Los desamparados, otra enorme deuda de Panamá
25 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Este es otro ejemplo de lo que en Panamá no hacemos con la necesaria frecuencia: mejorar no solo a los que están más jodidos que nosotros, sino también a nuestras propias almas y actitudes sociales. Nos desensibilizamos cuando vemos a otro ser humano hurgando en un basurero para comer y no hacemos nada para ayudar a resolver su situación. Esa indiferencia, o ese sentido de impotencia, la llevamos por dentro y la aplicamos en nuestra interacción social, en la casa, en el trabajo o en la calle.
Aunque sea inconsciente, eso afecta lo que sentimos, decimos, pensamos y hacemos, y evasiones como darle un dólar al que pide limosna fuera de la iglesia, creyendo que eso nos asegura una nube después del “Juicio Final”, resultan un consuelo inútil.
En Panamá contamos a nuestros desamparados. Sabemos cuántos son, los enumeramos y luego, como si viviéramos en un programa de “National Geographic”, los volvemos a soltar en la selva en que se ha convertido la ciudad, más hostil e impenetrable que la selva del Darién, que ya no es un “tapón”, sino un coladero.
Estoy completamente seguro de que tenemos la capacidad para resolver el problema de los desamparados. También estoy convencido de que en Panamá no existe la voluntad nacional, política o social para hacerlo. No nos interesa un carajo lo que le ocurra a los demás, no importa cuán hipócritamente aseguremos ser “cristianos” o estar preocupados “por el bien del país”. Nos importa lo nuestro. Si al resto le va mal, eso es culpa o responsabilidad ajena. Ese pensamiento simplista obvia el hecho de que esa gente, excluida del bienestar social por la razón que sea, es la que mañana nos va a sacar la mierda para poder sobrevivir. Si a los lectores les ofenden mis “palabras sucias”, ¿no creen que debería molestarles más la realidad que expresan?
Es claro que resolver un problema, cualquiera que sea, requiere soluciones que combinen respuestas complejas. El problema del desamparo social es complicado y enrevesado, pero exige ser enfrentado y solucionado de manera permanente.
Me propongo presentar comentarios y sugerencias que espero sean mejorados por ustedes y que, en conjunto, contribuyan a una acción oficial, civil, nacional y compartida.
Tiene que sustituirse la norma legal que permite al desamparado vivir en la calle o regresar a ella. La pobreza no es “un derecho humano”, ni tampoco debe utilizarse como excusa para actos antisociales. No existe un alegado “derecho” que apoye el argumento de la persona que dice preferir vivir en la calle de una ciudad, decisión que incomoda a los ciudadanos que transitan por ella, al negocio cuyos clientes se ven incomodados y al orden social general: el “derecho” a cagar en la calle no existe.
Una persona que sufre de drogadicción no está en capacidad de tomar decisiones, lo que incluye rechazar tratamiento médico para una eventual cura. Nadie tiene el “derecho humano” a ser adicto o antisocial, algo que incluiría la facultad de robar y hurtar lo ajeno para sostener su vicio y su existencia.
Existen diversas razones para el desamparo. No todo el que está en la calle “escogió hacerlo” o tiene problemas mentales o es un drogadicto. Hay personas que, aun teniendo una profesión, lo pierden todo y no tienen alternativas para su situación. Los desamparados que ya tienen un oficio para ganarse honradamente el sustento diario deberían ser identificados y habilitados para que puedan reintegrarse a sus oficios, una vez haya sido identificada y debidamente diagnosticada la causa emocional, psicológica o económica —incluso la mala suerte o la falta de oportunidades laborales— que los llevó a terminar en el desamparo.
Los fondos económicos para atender a nuestros conciudadanos desamparados deben provenir de lo que pagamos en impuestos. Se debe establecer el costo de habilitar y/o rehabilitar al desamparado de acuerdo con el examen de la realidad que lo llevó a ese estado. Esa cantidad debiera, en principio, ser sufragada por el Estado a través de los fondos que pagamos en impuestos, esos que hoy se malgastan y despilfarran, por ejemplo, en el cada vez más abultado presupuesto para sostener a una corrupta mayoría legislativa. Incluso los ciudadanos podríamos convertirnos en patrocinadores de casos de personas desamparadas, y nuestras contribuciones podrían deducirse de los impuestos que pagamos, en vez de ser estos utilizados por la corrupción política para sostener al “clientelismo” y sus afanes de lucro partidista.
Se necesitan centros que funcionen para el tratamiento y la recuperación civil de los afectados por el desamparo. A nadie debería permitírsele salir de ellos hasta tanto haya sido tratado, preparado y certificado como recuperado.
El sector privado deberá involucrarse para ofrecer a los recuperados ofertas de trabajo que permitan su reinserción a la productividad y al marco cívico, una vez se cumplan los procesos de desintoxicación, tratamiento psicológico, emocional, entrenamiento o capacitación profesional necesarios para su reincorporación social.
Las familias de los desamparados deberán ser incluidas en estos procesos de habilitación, desintoxicación y tratamiento mental o psicológico, siempre y cuando la situación no represente la reapertura de conflictos pasados. Lo ideal sería que los vínculos familiares fuesen siempre mantenidos. En el mundo real eso no estará garantizado. Cada cabeza es un mundo y, aunque “familia sea familia”, la unidad a veces se hace muy difícil sin la voluntad de contribuir a mantener esa conexión.
Gracias por su atención. Son ideas que aporto para la discusión pública de un tema que nos debe preocupar a todos. El punto 8 se lo dejo a todos y cada uno de ustedes.
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Por: Rubén Blades
