¿"Quo vadis", contralor Flores?
14 de Abril de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Son muchas las preguntas que surgen a raíz del incidente que, días atrás, interrumpió la indagatoria del Ministerio Público al exvicepresidente José Gabriel Carrizo. El contralor de la República, Anel Flores, se apersonó inesperadamente al lugar donde se realizaba el interrogatorio y sacó del recinto a los funcionarios de la Contraloría que estaban rindiendo testimonio. La diligencia, iniciada en horas de la mañana, no solo no concluyó, sino que tampoco pudo ser oficialmente certificada con las firmas requeridas, lo que, en consecuencia, imposibilita examinar legalmente lo antes declarado y expuesto por los interrogados.
¿Qué hacía el contralor actuando en funciones atribuibles a la Procuraduría de la Nación? ¿Cómo se enteró de que a sus subalternos "los estaban tratando como acusados"? ¿Cómo fue alertado, y por quién? Es difícil imaginar que la decisión del funcionario de irrumpir públicamente y detener un proceso judicial se produjo sin una consulta previa. También es imposible no especular que su acto pudo haber sido aprobado desde "arriba". De ser esto correcto, ¿con cuál propósito? ¿Para favorecer a quién?
Su explicación de que había ido a "rescatar" a sus subalternos por la manera en que estaban siendo interrogados, "como si fuesen criminales", no posee credibilidad. A él no le corresponde determinar qué tipo de preguntas son adecuadas, ni tampoco la duración de una pesquisa cuya jurisdicción es exclusiva del Ministerio Público. Hubiese bastado una llamada telefónica desde su despacho para verificar que los interrogados aún estaban vivos, si tal era su preocupación. ¿Acaso ocurrió algo en el transcurso de la indagatoria, horas después de iniciada la sesión, que le fue reportado durante el proceso? ¿Acaso creyó necesario evitar que se continuaran haciendo preguntas en esa dirección y fue eso lo que lo forzó a detener la indagación?
Un acto oficial del Ministerio Público se vio intempestivamente detenido y anulado por la intervención directa y no autorizada de un funcionario público que abusó de su posición al invadir la jurisdicción de otra instancia. El incidente suma otro episodio a la ya extensa cadena de actos que ponen en entredicho la independencia del Ministerio Público y acrecientan las dudas de la ciudadanía sobre la aplicabilidad y primacía de la ley nacional.
Ahora esperamos la reacción del Poder Ejecutivo ante lo sucedido y nos preguntamos si se repetirá el trámite de investigación que demanda la acusación hecha contra el expresidente Carrizo por supuesto "enriquecimiento ilícito", proceso que incluye y requiere obligatoriamente el interrogatorio de los auditores de la Contraloría General de la República.
¡Cosas veredes, Sancho!
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Por: Rubén Blades
