Odebrecht: el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá
12 de Enero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
La empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht había estado vinculada al que hasta entonces había sido el caso de corrupción más grande de Brasil en 1988, cuando el entonces joven presidente brasileño Fernando Collor de Mello fue destituido de su cargo por haber recibido sobornos a cambio de contratos de construcción. El ADN de Odebrecht siguió programado para la corrupción, como lo demostrarían los fiscales de dos continentes.
Odebrecht llegó a Panamá de la mano del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para completar el proyecto de riego Remigio Rojas de unas 3,200 hectáreas en Alanje, provincia de Chiriquí, en el año 2006. Durante el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009), la empresa, además del contrato por la obra de riego, obtuvo los contratos de la autopista Panamá-Colón, que lleva el nombre del desaparecido empresario Alberto Motta, y posteriormente el de la primera Cinta Costera, obra que sería denominada popularmente como la Cinta “Coimera”.
Durante el mandato del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), explotaron las contrataciones adjudicadas a Odebrecht, entre las cuales estaban las Cintas Costeras 2 y 3, la renovación urbana de Curundú, el saneamiento de la Bahía de Panamá, la ampliación de la carretera Panamericana desde Santiago hasta la frontera con Costa Rica, la segunda línea de transmisión eléctrica de Chiriquí hasta Panamá, la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la línea 1 del Metro de Panamá, junto a la empresa española FCC y la francesa Alstom.
En el siguiente periodo de gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), la empresa brasileña fue contratada para realizar la renovación urbana de la ciudad de Colón, el proyecto habitacional Ciudad Esperanza en Panamá Oeste y la segunda línea del Metro de Panamá, en consorcio con las empresas mencionadas para la primera línea. Es en este mandato que estalla el escándalo mundial y se inician las investigaciones en Panamá.
A la caza de los corruptos
La investigación del Ministerio Público panameño se inició en el año 2015 por una denuncia del excontralor general de la República Alvin Weeden, pero fue cerrada al año siguiente por falta de pruebas. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht, por el cual la constructora reconoció su responsabilidad en el pago de sobornos en América Latina, el Caribe y África. Respecto a Panamá, la empresa reconoció haber pagado sobornos por unos 59 millones de dólares. En 2017, el caso fue reabierto en este país.
Rápidamente, los fiscales de toda América Latina construyeron una red para cooperar y facilitar la investigación de un gigante transnacional. En Panamá se articuló una superfiscalía anticorrupción conformada por las fiscales Tania Sterling, Ruth Morcillo, Zuleyka Moore y Vielka Broce, junto a otros seis fiscales que las acompañaban. El caso Odebrecht que empieza su juicio el día de hoy es esencialmente lo que ellas investigaron.
El capítulo panameño de las pesquisas ha sido sumamente complicado y con muchos obstáculos. El Órgano Judicial dilató el caso innecesariamente. Además, la procuradora general de la Nación Kenia Porcell (2015-2019), quien conformó el equipo investigador, renunció a finales del año 2019. Su reemplazo, el procurador Eduardo Ulloa (2020), tuvo como una de sus actividades más destacadas en el Ministerio Público separar el equipo de fiscales, trasladando a parte del grupo a otras asignaciones.
Su sucesor, Javier Caraballo (2021-2024), destituyó a la fiscal Zuleyka Moore después de la elección presidencial en la que José Raúl Mulino salió victorioso y, al concluir el periodo de Caraballo como procurador, fue designado como embajador de Panamá en Austria. Del equipo original de fiscales investigadoras, la fiscal Broce se acogió a la jubilación, la fiscal Sterling fue designada en la provincia de Herrera y solo la fiscal Morcillo permanece en la Fiscalía Superior Anticorrupción, cuyo despacho tuvo que entregar la semana pasada, mientras mantiene su relación con el expediente Odebrecht.
Los tentáculos del caso
El caso Odebrecht de Panamá ha tenido importantes sucursales en otros países. En los Estados Unidos, un juez federal en Nueva York condenó a Ricardo Alberto Martinelli Linares y a Luis Enrique Martinelli Linares, ambos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, por el delito de blanqueo de 28 millones de dólares pagados en coimas por Odebrecht.
En Suiza hay otra veintena de millones de dólares congelados por las autoridades de dicho país que están vinculados a los sobornos de la constructora brasileña. En la misma acusación contra los hermanos Martinelli Linares, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que había descubierto otros sobornos por unos 30 millones de dólares en euros que estaban fuera del alcance de la justicia estadounidense. Todo ese otro dinero necesita de un fallo definitivo condenatorio en Panamá para que sea entregado por las autoridades europeas al gobierno del presidente Mulino.
Para elaborar el expediente del caso Odebrecht se emitieron unas 149 asistencias internacionales. Países como China, Singapur y las Islas Seychelles no cooperaron con la justicia panameña. A su vez, Brasil cooperó muchísimo en una etapa inicial, pero luego, en fechas más recientes, el intercambio judicial ha sido menos favorable.
La documentación resultante de toda la investigación tiene 2,880 tomos, compuestos por unas 1.3 millones de páginas, lo que significa que, si una persona le dedicara un día por cada mil páginas del expediente, le tomaría 3 años y 7 meses, incluyendo sábados y domingos, para leer todo el contenido del caso.
Según el acuerdo de colaboración suscrito por el exsuperintendente de la constructora brasileña en Panamá, André Luis Campo Rabello, la empresa brasileña pagó unos 80 millones en coimas en Panamá, según reveló en el año 2017. Las pesquisas del Ministerio Público han documentado el pago de estas coimas desde el año 2007.
Los acusados
En el día de hoy, 27 personas deben comparecer a la audiencia de juicio ante la jueza Baloisa Marquínez, quien llevará adelante la audiencia según las reglas del Sistema Inquisitivo Mixto del Código Judicial. Estas personas son: José Domingo Arias, Rodrigo Díaz, Danna Harrick, Federico Suárez, Demetrio Papadimitriu, Ricardo Francolini, Cristina Lozano, Francés Pérez Jiménez, Javier Díaz Torres, Jaime Pamies Dolande, Juan Carlos Rosas, Rosa Marie Molino, Jorge Alberto Rosas, Francisco Pérez Ferreira, Navin Bhakta, Barry Williams, Juan Francisco Mutio, María Isabel Carmona, Gonzalo Monteverde, Juan Antonio Niño, Aurora Muradaz, Frank De Lima, Jaime Lasso, Michell Lasso, Carlos Duboi, Ricardo Martinelli Berrocal y Juan Carlos Espinosa.
Además, ante la Corte Suprema de Justicia deberá realizarse, en fecha no establecida, el proceso contra cuatro personas que ocupan el cargo de diputados principales o suplentes del Parlamento Centroamericano: Juan Carlos Varela, Jaime Ford, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.
La séptima es la vencida
La audiencia que se inicia hoy es la séptima ocasión desde julio de 2023 en que se ha fijado una fecha para su realización. El principal retraso se dio a causa de las asistencias internacionales para validar penas y notificar a testigos. Eso ya ha sido cubierto.
A la fecha se llega con 12 acuerdos de pena, lo que significa que ya existe una docena de personas que han reconocido la comisión de delitos muy serios; en algunos casos han devuelto bienes mal habidos y son una demostración de que esta investigación no ha sido en vano. Además, es justo reconocer que se han dado 29 sobreseimientos definitivos o provisionales.
En el caso particular de Aarón Mizrachi Malca, quien estaba llamado a juicio por este caso, el 17 de septiembre de 2025 el Primer Tribunal Superior de lo Civil le concedió un amparo de garantías constitucionales que lo sacó de este proceso. Según el fallo, el Ministerio Público no había podido probar las condiciones de “modo, tiempo y lugar” necesarias para determinar el vínculo con un hecho penal.
La práctica judicial de aceptar amparos de garantías en esta clase de situaciones no benefició a Jaime Lasso. En contraste, la defensa de Demetrio Papadimitriu, a cargo del exfiscal Rolando Rodríguez, interpuso un incidente de nulidad ante la jueza Marquínez en contra de la acusación de blanqueo de capitales por la supuesta falta de delito precedente.
Así, finalmente arrancó la audiencia del caso Odebrecht. Tomará largas semanas de jornadas de lecturas y declaraciones, en ocasiones aburridas y monótonas y en otras con contrastes e incidencias reveladoras, escandalosas o incluso ridículas. El juicio del caso Odebrecht mostrará la peor cara de los políticos y empresarios panameños y dejará evidentes las carencias y limitaciones con las que la justicia panameña debe lidiar.
Pase lo que pase con esta audiencia, este es apenas el primer asalto; faltan dos instancias más. Es necesario que el procurador general de la Nación Luis Carlos Gómez Rudy respete y proteja a la fiscal superior Ruth Morcillo y a su equipo de trabajo. Se les debe permitir que concluyan el caso Odebrecht hasta atender los recursos de casación que surjan. No es aceptable traslados de última hora, vacaciones forzosas o despidos. El caso Odebrecht es tanto el juicio de la corrupción en Panamá como de los poderes públicos y privados que obstaculizan a la justicia.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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