No estamos tan ‘benditos’ nada...

12 de Octubre de 2026

Por: Rodrigo Noriega
Abogado

Exclusivo para Contrapeso

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¿Qué hacía usted el viernes 9 de octubre de 2026 a las 12:56 p. m.? Esa es una fecha y una hora que no debemos olvidar. El terremoto de 7.7 grados sacudió la península de Azuero y despertó a todo un país del letargo en materia de preparación frente a desastres naturales y eventos antropogénicos. Aquel viejo cuento de que “Dios es panameño y aquí nada pasa” no resultó ser tan cierto. Los riesgos de toda naturaleza están presentes en Panamá y tienen una alta probabilidad de afectarnos en nuestro patrimonio, nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

En los últimos 6 años, Panamá ha enfrentado la pandemia global de la COVID-19, los estragos de los efectos secundarios de los huracanes Eta e Iota y los efectos de El Niño de 2023-2024, que ahora se vuelven a manifestar hasta el próximo mes de junio de 2027. A esta lista se suman el terremoto de la península de Azuero y sus más de 200 réplicas. Antes de este evento, teníamos una cultura en la cual, para el grueso de la población panameña, las afectaciones más graves por desastres naturales se concentraban históricamente en segmentos sumamente vulnerables del país. Era fácil descartar el riesgo. ¿Qué hubiera sucedido si, en vez de un terremoto en la falla de Azuero-Soná, hubiese ocurrido en la falla de Pedro Miguel, al norte de la ciudad de Panamá y en plena área de operación del Canal de Panamá? Celebramos las proezas de la ingeniería en forma de rascacielos que salieron incólumes del evento sísmico del pasado 9 de octubre, pero esos edificios se encuentran a más de 244 kilómetros del epicentro.

Los protectores

Existe un puñado de instituciones olvidadas que se especializan en monitorear riesgos significativos para la vida humana en el territorio panameño. Estas instituciones son el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Cada una de estas instituciones tiene que protegernos, pero debe realizar su trabajo con una escasez de recursos y una crónica falta de acceso a la tecnología más avanzada. El Instituto de Geociencias cabe todo entero en el área de la sala-comedor de algunos de los apartamentos en los rascacielos de la ciudad de Panamá. Año tras año, sus requerimientos presupuestarios y sus solicitudes de apoyo técnico y cooperación institucional no son escuchados. Igual pasó con el Gorgas, que se convirtió en la institución de referencia para América Central en materia de la COVID-19 y que, una vez pasada la pandemia, ha quedado relegado sin el presupuesto apropiado para las tareas que debe emprender.

De la misma manera, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá debe sobrevivir con los fondos proporcionados por las empresas generadoras eléctricas, que, por definición, no son suficientes para cubrir el monitoreo meteorológico de todo el territorio panameño, incluyendo la zona continental y el espacio marítimo. Tenemos decenas de millones de dólares para recompensar a las alianzas políticas en la Asamblea Nacional, pero faltan esas mismas decenas de millones de dólares para que nuestras instituciones de protección más importantes tengan los recursos que necesitan. Por eso, el 9 de octubre no se puede olvidar.

Las lecciones

Aprendimos muchísimo de lo ocurrido el viernes 9 de octubre. La gran mayoría de las lecciones son positivas. El pueblo panameño es sumamente solidario y respaldó generosamente a sus vecinos e incluso a extraños. La gran mayoría de las edificaciones construidas de acuerdo con las normas actuales enfrentó el terremoto con bastante éxito. El Cuerpo de Bomberos de Panamá desarrolló su rol heroico y de garante del bienestar de la población. El Sistema Nacional de Protección Civil comunicó de forma apropiada la información necesaria para evitar pánicos y focalizar el comportamiento de la ciudadanía ante este evento crítico. La movilización de recursos nacionales e internacionales ha sido muy fluida, y el mismo viernes 9, en la noche, algunas de las comunidades más afectadas empezaron a recibir asistencia por parte del Estado y de los gobiernos locales.

En el otro extremo están los imperdonables. Si ya se tenía entendido que, ante un evento de esta naturaleza, el Metro de Panamá iba a detener su funcionamiento, ¿por qué el Estado no tenía organizado un plan de contingencia con suficientes buses para suplir la ausencia del Metro? Hubo personas que caminaron hasta 6 horas para llegar a sus casas. Igualmente, el tráfico urbano se volvió un caos innecesario. Los policías de tránsito no estaban disponibles para atender el alto volumen de circulación de automóviles. Otro aspecto imperdonable es el repetitivo fracaso del IDAAN en garantizar la continuidad de sus servicios de suministro de agua potable cuando hay apagones. Esto se podría corregir para el área metropolitana conectando la planta potabilizadora de Chilibre con el sistema eléctrico de la Autoridad del Canal de Panamá, que está a solo 750 metros de distancia, pero han pasado más de 40 años y ninguna administración lo ha resuelto.

Los pendientes

La tarea de recuperación y reconstrucción tomará meses y años. A cada familia afectada por la pérdida de su hogar se le debe reintegrar una vivienda nueva construida de acuerdo con las mejores normas de ingeniería antisísmica. Existen edificios de gobierno y pequeños centros comerciales que inexplicablemente sufrieron rajaduras o el colapso de losas o techos. Esto debe ser investigado porque, si cumplieron con las normas de construcción, entonces estas no son suficientes, y si las omitieron, pudo existir una causa de corrupción detrás de esa situación. Sorprendentemente, Panamá no tuvo los centenares o miles de fallecidos que países vecinos han tenido en tiempos recientes. Los Santos no es La Guaira, Tonosí no es Cali, y eso explica en parte el hecho de que la tragedia no fue todo lo mala que pudo ser. Necesitamos investigar cómo están nuestras fallas geológicas y qué está pasando en las profundidades del subsuelo panameño.

Si ese terremoto hubiese ocurrido con la mina de Cerro Quema abierta, tomando en cuenta que su epicentro fue muy cerca del sitio de lo que fue esa mina, o si hubiera ocurrido al norte de la provincia de Coclé, la clase de daño ambiental del cual estaríamos hablando es verdaderamente impensable. No vale la pena aumentar los riesgos y vulnerabilidades de la población panameña para hacer viable el negocio de pocos a costa del patrimonio de todos. El 9 de octubre de 2026 es una fecha que no se debe olvidar. México convirtió el 19 de septiembre en un día nacional para realizar ensayos de evacuación y de alertas tempranas en conmemoración del terremoto de 1985, ocurrido en esa misma fecha.

El 9 de octubre debe convertirse en el día nacional de alerta temprana. Necesitamos prepararnos para evacuar edificios, atender a la población frente a toda clase de riesgos y fortalecer a las instituciones que, como el Instituto de Geociencias, el Gorgas y el IMHPA, tienen la tarea de protegernos. Si no hacemos esto, no hemos aprendido nada de este 9 de octubre.

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