Falta de protocolos: el costo de improvisar
22 de Octubre de 2026
Por: Vali Maduro de Gateño
Doctora en Psicología
Exclusivo para Contrapeso
En salud mental solemos hablar de vínculo, de escucha y de criterio clínico. Todo eso es esencial, pero no basta cuando la vida de una persona depende de lo que hagamos en los minutos después de una crisis aguda. Ahí aparecen los protocolos: la forma en que una institución traduce la mejor evidencia disponible en pasos concretos, compartidos y verificables, para que la respuesta no dependa de quien esté de turno, de su experiencia o de su estado emocional ese día.
Un protocolo estandariza la atención, de modo que toda persona reciba un mínimo de evaluación e intervención sin importar dónde ni con quién consulte. Guía las decisiones bajo presión, cuando el estrés afecta el pensamiento incluso de los profesionales más preparados. Define roles y rutas: quién hace qué, cuándo se deriva, a quién y en qué plazo. Documenta y protege, porque da respaldo ético y legal a quien interviene. Y, quizás lo más olvidado, permite evaluar y mejorar, ya que solo lo que está escrito puede medirse, auditarse y corregirse.
Desarrollar un protocolo propio importa tanto como tenerlo. Uno importado sin adaptar suele quedarse en el papel, porque no responde al contexto cultural, al marco legal ni a los recursos reales del sistema. Implementarlo importa todavía más: exige capacitación, supervisión, seguimiento de la adherencia y revisión periódica. Un protocolo guardado en una gaveta no protege a nadie.
En la prevención del suicidio, esto se vuelve especialmente visible. Un protocolo permite que la detección del riesgo sea sistemática y no fruto de la intuición, que la respuesta sea proporcional al nivel de riesgo, desde un plan de seguridad hasta la hospitalización, y, sobre todo, que exista continuidad del cuidado. Los momentos de transición, como el alta, la derivación o las primeras semanas tras una crisis, son los de mayor vulnerabilidad, y es justamente ahí donde muchas personas se caen del sistema. A esto se suma la postvención: saber cómo acompañar a una escuela, una empresa o una comunidad después de una pérdida por suicidio, para cuidar a los sobrevivientes y reducir el riesgo de contagio.
En las catástrofes naturales, la lógica es la misma. Los protocolos coordinan a los servicios de salud, protección civil, organizaciones y voluntarios para que hablen un mismo lenguaje y no dupliquen esfuerzos ni dejen vacíos. Permiten un triaje psicológico que identifica con rapidez quién necesita atención especializada, estandarizan los primeros auxilios psicológicos para evitar prácticas que hacen daño, como forzar el relato del trauma, y organizan la atención por fases. También cuidan a los equipos de respuesta, expuestos al desgaste y al trauma vicario.
Hay un punto de encuentro entre ambos escenarios que pocas veces se nombra. Tras un desastre aumentan las pérdidas, el duelo, el desplazamiento, el desempleo, el consumo de alcohol y el aislamiento, todos ellos factores de riesgo suicida. Ese riesgo suele manifestarse meses después, cuando la ayuda ya se ha retirado. Por eso, un buen protocolo de desastres no termina con la emergencia: incluye tamizaje y seguimiento a mediano plazo.
Si los protocolos son tan necesarios, ¿por qué escasean en Panamá? Lo veo con frecuencia en mi práctica. Cuando ocurre una muerte por suicidio en una escuela o en una empresa, suelen contactarme después, y la escena se repite: nadie sabe qué decir a los compañeros, quién debe hablar con la familia, cómo informar sin causar más daño ni a quién derivar a quienes quedaron más afectados. No existe un protocolo, y la respuesta se improvisa en el momento de mayor dolor.
Algo parecido ocurrió después del terremoto. Pocos edificios tenían un protocolo sobre cómo actuar: no estaba claro por dónde salir, dónde reunirse ni quién era responsable de qué. Las personas reaccionaron como pudieron, y esa incertidumbre se sumó al miedo. En ambos casos, lo que falta no es buena voluntad, sino preparación.
Las causas son varias. El país cuenta con la Ley 364, que reconoce la salud mental como un derecho humano, y con su reglamento, el Decreto Ejecutivo N.° 61. Sin embargo, una norma no se traduce por sí sola en procedimientos concretos en cada escuela, empresa o edificio. La salud mental sigue recibiendo un presupuesto limitado, los especialistas se concentran en la capital mientras buena parte del interior queda con poca cobertura, y los planes nacionales avanzan con lentitud.
A esto se suman la fragmentación entre instituciones, las tensiones entre disciplinas que dificultan los acuerdos, la poca investigación local, la rotación política que interrumpe iniciativas y un estigma que mantiene la salud mental lejos de las prioridades. Pero hay también una razón cultural: solemos pensar en el protocolo cuando la tragedia ya ocurrió. Mientras nada pasa, prepararse parece innecesario.
Frente a este panorama, hay caminos concretos. El primero es hacer cumplir y financiar lo que ya existe, porque una ley sin presupuesto ni aplicación es solo una promesa. Llevar a la práctica la Ley 364 y su Decreto Ejecutivo N.° 61, y aprobar, con un costeo real, el Plan Nacional 2026-2030, con partidas específicas para capacitación y seguimiento, daría a los protocolos el piso que hoy les falta.
El segundo es construir protocolos con evidencia local. Validar instrumentos y rutas de intervención con población panameña permite que funcionen allí donde se aplican y no solo en el papel. Universidades, gremios e instituciones de salud pueden sumar esfuerzos en investigación aplicada, siempre que sus resultados se traduzcan en guías claras y accesibles para quienes atienden.
El tercero es pensar en red y no en islas. Panamá necesita rutas de derivación comunes entre el Minsa, la CSS, el Meduca, el Sinaproc y el sector privado, con un mismo lenguaje y un sistema compartido de registro de intentos y suicidios. Un marco interdisciplinario que reconozca el lugar de psicólogos, psiquiatras, médicos generales, docentes y líderes comunitarios fortalece la respuesta en lugar de fragmentarla.
El cuarto es que cada escuela, universidad, empresa y edificio tenga sus propios protocolos, escritos y conocidos por todos. Eso incluye una ruta de postvención: quién coordina, cómo se comunica la noticia, cómo se acompaña a compañeros y familias y a dónde se deriva a quienes lo necesitan. Incluye también un plan de respuesta ante sismos y otras emergencias, con salidas señalizadas, puntos de reunión y responsables designados para cada tarea, que se practique en simulacros y contemple seguimiento psicológico en los meses posteriores. Incorporar estos contenidos en procesos cotidianos, como las inducciones, y capacitar al personal de primer contacto en primeros auxilios psicológicos hace que la información llegue a todos antes de que se necesite.
El último es cuidar a quienes cuidan y evaluar lo que se hace. La supervisión, los espacios de descarga emocional para los equipos y la revisión periódica de cada protocolo con indicadores claros son lo que mantiene vivo un procedimiento.
En la emergencia no se improvisa: se ejecuta lo que se preparó antes. Cada protocolo que desarrollamos e implementamos nos ayuda a estar preparados para que, cuando llegue el momento de crisis, sepamos qué hacer y cómo cuidarnos los unos a los otros.
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