Un contralor fuera de control
13 de ABRIL de 2026
Exclusivo para Contrapeso
El pasado 1 de julio de 2025, en la Asamblea Nacional, se realizó la elección de la entonces nueva junta directiva que iba a liderar el organismo hasta el 30 de junio del presente año. En aquella fecha fue muy visible la presencia del contralor general de la República, Anel Flores, en el recinto legislativo, en lo que posteriormente se conoció como la búsqueda de votos para la nómina respaldada por el gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino. Aunque ganó el candidato de oposición, el diputado panameñista Jorge Herrera, la actuación del contralor Flores demostró que sabía ponerse la camiseta del gobierno.
El 30 de julio siguiente, el contralor Flores presentó dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de la empresa portuaria Panama Ports Company (PPC). Una demanda pidió la inconstitucionalidad de dicho contrato, mientras que la otra pidió la declaratoria de ilegalidad de la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá, que prorrogó el contrato portuario. El 29 de enero de 2026, el pleno de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al contralor Flores y declaró inconstitucional la norma jurídica que contenía el contrato de PPC. Esto era un claro cumplimiento de un mandato constitucional que obliga al funcionario a defender el patrimonio del Estado.
El viaje a Brasil
El 27 de agosto de 2025, el presidente José Raúl Mulino viajó a Brasil, entre otros propósitos, para negociar con la empresa matriz de Chiquita Brands, que había cerrado sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro luego de semanas de protestas por parte de los pobladores de dicha provincia en contra de la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. En el periplo brasileño, el presidente se hizo acompañar por el contralor Flores y el hijo de este funcionario, ambos reconocidos empresarios del sector agroindustrial panameño. El contralor Flores justificó su presencia en Brasil argumentando que la empresa quería tener la certeza de que lo pactado con el gobierno no iba a enfrentar obstáculos por parte de la Contraloría.
Con posterioridad, el 21 de octubre de 2025, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley destinado a fomentar la producción de bioetanol por parte de los ingenios azucareros en Panamá y su uso obligatorio como aditivo en los combustibles usados en toda la República. Una parte de la resistencia a esta iniciativa se ha fundamentado en que uno de los grandes beneficiarios de la producción de bioetanol en Panamá sería el propio contralor Flores y su familia, quienes son propietarios del ingenio de Alanje, en la provincia de Chiriquí. El contralor Flores no ha manifestado si tiene la intención de que su ingenio participe en la producción de bioetanol o si, por el contrario, se excluiría de la misma para evitar un aparente conflicto de intereses.
Los otros frentes
El 16 de enero de 2026, la Contraloría General de la República informó que no refrendó los contratos remitidos por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para la recolección de la basura en ese distrito. Estos contratos habían sido aprobados previamente por el Consejo Económico Nacional del gobierno del presidente Mulino. La medida del contralor Flores le abrió la puerta a que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario asumiera plenamente la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito, una iniciativa que había sido un pilar fundamental de la campaña electoral de la alcaldesa Hernández. La controversia se encuentra en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a la espera de una decisión sobre la legalidad de la medida adoptada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliaria.
Un contraste muy evidente con la actuación del contralor Flores en materia de los contratos de recolección de la basura en San Miguelito lo da el regreso de la descentralización paralela, que contó con el refrendo del contralor Flores. El Ministerio de Economía y Finanzas asignó 6.1 millones de dólares en fondos para municipios y juntas comunales controladas mayoritariamente por los partidos Cambio Democrático y Realizando Metas, es decir, la coalición de gobierno.
Al comienzo de su mandato como contralor, Anel Flores pulsó fuerzas con la Asamblea Nacional, en particular para controlar el cumplimiento de horarios y sanear la planilla del Órgano Legislativo de supuestas botellas. Las imágenes de largas colas de funcionarios para cobrar sus cheques quincenales en manos de un auditor de la Contraloría General fueron hechos comunes. Esto contrasta con la actual Asamblea Nacional, que aumentó sus contrataciones y, por ende, su presupuesto, sin que el contralor Flores haya manifestado oposición alguna.
El caso Carrizo
Por un cambio legal ocurrido en 1999, la principal prueba en los casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos es un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Por ello, en estos casos, el Ministerio Público debe obtener una ratificación por parte de los auditores de la Contraloría de lo que dice su informe de auditoría. Sin esa ratificación, el Ministerio Público se encuentra ante un caso debilitado, el cual tendrá que ser sometido al examen de la defensa técnica del imputado, así como a lo que los peritos de dicha defensa aporten.
El 6 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República secuestró bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por un monto de 1,313,818 dólares con 33/100. Esta acción se fundamentó en el informe de auditoría que la Fiscalía Superior Anticorrupción necesitaba ratificar el pasado 9 de abril, cuando el contralor Flores, junto con otros funcionarios de su entidad, irrumpieron en ese despacho del Ministerio Público para llevarse a los auditores que estaban siendo cuestionados por la fiscalía. Esta es la segunda ocasión en la que el contralor Flores impide que los auditores a su cargo justifiquen la auditoría efectuada a José Gabriel Carrizo.
Esto puede escalar a mayores, no solo porque afecta el futuro del caso por enriquecimiento ilícito contra Carrizo, sino también porque puede propiciar un enfrentamiento entre el contralor Flores y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy. Con anterioridad, el procurador Gómez presentó un proyecto de ley general anticorrupción que, entre otros aspectos, buscaba cortar el nudo gordiano de la falta de auditorías de la Contraloría como prueba para casos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito. El proyecto de ley fue planchado por el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. El diputado Camacho es miembro del mismo partido que el presidente Mulino.
Según la Constitución Política, el contralor general de la República es investigado por el procurador general de la Nación y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. De iniciarse una causa por la interrupción de la diligencia del Ministerio Público, el procurador Gómez podría solicitarle a la Corte Suprema que separara temporalmente a Flores del cargo de contralor mientras avanza el proceso. Si el procurador Gómez no desarrolla una causa contra el contralor Flores, el Ministerio Público quedaría totalmente ignorado en un proceso penal de tan alto perfil. El siguiente capítulo de esta saga promete revelar mucho sobre el poder real y el Estado de derecho panameño.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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