¿Está reabierta la mina de cobre de Donoso?
20 de ABRIL de 2026
Exclusivo para Contrapeso
En cualquier momento, durante un noticiero de televisión, un juego de béisbol o una telenovela, puede aparecer en su televisor una cuña explicando las bondades del cobre. Igualmente pasa en las redes sociales. No se necesita ser un catedrático en teoría de la comunicación para percatarse de que la mina de cobre mantiene una campaña permanente de sensibilización de la opinión pública. La tolerancia ciudadana y gubernamental frente a esta campaña tiene cierto tufillo a complicidad.
Imagínese que Panama Ports Company hiciera una campaña similar en los mismos espacios y con los mismos mensajes. ¿Cuál sería la reacción del gobierno?
Oficialmente, la mina de cobre de Donoso está cerrada. Un fallo unánime de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023 encontró 25 infracciones a la Constitución Política en el contrato que le daba vida a la operación minera. Por si fuera poco, la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023 prohibió la minería metálica en todas sus formas en el territorio panameño. La clase política panameña, siendo como es, asume que lo legal no es siempre lo que manda. Una ley sin un poder real que la respalde es letra muerta.
La cámara lenta
Cada vez que se ha anulado un contrato de Minera Panamá S.A., el gobierno de turno se ha convertido en cómplice del desconocimiento de un mandato de la Corte Suprema de Justicia. Con el primer fallo de inconstitucionalidad de diciembre de 2017, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) ignoró la decisión judicial y permitió que la empresa siguiera funcionando. Minera Panamá S.A. operó sin contrato desde diciembre de 2017 hasta octubre de 2023, cuando la Asamblea Nacional aprobó el segundo contrato de la empresa. Este contrato vivió legalmente 37 días, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional.
Actualmente no hay partidos de oposición real en Panamá, y la sociedad civil organizada tiene sus propias batallas que la mantienen dividida. Los medios de comunicación tradicionales han cerrado sus micrófonos, apagado sus computadoras o tapado sus cámaras para limitar la presencia de voces críticas de la minería y el extractivismo en general en Panamá. Por otra parte, los sindicatos y gremios están debilitados. Así tenemos que Suntracs está en vías de extinción y su liderazgo enfrenta el exilio o procesos judiciales. Conato y Conusi enfrentan auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Con los gremios magisteriales ocurrió otro tanto. La simple aplicación del principio de que el que no trabaja no cobra, y la anulación de sus dirigencias, orilló al sector magisterial a una condición de fragmentación y de incapacidad de responder sistémicamente a cualquier acción del gobierno de turno. En otras palabras, la mesa está servida.
La reaperturita
En el año 2025, se le permitió a Minera Panamá S.A. exportar material que había sido extraído cuando su contrato del año 2023 estaba vigente, pero que no había sido sacado fuera de la mina. Esta operación le produjo al Estado 29 millones de dólares en regalías. ¿Cómo se determinaron las regalías? Simplemente se aplicó la regla que existía en el contrato inconstitucional, porque cuando el material fue extraído, el contrato todavía estaba vigente. Esto fue legal, porque fue un fenómeno muy común en la vida jurídica que se denomina “ultractividad”, una condición que se da cuando una norma jurídica o un contrato tiene efectos después de haber dejado de existir.
Ahora, el Ministerio de Comercio e Industrias, por medio de la resolución 27 del 7 de abril de 2026, autorizó a la minera a remover 38 millones de toneladas de rocas como una forma de “mitigar las condiciones peligrosas” dentro de lo que fue la concesión minera. Para tener una idea de lo que implican 38 millones de toneladas de roca, basta saber que durante la construcción del Canal francés se movieron 14.3 millones de metros cúbicos de tierra, lo que equivale a unas 21 millones de toneladas de material. Es decir, que la resolución 27 casi equivale al doble del trabajo realizado por los franceses en su proyecto de canal. Las 38 millones de toneladas autorizadas por el gobierno del presidente Mulino equivalen a una sexta parte de lo extraído para la ampliación del Canal de Panamá.
Ese gigantesco movimiento de rocas debe producir apenas 70 mil toneladas de cobre. Por este mineral, la empresa Minera Panamá S.A. debe pagarle al Estado panameño unos 60 millones de dólares en regalías. ¿De dónde sale este monto? Pues aplicando la misma regla del contrato declarado inconstitucional. El único problema es que la ultractividad ya está muerta, no hay fundamento jurídico para esa regalía. Así que se está cometiendo el delito de peculado al entregar bienes públicos sin licitación, a cambio de una remuneración arbitraria.
El novelón del cobre
A finales del mes de mayo venidero se debe entregar al Ministerio de Ambiente la auditoría ambiental “integral” contratada por el Estado panameño. Sobre este instrumento, el gobierno actual formalizará su decisión sobre la mina de cobre. La decisión ya es muy conocida. Pasó igual que con el nombre de la defensora del Pueblo y el del magistrado del Tribunal Electoral “elegidos” por la Asamblea Nacional en las últimas semanas. La reapertura oficial será sin licitación pública y sin un nuevo contrato ley. Este último requisito no debería ser problema, dado que se consiguieron 52 votos en la Asamblea Nacional para designar a Jaime Barroso en el Tribunal Electoral.
¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico? A menos que el procurador general de la Nación se declare kamikaze y decida perseguir todas las infracciones aquí descritas, o que la Cruzada Civilista renazca de sus cenizas para luchar por el Estado de Derecho, es muy probable que no ocurra nada significativo ante la decisión ya cantada. Habrá demandas, habrá foros, habrá conferencias de prensa y habrá muchos mítines, pero también habrá policías y soldados en las calles, y muchos medios de comunicación silenciados. La calificación de riesgo de Panamá mejorará, los analistas financieros celebrarán “el coraje del gobierno panameño de hacer lo que tenía que hacer”, la relación de la gigantesca deuda pública con el producto interno bruto bajará, obviamente, y otra vez más los panameños veremos el rostro del corazón de una autocracia dispuesta a todo cuando se trata de sus negocios.
La mina de cobre de Donoso no tiene que ser reabierta, por una simple razón: nunca fue cerrada. La intención de tres gobiernos distintos fue precisamente burlarse de la Constitución Política, burla que pudo realizarse con la complicidad de una Corte Suprema que ha permitido que dos de sus fallos más relevantes sean ignorados olímpicamente. Después de semejante espectáculo, no se puede culpar al gobierno de China comunista (accionista de la empresa dueña de Minera Panamá S.A.) si quiere repetir con los puertos de Balboa y Cristóbal el guion de la mina de cobre. Con esta debilidad del Estado de Derecho es factible que, cuando el gobierno de Donald Trump entre en su ocaso, los puertos volverán a ser chinos. Ese es el poder del precedente minero.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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