2 de Marzo de 2026

Exclusivo para Contrapeso

1. La investigación es difícil

Las semanas del juicio televisado hicieron evidente que la investigación del Ministerio Público tuvo carencias, enfrentó importantes barreras nacionales e internacionales, y tuvo que adaptarse frente a la realidad de la mala fe procesal de algunos actores. Los poderes político y económico no quieren ser investigados, por lo que se necesita un Ministerio Público robusto, independiente y con su propia versión de la carrera judicial.

2. El aparato frágil

En el año 2007, durante el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009), la Policía Técnica Judicial fue incorporada a la Policía Nacional como la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). En el juicio del caso Odebrecht quedó claro que los investigadores de la DIJ enfrentaron serias limitaciones de recursos y capacidades para asumir las tareas investigativas y forenses. Panamá necesita un cuerpo de investigación judicial autónomo y de muy alto nivel.

3. La impresionante resiliencia

Durante más de una década en que el Ministerio Público llevó adelante el peso de la investigación de este caso, dicha institución tuvo cuatro procuradores generales, el grupo de fiscales que lideraron la investigación fue desmantelado y la prioridad en la asignación de recursos para este proceso disminuyó. Aun así, el equipo liderado por la fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo Saavedra culminó el más voluminoso expediente que jamás ha tenido la justicia panameña. Los 17 acuerdos de pena y las futuras condenas en este caso, si las hay, confirman el compromiso de ese equipo de fiscales.

4. El oportunismo

A lo largo de tres gobiernos, la constructora brasileña Norberto Odebrecht se aprovechó de la porosidad del sistema electoral para comprar influencias por vía de generosas donaciones de campaña. La empresa capturó el proceso de contrataciones públicas del Estado panameño y, a su vez, se aprovechó del sistema financiero panameño para corromper y para generar nuevas oportunidades de corrupción. A pesar de este juicio y de los mejores esfuerzos de comprometidos funcionarios, no se recuperará todo el dinero pagado en coimas ni la pérdida que tuvo el Estado en sobrecostos. Las falencias del sistema electoral y del proceso de contrataciones públicas siguen vigentes, mientras que el sistema financiero ha adoptado reformas moderadas para prevenir que estos hechos se vuelvan a repetir.

5. La diferencia

Si el caso Odebrecht llegó a juicio se debió en gran medida al valiente esfuerzo de las fiscales del Ministerio Público y al viraje que tuvo la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), quien legó al país una Corte Suprema altamente profesional y predominantemente independiente. Las decisiones que se adopten en las futuras instancias sobre este caso confirmarán o mancharán el historial de esa Corte Suprema.

6. La soledad

En el juicio del caso Odebrecht había dos voces que debían representar a los intereses del Estado panameño: el Ministerio Público y la querella encargada al Ministerio de Seguridad Pública. La querella dejó solo al Ministerio Público y asumió un rol demasiado pasivo para la relevancia de este caso. La querella debió ser quien articulara la relevancia política y económica de la corrupción de Odebrecht, de los operadores nacionales e internacionales, y de la patraña que se hizo en Brasil con el caso, las pruebas y los testigos para beneficiar al actual presidente Lula da Silva y sus compinches, dentro y fuera de su país. La querella debió meter los goles necesarios en este proceso.

7. La justicia pública

El juicio del caso Odebrecht fue transmitido por televisión y redes sociales. Esa transmisión concluyó el pasado 27 de febrero. Sin embargo, hoy lunes 2 de marzo inicia otro juicio relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht. Se trata del caso de patrimonio histórico, en el cual participan la misma Fiscalía Superior Anticorrupción y algunos de los mismos acusados y abogados defensores. La audiencia será presidida por la jueza Águeda Rentería, quien, a diferencia de la jueza Marquínez, decidió que este otro juicio no será transmitido por televisión o por redes sociales. Esta es otra faceta de la misma serie de actos de corrupción, por lo que no tiene justificación que un juicio sea público y televisado y el siguiente no lo sea. La justicia en los casos de corrupción de alto perfil debe ser pública o, simplemente, no es justicia.