El negocio de comprar en secreto
20 de Julio de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Las resoluciones de Gabinete 46, 47, 48 y 49, del 9 de junio de 2026, así como las resoluciones de Gabinete 56, 57, 58 y 59, del 7 de julio de 2026, autorizan procesos de licitación confidenciales para la adquisición de bienes y servicios para el Ministerio de Seguridad Pública. Aunque se conozca al ganador, no se sabrá quiénes fueron sus competidores ni en qué consistieron sus ofertas.
La declaratoria de confidencialidad de un proceso de licitación no es ilegal. Así lo establece el primer párrafo del numeral 13 del artículo 39 de la Ley de Contrataciones Públicas, que dice: “En los casos de adquisiciones sensitivas que realice el Ministerio de Seguridad relacionados con seguridad y defensa del Estado, previamente autorizados por el Consejo de Gabinete, los pliegos de cargos serán confidenciales, para lo cual los participantes deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad, a fin de tener el código de acceso a estos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ‘PanamaCompra’”.
La raíz del problema
El cuestionamiento principal contra estas ocho licitaciones confidenciales no es su legalidad. Los problemas fundamentales son la falta de transparencia y la creciente militarización del Estado panameño. Si la licitación es confidencial, la ciudadanía desconocerá su trámite y sus participantes, y solo conocerá la identidad del ganador. Se está, entonces, ante una limitación del derecho de cualquier ciudadano a conocer el destino de los fondos públicos y la forma en que se decidió utilizarlos.
Más allá de la transparencia, está la exacerbación de la tendencia a militarizar espacios de gobernanza pública. Por determinación de la Constitución Política, la República de Panamá no tiene ejército. Sin embargo, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras plantean una contradicción evidente con ese precepto constitucional.
Otro error institucional fue asignar la gestión migratoria al Ministerio de Seguridad Pública. La migración es, a la vez, un derecho humano y una decisión económica, y puede tener efectos sobre la seguridad pública. Al posicionarla como un asunto de seguridad pública, se desnaturalizó el sentido de su gestión.
Solo algunos de los temas que gestiona el Ministerio de Seguridad Pública merecen confidencialidad. A continuación se examinan las ocho licitaciones declaradas confidenciales.
Las licitaciones
Para efectos de este artículo, se presentan las ocho licitaciones enumeradas de forma continua. Estos son los detalles:
Gaceta Oficial 30546-B
Resolución de Gabinete N.° 46, del martes 9 de junio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro de equipamiento de protección personal y operativas para unidades de seguridad pública”.
Resolución de Gabinete N.° 47, del martes 9 de junio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro de insumos y equipos para el servicio operativo de las unidades especiales de la Policía Nacional”.
Resolución de Gabinete N.° 48, del martes 9 de junio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro de equipos y herramientas para unidades especializadas de la Policía Nacional”.
Resolución de Gabinete N.° 49, del martes 9 de junio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el estudio, diseño, construcción y mantenimiento del nuevo edificio para la sede principal del Servicio Nacional de Migración”.
Gaceta Oficial 30566
Resolución de Gabinete N.° 56, del martes 7 de julio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el estudio, diseño, demolición, construcción y equipamiento de la estación sede de la 6.ª zona policial de Herrera”.
Resolución de Gabinete N.° 57, del martes 7 de julio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro, implementación y gestión de cámaras corporales (body cam) y evidencia digital para los estamentos de seguridad pública”.
Resolución de Gabinete N.° 58, del martes 7 de julio de 2026: “Que autoriza el proceso de preclasificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro, instalación, soporte y mantenimiento por cinco años de un sistema de personalización y emisión de documentos de identidad para el Servicio Nacional de Migración”.
Resolución de Gabinete N.° 59, del martes 7 de julio de 2026: “Que autoriza el proceso de precalificación de proponentes para el acto de selección de contratista para el suministro, instalación, actualización, soporte y mantenimiento de la plataforma tecnológica del Centro de Operación Nacional (CON C5)”.
De este listado es posible inferir el objeto de las licitaciones. En dos se construirán edificios; en otras dos se adquirirán equipos e insumos para fuerzas especiales; una será para los carnés de Migración; otra, para cámaras corporales de los policías; una, para equipos de protección policial; y, finalmente, habrá una contratación para equipos informáticos y servicios de comunicación de los cuerpos de seguridad pública.
No hay razón para que la licitación de las nuevas oficinas del Servicio Nacional de Migración sea confidencial. Lo mismo aplica para la construcción de la sede policial de Chitré. La licitación de los carnés de Migración no puede ser secreta si las de las cédulas de identidad personal o las licencias de conducir no lo son.
Las cámaras corporales para policías se pueden cotizar en internet. Allí se encuentran modelos que graban hasta 90 minutos en condiciones diurnas y otros capaces de grabar hasta 15 horas, con visión nocturna y tecnología LED.
Los equipos de protección policial utilizados por las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos son de conocimiento público, porque están descritos por el Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de ese país. La información incluye la clase de chaleco o protección antibalas, diferenciada según la especialidad policial, por lo que restringirla en Panamá no tiene sentido.
En este listado hay tres licitaciones que sí requieren confidencialidad: las número 2, 3 y 8. Obviamente, no se puede divulgar todo el arsenal ni todas las capacidades que utilizarán las fuerzas especiales de la Policía Nacional. Lo mismo vale para la actualización y el mantenimiento de la plataforma de comunicación C5. Las otras cinco debían ser absolutamente públicas.
La trayectoria
Propiciar que las contrataciones del Ministerio de Seguridad Pública sean confidenciales favorece el amiguismo, el tráfico de influencias y otras formas de corrupción. Si la sociedad civil, los medios de comunicación independientes o la oposición política desconocen el precio pagado por un producto o sus especificaciones, no se sabrá si fue una buena compra.
En Panamá ya existe un pequeño grupo de proveedores y contratistas del Ministerio de Seguridad Pública con presencia constante en las contrataciones y licitaciones de esa entidad. Algunos han estado vinculados con gobiernos como el de Cuba y el de la Venezuela de Nicolás Maduro. Uno de los proveedores del Ministerio está en la lista de la OFAC del Gobierno de los Estados Unidos.
Otorgarles a este grupo de proveedores, y a otros actores del delicado mundo de los bienes y servicios de seguridad, el privilegio de la confidencialidad es un premio inmerecido y peligroso, a la luz de lo que ya conocemos de la historia reciente del país durante los últimos 17 años.
El Ministerio de Seguridad Pública avanza rápidamente en su agenda de militarización, sin consulta ni debate público. Por lo que se sabe, en los últimos meses se han comprado drones de última generación para “monitorear” las fronteras, pero que también podrían utilizarse para vigilar a la población de Río Indio, espiar a los indígenas de cualquier comarca o a los campesinos que se dignen a protestar por alguna de las muchas causas que abundan en este país.
Por si fuera poco, se ha creado una escuela de inteligencia en el Servicio Nacional Aeronaval que, entre otros propósitos, debe preparar a sus estudiantes para enfrentar la “desinformación”. ¿Quién define qué es desinformación? ¿Será lo dicho por quien, en redes sociales, habla en contra de las vacunas, o por quien cuestione la reapertura de la mina de cobre?
Los últimos cuatro gobiernos, incluyendo el actual, han alimentado con más presupuesto, más mandatos y más recursos humanos a un aparato de seguridad pública que ha probado con creces que no está alineado con las necesidades del país.
De ese aparato se escaparon 195 privados de libertad. Ese conjunto de entidades no tenía idea de lo que ocurría en la Dirección General de Ingresos o en el IFARHU. Ni siquiera pudo controlar la corrupción de uno de sus propios cuerpos en Punta Coco.
Claro que hay miles de hombres y mujeres decentes y respetuosos de la legalidad dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Ellos no son el problema. La amenaza es la cultura de la obediencia debida, del alineamiento geopolítico y del secretismo antidemocrático.
El mejor seguro de vida para la democracia de un pequeño país como Panamá es tener cuerpos de seguridad pública desmilitarizados, bajo control civil y sometidos al examen ciudadano constante. Lo contrario ya lo hemos vivido.
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