Nadie compra lo que no se vende
19 de Agosto de 2026
Por: Rubén Blades
Exclusivo para Contrapeso
Hace poco leí en un diario local que... “el dinero del narcotráfico corroe a las instituciones”... Esta incorrecta aseveración es una muestra de cómo en Panamá continuamos pretendiendo ignorar la realidad de nuestra corrupta situación. Las instituciones corruptas, susceptibles a sobornos que incluyen los ofrecidos por el narcotraficante, ya están corroídas.
Hacer ver que nuestras instituciones públicas poseen el carácter de una inocente doncella a la que el cruel narco despoja de su castidad a cambio de dinero es una declaración falaz. El narcotraficante no corrompe a la institución; él simplemente aprovecha la corrupción que allí existe y la incorpora a su plan de negocios, igual que lo hacen el diputado corrupto y el funcionario público, que venden su influencia al mejor postor, aprovechando su posición oficial para lucrar.
Culpar al narcotráfico, responsabilizarlo por la corrupción existente en nuestras instituciones públicas, nuestra política y nuestra sociedad en general, es ignorar la responsabilidad del que acepta el soborno ofrecido. Total, nadie trata de comprar lo que no se vende.
Cambiando a la mina, mi opinión es que resulta imposible reparar el daño ecológico causado y lo racional ahora es renegociar, de manera legal, pública y transparente, lo que antes se otorgó viciado por ilegalidades, a cambio de sobornos y deshonestidades. Nada se hizo correctamente en el tema de la mina de cobre de Donoso.
Por más de tres décadas, la corrupción y estupidez oficial se vieron complementadas por la mudez ciudadana. Solamente luego de que fuese expuesto el desbalance económico del arreglo y exhibido el pésimo y corrupto contrato negociado, entonces fue que la gente protestó. Ahora, lo que me parece sensato, aconsejable y hasta necesario es renegociar un mal negocio, pero esta vez utilizando varios puntos como premisas no negociables:
Transparencia: toda la negociación debe hacerse públicamente. Cero misterios, todo deberá discutirse a la luz pública. El equipo negociador deberá ser multifuncional, capacitado y no sujeto a dictados políticos o partidistas.
El Estado panameño deberá recibir una parte equitativa de las ganancias por la venta de su riqueza natural. El usufructo y control sobre nuestro territorio nacional debe ser siempre limitado. Es absurdo ceder nuestra jurisdicción a una compañía, so pretexto de que lo necesita para obtener las ganancias que espera de su inversión. El país dicta las condiciones, el inversionista las examina y decide, y una vez aceptados los términos y las estipulaciones, el Estado deberá garantizar y cumplir con lo pactado.
El dinero recibido por regalías debe ser repartido a nivel nacional entre todas las provincias de nuestro país, para obras específicas de beneficio comunitario y provincial. No debe ser depositado en la llamada “caja común”, donde sería utilizado para sostener al sistema clientelista, con el consiguiente despilfarro de fondos públicos para pagar a las “botellas”, amigos, parientes, parásitos del gobierno, de la partidocracia corrupta y de sus aliados civiles.
No apoyaré una nueva negociación sobre la mina si esos tres puntos propuestos no son discutidos, corregidos y aplicados.
Cambiando nuevamente de tema, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional para presentar el presupuesto de la Nación para el 2027, el ministro de Economía, Felipe Chapman, declaró: ...“nuestro objetivo es que todas las regiones del país tengan oportunidades de desarrollo acorde a sus necesidades y realidad”...
Aunque se cuidó de indicar el cómo, el cuándo y el con qué, ese loable objetivo jamás será alcanzado mientras: a) no se hayan producido los inventarios provinciales requeridos para identificar fortalezas, debilidades y, b) no hayan sido presupuestadas sus necesidades infraestructurales y de preparación profesional, para que la corrección de sus deficiencias permita integrar sus capacidades a un previo plan económico integrado, que utilice los recursos naturales y humanos identificados a nivel nacional.
Mientras la corrupción político-civil-partidista sea la que determine la manera de utilizar nuestro menguado ingreso nacional, y no exista una voluntad oficial de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para aplicar un cambio al actual paradigma, eso que el ministro Chapman define como un... “objetivo”... existirá solo como un demagógico pronunciamiento.
Este “salsero” cree que, si de verdad esa fuera la intención del MEF, es factible producir una mejoría y propongo que, de los $3,500 millones de dólares promedio que entrega el Canal al Tesoro Nacional cada año, podrían dedicarse $200 millones a cada una de las 10 provincias, para ser utilizados de manera directa, bajo estricta y pública supervisión, en desarrollar los recursos humanos y naturales identificados por los inventarios provinciales previos. La inversión de un billón de dólares en un quinquenio por provincia representaría la primera vez en la historia de Panamá que el Interior de la República recibe atención y fondos de tal magnitud, y la primera vez que el producto económico del Canal llega directamente a su territorio para beneficiarlo. El Canal pasaría, de mito y fotografía, a realidad tangible.
Tan poderosa inversión directa generaría ingresos, desarrollaría negocios, elevaría la autoestima provincial, evitaría el éxodo del Interior a la ciudad en busca de trabajo, agregaría la contribución de factores productivos estables al Tesoro Nacional, disminuiría el desempleo, crearía un verdadero caudal de actividades comerciales a lo largo y ancho de nuestra República y justificaría crear el cacareado tren.
El ministro Chapman también manifestó que... “ordenar las finanzas públicas era indispensable para recuperar la inversión del Estado y garantizar empleos estables”... Un pronunciamiento semántico, carente de peso real. En realidad, “ordenar finanzas”... es un requisito exigido por la banca internacional que permite al Estado calificar para obtener préstamos internacionales y enfrentar sus continuos y crecientes déficits fiscales. Ese “ordenamiento”, que no sustituye el desorden imperante, el despilfarro, el hurto y la trampa, sí permite continuar endeudando al país para sostener al clientelismo y a los parásitos políticos y civiles que se nutren de ese esquema.
Cuando el Mago Chapman menciona “empleos estables”... imagino que se refiere a la burocracia por la que el Estado paga casi 8,000 mil millones de dólares anuales, 270,000 empleos, en su mayoría innecesarios (y en aumento), de gente inscrita en partidos políticos, pues de no serlo jamás hubiesen sido nombrados; cuando asegura que su deseo es que... “la planilla estatal no continúe creciendo”... procede inmediatamente a lavarse las manos indicando que... “este ministro no controla eso”.
Cierto es que otros funcionarios nombran a las “botellas” gubernamentales, pero es el ministro Chapman el que “racionaliza” y emparapeta los números, presentando a la ciudadanía explicaciones que él perfectamente sabe que son tramposas. Actuar de alcahuete lo convierte en cómplice de las cagadas del gobierno al que sirve y, en cierta forma, lo señala como otro de los responsables por impedir el nacimiento del Panamá Posible.
Lo de Felipe Chapman luce tan patético y triste como el papel del anterior ministro Héctor Alexander, bajo la pasada presidencia de Laurentino Cortizo. Dos personas capaces, preparadas y consideradas inteligentes que, como funcionarios públicos, participaron y defendieron planes y estrategias estatales, a sabiendas de que lo que hacían no era lo mejor o lo más aconsejable para la salud económica doméstica.
Quizás, si en un futuro son objetivamente examinadas, analizadas y expuestas las decisiones asumidas por nuestros gobiernos, algunos burócratas argumentarán que ellos solo estaban “obedeciendo órdenes”. Dificulto que, ochenta y un años más tarde, la excusa de “la obediencia debida”, presentada por algunos oficiales alemanes en 1945, haya adquirido la validez que ayude a recobrar la credibilidad perdida a quienes comprometen su reputación profesional a cambio de efímeros protagonismos sociales.
Virgilio, en “La Eneida”, presentó la frase... “Fama volat, infamia valet”... y también, hace 2 mil años, otro autor romano, Ovidio, en su “Heroidas”, fue el originador del enunciado más utilizado por la corrupción para justificar lo injustificable: “Exitus acta probat”, algo así como nuestro... “robó, pero hizo”.
Como casi que dijo Quevedo: que el lector escoja.
Compartir en WhatsApp