El país de la simulación

10 mar

10 de Marzo de 2026

Exclusivo para Contrapeso

Diagnosticar la simulación no es pesimismo: es condición previa para construir instituciones que funcionen.
Llamar a las cosas por su nombre no es pesimismo. Es responsabilidad.
Y si algo he aprendido en los últimos treinta y seis años es que en Panamá confundimos con demasiada frecuencia la forma con el fondo.

Nos tranquiliza aprobar leyes. Nos da sensación de avance. Produce titulares, comunicados y debates solemnes. Pero cambiar el texto no siempre cambia la realidad. A veces solo cambia la escenografía.

Hace años, cuando se discutía si los jueces y magistrados debían usar toga, el sociólogo panameño Enoch Adames advirtió: “En Panamá, el país de la simulación, la forma es el fondo.”

La toga no era el problema. El problema era creer que el símbolo equivalía a la justicia.

Algo parecido ocurre hoy con la transparencia, los conflictos de interés, la contratación pública y los beneficiarios finales. No nos faltan normas. Nos falta aplicación sostenida, verificación real y consecuencias oportunas. Hemos aprendido a producir reglas elegantes que tranquilizan (y nos preocupa más tranquilizar a los de afuera que a los nacionales), mientras los incentivos que protegen la opacidad permanecen intactos.

Un ex alto funcionario lo resumió en conversación privada con crudeza: “En Panamá la escena pública es más una manifestación teatral con un público condicionado que cree que está en un país de leyes y justicia.”

La frase es incómoda. Pero explica demasiado.

El autoengaño normativo

Aprobamos reglas sobre conflicto de intereses, compras públicas y controles. Pero si las declaraciones no se verifican, si los cruces de información no son obligatorios, ni siquiera posibles, si las sanciones no son rápidas y proporcionales, si la memoria institucional es corta, entonces la ley se convierte en decorado.

La corrupción abierta genera escándalo. La simulación genera tranquilidad. Y la tranquilidad sin resultados es anestesia institucional.

El error de esperar autorreforma

Existe una ilusión persistente: creer que quienes se benefician de la opacidad se corregirán a sí mismos. Nada más iluso.

La experiencia comprobada indica lo contrario. No necesariamente por maldad individual, sino por incentivos. Cuando el anonimato facilita contratos, influencia o impunidad, no desaparece por convicción moral; desaparece cuando se vuelve costoso.

La pregunta no es ética, es estructural: ¿qué hace que proteger la opacidad cueste más que transparentar?

Sin responder eso, seguiremos celebrando leyes que no duelen.

“Diagnostican, pero no proponen”

Es una crítica legítima. Pero sin diagnóstico preciso, las propuestas son ingenuas. Entender por qué fallan las reglas —captura institucional, complicidad privada, cansancio ciudadano, memoria corta— es parte de la solución.

Ahora bien: diagnosticar no basta. También hay que actuar. Y actuar con realismo.

No hay menú mágico. Tan importante como el “qué” es el “cómo”, el “cuándo” y el “quién”.

Lo que no debemos ni podemos seguir haciendo

● Aprobar leyes sin asegurar mecanismos verificables de aplicación.
● Crear comisiones que producen informes pero no consecuencias.
● Confiar exclusivamente en declaraciones juradas no auditadas.
● Anunciar reformas amplias que el propio sistema bloqueará.
● Moralizar el debate sin rediseñar incentivos.

Eso ya se intentó varias veces. Y no funcionó.

Lo que sí debemos y podemos hacer

Transparencia como condición contractual.
Quien quiera contratar con el Estado debe revelar su beneficiario final como requisito de participación. No es ideología; es prudencia mínima cuando se usan fondos públicos. Los votantes se lo deben exigir a sus diputados. Mientras no lo hagan, los incentivos no cambiarán. Este es el nudo gordiano.
Verificación obligatoria y trazabilidad.
Las declaraciones deben cruzarse de manera sistemática con otras bases de datos y generar alertas. La confianza sin verificación no es control.
Consecuencias rápidas y proporcionales.
Inconsistencias relevantes deben acarrear sanciones administrativas inmediatas —multas, suspensión temporal— sin esperar procesos interminables.
Memoria pública permanente.
Decisiones, votaciones, contratos y responsables deben quedar accesibles. No para perseguir, sino para evitar amnesia.
Coaliciones modernas y vigilancia ciudadana con método.
No todo el sector privado es igual. Hay empresas que compiten bajo estándares internacionales y necesitan reglas claras. Y hay una juventud que aún no ha normalizado del todo la simulación. Organizar información, seguimiento y casos concretos es más eficaz que la indignación episódica.

No será sencillo

La transparencia real no es un gesto. Es una reconfiguración de incentivos. En los incentivos está la clave.

Exige reglas que funcionen incluso cuando la virtud personal falte. Exige consecuencias visibles. Exige memoria.

Lo peor no es que una reforma fracase. Lo peor es producir reformas que tranquilizan mientras nada cambia. Reformas gatopardistas. Las falsas esperanzas compran tiempo. Y el tiempo favorece al que ya está cómodo en el sistema.

Si queremos dejar de ser el país de la simulación, debemos decidir algo sencillo y exigente a la vez: que la ley deje de ser escenografía y empiece a ser límite.

¿Seguiremos, como sociedades, perfeccionando la escenografía o empezaremos a aceptar las consecuencias del fondo?