Llegó el momento de hablar de la mina. No para decir “mina sí” o “mina no”. Para decir algo más básico: si el Gobierno va a decidir, tiene que explicarles a todos. A los sí y a los no. Sin cuentos. Sin apostar al cansancio de la gente.

Este era uno de los temas prioritarios del gobierno. Solo tienen que hablar claro.

En resumen: en 1997 hubo una concesión. En 2017 la Corte dijo que era inconstitucional. En 2023 aprobaron otro contrato, el país explotó y la Corte volvió a decir lo mismo. Después vino la moratoria minera. Pero aquí estamos, otra vez, hablando de cómo seguir.

Ahora solo parece claro algo: no quieren pasar por la Asamblea ni por un contrato ley. Hablan de una posible asociación público-privada, de otra fórmula, de una salida “legal”. Perfecto. Entonces explíquenla.

Pero si el fallo fue contundente, si la moratoria existe y si antes el problema fue un contrato que subordinaba al Estado, la solución no puede ser una figura nueva para evitar el debate público. La pregunta es cómo van a volverlo constitucional.

No puede haber una actividad de este impacto sin hablarle claro al país.

Mulino anunció un equipo de tres ministros para evaluar el futuro de la mina. Bien. ¿Pero evaluar qué? ¿Con quiénes? ¿Con qué documentos? ¿Con qué límites legales? ¿Y la auditoría?

Pedir respuestas no es estar contra la mina. Tampoco es estar a favor. Es ejercer ciudadanía. Fiscalizar al poder, esté quien esté arriba.

Si la van a abrir, díganlo. Si van por otra figura jurídica, expliquen cómo, con qué ley, controles, beneficios para el país y garantías ambientales.

Pero no pretendan esquivar la Asamblea —que se entiende perfectamente—, bordear el fallo, maquillar la moratoria y encima pedir confianza. No basta con repetir que “ahí está el hueco” y que “hay que hacer algo”. Ajá, sí. ¿Pero qué? ¿Cómo?

La calle está cansada. La gente está en lo suyo. Pero cansancio no es cheque en blanco. Y abordar el tema en pleno Mundial tampoco ayuda a despejar la sospecha de que quieren que pase por debajo del radar.

¿Y qué va a pasar con los arbitrajes? El presidente dijo que no negociaría mientras no bajaran las demandas. Entonces, ¿cambió la condición o cambió el discurso?

La decisión la tomará el Gobierno. Las consecuencias las pagará el país. Por generaciones.

Por eso, si la mina va, que vaya de manera responsable y justa: con reglas, controles, beneficios reales, garantías ambientales e institucionalidad.

Y aquí hay una pregunta elemental: el insumo más importante de la minería es el agua dulce. La misma que necesitamos para tomar. Entonces, ¿qué medidas de mitigación, contención y reparación hubo, hay y habrá? ¿Quién las verifica? ¿Quién responde si fallan?

La demora en la auditoría ambiental integral no ayuda. Abre espacio para dudas, suspicacias y chanchullos. Yo, como ciudadana, exigiría, ya que se pagó con recursos públicos, la publicación de los resultados de esa auditoría.

Muchas preguntas quedan. Lo único que no puede volver es el método de siempre: pocos decidiendo, muchos pagando y todos enterándonos tarde.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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