Mina de Donoso: seis lideres de opinión pública reflexionan sobre el informede la Comisión Interministerial
1 de Octubre de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
El 30 de septiembre de 2026, en la Presidencia de la República, los ministros Juan Carlos Navarro, de Ambiente; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, presentaron al primer mandatario, José Raúl Mulino, su informe de recomendaciones con respecto a la auditoría integral realizada a la mina de cobre de Donoso y la propuesta de un cierre seguro de la mina, para lo cual los fondos necesarios para la mitigación, saneamiento y restauración de las áreas afectadas por la actividad de extracción de cobre, oro, plata y molibdeno serían pagados con las regalías producidas por la propia mina de Donoso.
Contrapeso Panamá solicitó a diferentes líderes de opinión pública sus consideraciones sobre este tema. A continuación, se presentan en dos bloques estas opiniones:
OPINIONES FAVORABLES A LA PROPUESTA
“Sea lo que sea, la manera en la que cuentes tu historia en línea puede marcar la diferencia.”
El informe recomienda evaluar una negociación que permita poner nuevamente en marcha la operación, resolver los arbitrajes pendientes y generar con la propia actividad minera los recursos necesarios para financiar, sin costo para el Estado, un eventual cierre progresivo y ordenado. Para mí, ese punto es fundamental porque confirma algo que he venido sosteniendo. Mantener indefinidamente paralizado un activo de esta magnitud no es una solución económica, ambiental ni social.
Mi posición sigue siendo que Panamá debe encontrar un nuevo marco jurídico, plenamente constitucional y ambientalmente exigente, que permita reabrir y aprovechar responsablemente la relación con Cobre Panamá, que ya tiene miles de millones enterrados en Donoso. El cobre representa hoy mucho más que ingresos fiscales, empleos y exportaciones; en un mundo en el que se ha convertido en un mineral estratégico para la electrificación, la tecnología y la seguridad económica, puede darle a Panamá un peso geopolítico adicional al que ya nos proporciona el Canal. Desaprovechar ese activo sería, a mi juicio, renunciar voluntariamente a una oportunidad extraordinaria para el país».
“«Mantener indefinidamente paralizado un activo de esta magnitud no es una solución económica, ambiental ni social».”
«Según estimaciones del Gobierno, el cierre de la mina costaría entre $2,600 y $3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años, de manera progresiva y autofinanciada, sin costo fiscal para los panameños, dando prioridad a quienes fueron afectados directamente por el cierre.
A mi juicio, esto implicaría la reapertura de la mina y la comercialización del concentrado por un período determinado de tiempo, para financiar la operación de manera rentable, pagar regalías y otros tributos al Estado, costear el proceso de cierre ordenado y crear un fondo de inversión social para los directamente afectados por el mismo».
“«Si de los recursos del Estado no saldrá ni $1 para el ‘cierre ordenado’, la única forma (...) es abriendo la mina, explotando y exportando el material».”
«Para mi gusto, el acto de presentación del informe fue un juego de palabras.
Hay que saber que toda explotación de una mina, desde su inicio, trae de la mano, de forma inmediata, el plan de cierre.
Dicho lo anterior, si de los recursos del Estado no saldrá ni $1 para el "cierre ordenado", la única forma que existe para que esta empresa o cualquier otra ejecute eso es abriendo la mina, explotando y exportando el material.
Para no mencionar la mención de los moradores del área ("que estarán de primero en la lista") y los que perdieron sus puestos de trabajo. ¿De dónde saldrán los recursos para atender a esos grupos si no es de la operación (apertura) de la mina?»
OPINIONES DE RECHAZO A LA PROPUESTA
“«No se trata de seguir cepillando el tajo existente: implica abrir nuevos tajos y extender esa destrucción».”
«Los argumentos presentados por los señores ministros son tan baladíes como poco creíbles.
En primer lugar, ¿a qué se refieren con "sufragados de la propia operación..."? Esa no es una operación de pegar estampitas; es una operación que explota suelo natural y destruye todas las capas de biodiversidad de fauna y flora que hay a su paso para extraer el mineral de las entrañas del subsuelo, donde además se encuentran nuestras fuentes hídricas, contaminándolas de manera indefinida y sostenida.
Por otro lado, la idea que se hacen de "operación de la mina", basada en el concepto tristemente repetido por el ministro de Ambiente, "el hueco ya está allí", no se trata de seguir cepillando el tajo existente: implica abrir nuevos tajos y extender esa destrucción. Cuando finalmente hablemos de cierre, ¿qué es lo que quedará en el área para recuperar, si no el desastre de pérdida y contaminación ya incontenible?
Es una falta de respeto a la inteligencia colectiva y de visión de país de los ministros asesores, que están, con sus planteamientos, sirviendo a los intereses de la empresa y no a los de la Nación a la que se deben».
“«A Minera Panamá (First Quantum Minerals) le corresponde el cierre ordenado de la mina (...) Se les aplica el principio de que el que contamina paga».”
«A Minera Panamá (First Quantum Minerals) le corresponde el cierre ordenado de la mina, ya que ellos hicieron la explotación, causando daños ambientales, y por ello se les aplica el principio de que quien contamina, paga. Además, esa empresa minera le debe al país miles de millones de dólares por llevarse mineral sin contrato y sin fiscalización.
¿Qué significa "financiado por el propio sitio"? Sitio: lugar o terreno que ocupa algo. No significa que First Quantum Minerals financiará el cierre.
Por eso exigimos que la empresa minera pague el cierre ordenado con el valor del mineral extraído con la benevolencia de funcionarios corruptos, los mismos que ya están denunciados penalmente».
“«Reiteramos que abrir no es cerrar, que la población sigue estando en contra no solo de un proyecto minero, sino de una estructura extractivista».”
«El documento presentado el día de hoy evita pronunciarse sobre temas de relevancia, como la necesidad de evaluar las afectaciones a los derechos humanos, los impactos a la biodiversidad y el compromiso que se dio a raíz del segundo fallo de la Corte Suprema para que el Gobierno Central estableciera medidas económicas alternativas al tema minero.
El planteamiento estatal reitera todas las premisas que anteriormente se habían presentado y que descansan en una valoración al alza en cuanto a los costos de cierre, olvidando las responsabilidades ambientales de la empresa y despreciando los costos generados por la destrucción de los ecosistemas y las comunidades, al aceptar convertirlas en zonas de sacrificio permanente que recibirán una paga por ello. Mientras, mantiene el tema de los litigios arbitrales como un mecanismo de coacción e intimidación para el país, en el presente y futuro, en función de continuar con la actividad.
Todo el pronunciamiento se concreta en la realización de un nuevo acuerdo, tema de difícil interpretación a la luz de lo que estableció la propia Corte Suprema de Justicia en dos fallos y una aclaración de sentencia, además de las contradicciones inherentes ante la Ley de Moratoria Minera y el marco regulatorio panameño existente.
Como organización ambiental, queremos ser congruentes con nuestro discurso de casi 20 años: PANAMÁ VALE MÁS SIN MINERÍA, por lo que reiteramos que abrir no es cerrar, que la población sigue estando en contra no solo de un proyecto minero, sino de una estructura extractivista que no se circunscribe a un punto del país, sino que implica la descapitalización de nuestros bienes naturales para satisfacer mezquinos intereses comerciales de turno».
Se desconoce el tiempo que tomará el presidente José Raúl Mulino para decidir si establece una negociación con la empresa canadiense First Quantum Minerals Limited o si solicita a sus ministros que exploren otras opciones.
En todo caso, la controversia minera, que estuvo latente durante los últimos tres años, inició un nuevo capítulo.
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