Cómo impacta la censura periodística en tus derechos
9 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
El pasado viernes 6 de marzo, la jueza de garantías América Vergara revocó la orden de protección dictada por la fiscal adjunta Isela Mela Peralta en contra de la periodista Sabrina Bacal, Roberto Deniz, así como los medios digitales Praxis y Foco. La orden emitida en favor de los hermanos Ramón y Roberto Carretero significó que la periodista Bacal y los demás implicados no podían publicar palabra alguna sobre los hermanos Carretero, incluso en sus redes sociales.
El 6 de noviembre de 2025, la fiscal adjunta Peralta emitió la orden de protección en favor de los hermanos Carretero, quienes querellaron a los comunicadores y a los medios. Estos empresarios habían sido contratistas del Estado panameño y estuvieron imputados por el caso Odebrecht, proceso en el cual Roberto fue beneficiado con un sobreseimiento provisional y Ramón pactó un acuerdo de colaboración y devolvió un millón de dólares. Ambos hermanos aparecieron en el mes de diciembre pasado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ramón Carretero Napolitano fue cercano al presidente de la República José Raúl Mulino Quintero, pero en su conferencia de prensa del 11 de diciembre pasado el mandatario tomó distancia del empresario, después de haber sido publicada la lista OFAC del gobierno de los Estados Unidos.
Esta es al menos la tercera ocasión en la que el sistema de justicia panameño, ya sea el Ministerio Público o el Órgano Judicial, han dictaminado órdenes a periodistas y medios de comunicación que equivalen a censura acerca de temas o personas que son de interés público. Esto demuestra la vulnerabilidad de fiscales y jueces a la presión del poder. Tanta es la presión que los servidores públicos prefieren cercenar derechos que defender el orden constitucional.
El caso de Zulay Rodríguez
El primer caso que marcó esta tendencia empezó el 6 de enero de 2020, cuando la entonces diputada Zulay Rodríguez denunció ante el Ministerio Público, por violencia de género, al periodista Mauricio Valenzuela y al empresario mexicano José Luis Penago por publicaciones relativas a 65 kilos de láminas de oro que habían pertenecido al padre del empresario Penagos y que la entonces diputada Rodríguez reclamó como pago por sus servicios profesionales cuando, siendo abogada, atendió el caso de Penagos padre.
El 1 de septiembre de 2021, el periodista Valenzuela fue imputado por el juez Carmelo Abdiel Zambrano Tejeira. Mientras, la Corte Suprema de Justicia intentó procesar a la diputada Rodríguez por varios delitos, pero el máximo tribunal declinó el caso a la justicia ordinaria cuando la diputada renunció a su cargo. El 28 de octubre de 2024, el juez de garantías Fermín Bonilla imputó a la exdiputada Zulay Rodríguez por el delito de estafa agravada, aceptó el desistimiento de la familia del empresario Penagos luego de haber realizado un acuerdo con la exdiputada y archivó el caso.
El caso Lescure
El caso del abogado Janio Lescure (Q.E.P.D.), quien obtuvo el 8 de junio de 2020 una orden de protección de la jueza Elkis Martínez en contra del periodista Rolando Rodríguez del diario La Prensa, por la cual no se podía investigar un escándalo internacional que involucraba al abogado o incluso publicar su foto. El escándalo tenía que ver con una publicación del diario español El Mundo, en la que este medio europeo reveló que investigadores privados israelíes, haciéndose pasar por inversionistas rusos, grabaron en España al abogado panameño explicando la presunta compra de fallos en la Corte Suprema de Justicia.
El periodista Rodríguez y el medio de comunicación interpusieron un amparo de garantías constitucionales contra la orden de la jueza Martínez. El 29 de septiembre de ese mismo año, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se negó a admitir el amparo, por lo que se interpuso una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, el órgano cuestionado por las publicaciones periodísticas, que por supuesto tampoco admitió el amparo.
Este caso me involucró personalmente porque fui demandado por el abogado Lescure por 3 millones de dólares, por el hecho de haber publicado un análisis jurídico del caso del periodista Rodríguez a la luz de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contradecían por completo lo actuado por el Órgano Judicial panameño.
Estas tres experiencias revelan la debilidad del sistema de justicia panameño para proteger la libertad de expresión, el acceso a la información y el rol fundamental que periodistas y medios de comunicación desarrollan en una sociedad democrática. En todos estos casos, los periodistas y medios de comunicación contaron con una muy robusta defensa legal. Esta no es la realidad de todos los periodistas y mucho menos de todos los ciudadanos. El peligro de que estos ejemplos se conviertan en una práctica rutinaria significa que quienes tienen poder en Panamá pueden quitarle la palabra y dejar en el silencio a todos los demás.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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