La cárcel, el jardín y la gran hipocresía nacional
9 de Junio de 2026
Por: Rubén Blades
Exclusivo para Contrapeso
La ironía parece no ser apreciada. En Panamá, personas son electas o nombradas para que, desde la administración pública, trabajen procurando el beneficio de la comunidad. Muchos de estos funcionarios tratarán de cumplir con la misión encomendada. Pero otros utilizarán la oportunidad que ofrece el servicio público para servirse a sí mismos.
En algunos raros casos, estos antipatrias son llevados ante tribunales para que respondan por la ilegalidad de sus actos. En escasas ocasiones son juzgados. Casi nunca son condenados. ¿Y qué ocurre en las extraordinarias ocasiones en que se les sentencia y se les encuentra culpables de incumplir con su deber y de traicionar a su comunidad?
Se les condena a… “trabajo comunitario”. O sea, una persona a la que se le asignó una labor por la cual recibía un salario y cuya función era servir a la ciudadanía —una asignación que burló y utilizó para su egoísta beneficio— evita la celda de una cárcel y recibe como sanción a su delito… servir a la comunidad. Algo así como asumir que, si no lo hizo por las buenas, ahora lo hará por las malas. ¿Cree alguien que el beneficiado empezará efectivamente su “reinserción social” aprovechando un privilegio reservado para quien porta un apellido con peso, tiene dinero, influencia política o, mejor aún, las tres cosas juntas?
Eso de “servicio comunitario” parece no extenderse al tipo de condenados que recientemente protagonizó una masiva fuga de un centro carcelario: gente que representa para muchos un verdadero ejemplo de lo que es ser ladrón.
Todo esto me vino a la mente cuando vi cómo un exministro, en prisión por “enriquecimiento injustificado”, cumple su condena “atendiendo áreas verdes”. Ese exfuncionario, Guillermo Ferrufino, cuya anterior tarea como reo fue hacer “roscas de pan”, ha evolucionado de panadero a jardinero. Todo con el loable propósito de mejorar el entorno natural para beneficio de los residentes de un sector que resulta ser donde vive.
Pienso en esto, lo sumo al escándalo desatado por la escapatoria de casi doscientos reos de una cárcel local, y veo lo difícil que resulta entender y comentar el tema de la justicia en Panamá. Y, antes de que se me olvide, inserto este “tamalito” extra: el esperado juicio contra Ronny Mizrachi, exsocio y alegado testaferro del prófugo expresidente Martinelli, se ha pospuesto por tres semanas debido a la súbita aparición de “una dolencia” en su abogado defensor.
A este cóctel de absurdos agrego otra aceituna: los pabellones de las cárceles nacionales son administrados por los propios confinados. Cada pandilla controla su “milieu” y los policías que allí laboran son tolerados, siempre y cuando no molesten demasiado y permitan que el negociado del contrabando, actividad necesaria para sostener el orden interno, fluya ininterrumpidamente.
La corrupción político-administrativa que desgobierna al país encuentra en los pabellones carcelarios de “La Joya” y “La Joyita” una versión paralela. Esa situación, que sorprendería solo a los más mojigatos, tiene décadas de existencia y continuará hasta tanto no se produzcan las reformas necesarias para justificar el falso postulado que describe a las prisiones como “lugares dedicados a la rehabilitación social de los confinados”.
Para empezar, ¿cómo se va a rehabilitar lo que nunca ha sido habilitado? Y, encima, los que forman parte del sistema penitenciario, policías y presos, ya conocen lo corrupto que es el sistema administrativo a nivel nacional. Es absurdo exigirles que respeten un sistema legal que ellos saben que es aplicado solo a quien no posee los recursos monetarios o carece de los contactos que ayuden a evitar sus consecuencias.
La vida y el antecedente social de los policías, en su abrumadora mayoría, son más parecidos a los de los reclusos que vigilan que a los de las figuras a cargo de la dirección política de un paradigma administrativo enfermo y obsoleto.
Los presos, por ser un producto de la subcultura creada en los guetos en que residieron y muchos aún residen, ni siquiera consideran sus actos delictivos como “antisociales”. Para su sistema de valores no existen otras opciones, y esta convicción es el muro con el que se estrellan las buenas intenciones de psicólogos y trabajadores sociales.
Nuestra hipocresía pretende disgusto y horror ante el hecho de que sean los encarcelados quienes controlan el interior de las cárceles, y no los representantes del gobierno electo. En realidad, nos importa un carajo lo que ocurra dentro de esos lugares, igual que tampoco nos preocupa o indigna que funcionarios corruptos, sus alcahuetes y testaferros evadan juicios, eviten vivir en celdas y, a diferencia del “hijo de la empleada doméstica”, cumplan su deuda con la sociedad realizando “trabajo comunitario”.
El pueblo de Panamá prefiere soportar el flagelo de la corrupción, oficial o civil, y escoge administrar sus efectos en vez de arriesgarse a resolverlos. Es una desidia tan incomprensible como vergonzosa. La indiferencia colectiva continúa permitiendo e ignorando las horribles e innecesarias consecuencias de nuestra irresponsabilidad cívica.
Nos lamentamos, criticamos, pero no actuamos decisivamente para cambiar lo que entendemos que debe ser reformado y castigar a los que sabemos que merecen castigo.
El desastre “du jour” es la fuga de presos de una cárcel, pero nuestra mayor y constante calamidad es no enfrentar cívicamente nuestras deficiencias. Solo cuando decidamos decirnos la verdad y actuar consecuentemente podremos hacer realidad la esperanza del Panamá posible.
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