hablamos de “pornografía infantil”, como todavía se repite con tanta ligereza. Hablamos de material de abuso sexual infantil. De niños violentados. De víctimas reales. De imágenes y videos que no son archivos y ya, sino evidencia de un crimen.

Cada descarga, envío o almacenamiento revictimiza. Cada usuario que guarda, comparte o consume ese material sostiene una cadena de abuso que empieza con un niño y termina en adultos escondidos detrás de pantallas.

Este no es un problema lejano ni exclusivo de otros países. Si alguien descarga, guarda o comparte ese material desde Panamá, el delito también está aquí. Y si hay niños panameños entre las víctimas, entonces no es una alerta internacional sino una falla nacional que exige respuestas más profundas.

Solemos reaccionar tarde. Nos escandalizamos cuando hay titulares, allanamientos o cifras. Pero la explotación sexual infantil digital no empieza el día del operativo. Empieza mucho antes: en chats, grupos cerrados, cuentas falsas, plataformas de intercambio y redes donde los depredadores aprenden a esconderse mejor de lo que muchas instituciones aprenden a perseguirlos. En la comodidad del silencio también hay complicidad.

Por eso este caso debe abrir una conversación más grande. ¿Qué tan preparadas están nuestras fiscalías para investigar delitos digitales contra menores? ¿Cuántos peritos especializados tenemos? ¿Cuánto tarda el análisis forense de un celular, una computadora o una cuenta? ¿Qué pasa con las víctimas cuando se identifican? ¿Hay acompañamiento psicológico? ¿Se está previniendo o solo reaccionando?

Y más allá: ¿cuántos casos no vemos porque nadie los denuncia, nadie los detecta o nadie tiene las herramientas para seguirles la pista?

Panamá aparece en este operativo no como espectador, sino como parte del mapa. Y eso debería incomodarnos. No resolvemos nada diciendo “eso pasa afuera”. Internet borró ese consuelo. Si alguien descarga, guarda o comparte desde Panamá, el delito también está aquí.

Si el crimen se organiza globalmente, la respuesta también tiene que ser global. Pero la vigilancia, la prevención y la rendición de cuentas empiezan aquí.

En fin. Panamá está dentro del mapa de una red internacional de explotación infantil. La pregunta es si el país va a mirar esto como una noticia más… o como una alarma que obliga a actuar antes de que el próximo operativo nos vuelva a agarrar de sorpresa.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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