Importar llantas usadas y después hablar de sostenibilidad no cuadra. Es aceptar basura ajena, venderla como solución barata y dejarle la factura al país.

Panamá prohibió las bolsas plásticas. Habló de carrizos, reciclaje y sostenibilidad. Pero, durante años, dejó entrar, en contenedores, una basura mucho más pesada y difícil de manejar: llantas usadas.

Una bolsa pesa gramos. Una llanta pesa kilos: ocupa espacio, acumula agua, cría mosquitos, cuesta desecharla y, si se quema, el humo tóxico es para todos.

Y antes de ser basura, rueda debajo de taxis, buses, camiones o carros particulares. La llanta usada, antes de ser residuo, es un producto de seguridad.

El argumento siempre ha sido fuerte: son más baratas. En muchos casos, una usada puede ser la diferencia entre seguir trabajando o no. Eso hay que entenderlo. Pero tampoco aceptarlo todo.

Panamá no debería resolver precios bajos importando desechos. El mercado mundial ofrece llantas nuevas, accesibles y comprables: hay que buscarlas. Y, si el Estado no puede regular bien las usadas, entonces debe prohibirlas.

Nadie sabe cuánto rodaron, qué golpes recibieron, cómo fueron arregladas o guardadas, ni cuántos años tienen. Las llantas envejecen, el caucho se reseca y puede tener daños internos invisibles.

Panamá no es el único país que importa llantas usadas: en 2024 compró 1.8 millones de dólares a Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Alemania. Pero otros países las prohíben por salud y ambiente, o solo las permiten bajo licencias y requisitos estrictos.

Ahí está la diferencia: no basta con permitir. Hay que saber qué entra, quién inspecciona, quién informa al comprador y quién paga el final. Eso es capacidad institucional. Y no se improvisa.

Aquí, señales de alerta hay. En 2013, el 40 % del mercado de llantas era usado: como 300 mil al año. Para 2016, el país botaba unas 486 mil anuales, muchas quemadas, tiradas al mar o llevadas a Cerro Patacón.

No son un par de llantas tiradas por ahí. Es un mercado cotidiano.

Cuando la llanta deja de rodar, empieza a acumular agua y se vuelve criadero de mosquitos. En un país tropical, pero serio, eso sería salud pública. Panamá habla de dengue, fumigación y criaderos, pero ¿y las llantas? ¿Problema de talleres?

En 2024, un incendio en el depósito de llantas de Cerro Patacón dejó parte de la ciudad cubierta de humo tóxico. ¿Se acuerdan? La imagen resume el ciclo: mercancía barata que termina como aire contaminado para todos.

Antes de ser basura, fue negocio. Y cada vez que se ha intentado regular el tema, ha habido resistencia. Unos advierten sobre seguridad, ambiente y competencia. Otros defienden empleo, precios bajos y acceso. En el medio… el consumidor.

También hay señalamientos de padrinos, lobby e intereses. Mercados que prosperan donde el Estado controla poco, la necesidad sirve de escudo y el costo final lo pagamos todos.

Eso también es subdesarrollo: no la pobreza del que compra usado, sino el sistema que vuelve mercado esa pobreza y le deja la factura al país.

La Ley 518 abre una salida: usar llantas fuera de uso en carreteras. Tiene sentido, pero reciclar no es solo aprobar una ley; es saber quién recoge, procesa, compra y certifica ese material. El debate no es llantas nuevas contra usadas, sino control contra abandono.

Porque, ¿quién paga el final de la llanta?

El importador resuelve el contenedor, el vendedor la venta y el comprador el mes. Pero la factura nos queda a todos: municipios, Aseo, Minsa, bomberos, Patacón o los pulmones de la ciudad.

No se trata de atacar al que compra barato ni al que vende lo que el mercado pide. Se trata de mirar el ciclo completo. Si podemos regular, que se regule. Si no, que se prohíba.

Porque, si no, no es sostenibilidad. Es aceptar basura ajena y venderla como solución.

Y Panamá ya tiene suficientes problemas como para seguir importando los ajenos.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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