Las notarías parecen trámites aburridos hasta que uno entiende lo que pasa por ahí.

Detrás de cada sello hay una oficina con poder, ingresos y padrinos políticos.

En Panamá nadie se sorprende cuando una notaría termina asociada a un partido o a un político. Se dice como si fuera normal: “esa es, o siempre ha sido, de tal”.

En teoría, una notaría es una oficina técnica. Sirve para autenticar documentos, elevar escrituras, tramitar poderes y dar seguridad jurídica a operaciones importantes. Una compraventa, una hipoteca, una sucesión o un poder general no son trámites menores: ahí se mueve patrimonio, representación legal y mucho dinero.

Y sí, sirven para eso. Pero no solo para eso. También son cuotas: esta para X partido, esta para la primera dama, esta para el hermano de un presidente, esta para un aliado que había que acomodar o premiar.

No hay una lista pública que diga cómo se reparte cada una. No existe, al menos no formalmente. Lo volvieron parte normal del inventario del poder. La pregunta es quién se quedó con cuál, cuánto produce y a quién le toca la tajada.

No se puede decir que el 100 % funcione así. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo ni con un sello. La mayoría de estos nombramientos responde a una lógica política: exfuncionarios, operadores, figuras de partido, familiares o aliados de campaña. Patrón muy viejo como para disfrazarlo de casualidad.

Los notarios son nombrados por el Ejecutivo. No hay una carrera notarial fuerte ni un concurso público que quite de verdad la mano política de encima. Un cargo con fe pública, documentos sensibles e ingresos importantes no debería ser una ficha de reparto.

Por eso son tan apetecidas. Son oficinas con movimiento, contacto permanente con abogados, bancos, inmobiliarias y trámites patrimoniales. Por ahí pasan papeles que pueden mover propiedades, empresas, herencias y garantías.

Y hay otra razón más sencilla: producen. Facturan miles de dólares al mes. Hace diez años, de hecho, se discutió que aportaran parte de sus ingresos al Tesoro. Obvio que eso no pasó. Siguieron siendo cargos con sello, poder y una gran caja menuda. Al mejor estilo de las partidas discrecionales.

También está el lado ciudadano. Para mucha gente, una notaría no es una gran escritura ni una transacción millonaria. Es una fila, una copia autenticada, una firma certificada, una declaración jurada, otro pago por un papel que el propio Estado podría verificar. Trámites desgastantes.

No todo acto notarial es innecesario; hay gestiones que sí requieren formalidad fuerte. Pero Panamá abusa del “tiene que traerlo notariado”. Hemos convertido el sello en obligación incluso para cosas que el Estado podría resolver con mejores sistemas y menos ventanillas.

Y como la digitalización avanza a medias, el ciudadano paga el costo: saca copias, autentica, firma, vuelve, paga y espera. Más papeles, más ventanillas y más poder para quien controla el trámite.

Esto en otros países también se usa como moneda de cambio. Pero en Panamá casi ni se disimula. Tampoco se cuestiona mucho, porque la estrategia es compartida: hoy le toca a uno, mañana al otro. En la calle se habla con naturalidad, igual que del reparto de direcciones, consulados o contratos.

Casi todos los grandes negocios, poderes, sociedades, traspasos y documentos importantes pasan por alguna notaría. Eso no vuelve responsable a cada notario de cada escándalo donde aparece un documento notariado. Sería absurdo. Pero sí coloca a estas oficinas en el punto exacto donde se cruzan legalidad, dinero, propiedad y poder. Además, pueden prestarse para dilatar o entorpecer procesos.

No hay que ir lejos para recordar el préstamo de Pipo Virzi a Alejandro Moncada, que pasó por notaría y terminó en un caso de alto perfil. También hemos visto falsificación de documentos públicos, empleados notariales condenados y propiedades traspasadas por muertos o con papeles falsos.

Mi pregunta no es si Panamá necesita notarías. Serias, sí las necesita. Mi pregunta es por qué todo lo quieren notariado y por qué normalizamos que estas oficinas se repartan como un premio más del poder.

Ese es el riesgo. Hablamos de documentos que pueden llegar al Registro Público, mover propiedades, validar poderes, respaldar sociedades o darle apariencia legal a operaciones que después explotan en tribunales. Por eso importa quién las controla.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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