Cuando la desigualdad se codifica... y cuando se disimula
3 de Marzo de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Los Talibanes han optado por la franqueza brutal: han codificado (código penal talibán, aprobado en enero de 2026) la desigualdad ante la ley. Han dividido a la sociedad en castas y han establecido, sin ambigüedades, que un mismo delito merece sanciones distintas según quién lo cometa. El principio de igualdad no se traiciona en silencio: se niega abiertamente.
En Panamá ocurre algo más incómodo. No hemos codificado las castas, pero las practicamos. La Constitución proclama la igualdad ante la ley; los códigos la repiten; los discursos la celebran. Sin embargo, en la realidad judicial y mediática, el trato diferenciado aparece una y otra vez, envuelto en formalismos, decisiones administrativas y silencios selectivos.
Ahí emerge el elemento distintivo —y más corrosivo—: la hipocresía. Se hace en la práctica lo que se niega en el texto. Se condena la barbarie ajena mientras se normaliza la desigualdad propia, siempre con buenas razones, siempre con explicaciones aparentemente técnicas.
El contraste reciente es revelador. En el caso de un ex vicepresidente y excandidato presidencial, la llegada, los traslados y la puesta a disposición fueron altamente mediáticos. Sin embargo, la comparecencia ante el juez no fue transmitida. Si bien la publicidad es la regla, la transmisión en vivo no lo es: depende de condiciones y decisiones del tribunal, y puede restringirse mediante resolución fundada o por solicitud de los intervinientes para no grabar imagen o voz. Conviene conocer las razones en estos casos concretos para decidir cómo proceder.
En el caso de dirigentes sindicales, ocurrió exactamente lo contrario: todo el proceso fue intensamente mediático, incluidas las audiencias, celebradas y transmitidas en vivo por internet por el propio Órgano Judicial. La ciudadanía pudo observar, escuchar y formarse su propio criterio en tiempo real.
Dos personas. Dos causas. Dos regímenes de visibilidad judicial distintos. No se trata de discutir culpabilidades ni simpatías, sino de advertir el mensaje que se envía: quién merece exposición plena, quién comparece bajo reserva y quién queda —o no— bajo el escrutinio público.
En Afganistán, la desigualdad es explícita y, por ello, brutalmente sincera. En Panamá, la desigualdad es implícita, negada y maquillada. Y por eso resulta más peligrosa: porque no solo erosiona la justicia, sino también la confianza. Una sociedad que acepta castas de hecho mientras predica igualdad de derecho termina creyendo menos en la ley que en el debido proceso, y más en el rango, la conveniencia o el cálculo político.
Tal vez por eso el paralelo incomoda. No porque nos compare con los talibanes, sino porque nos obliga a mirarnos sin el consuelo de la superioridad moral.
Como me comenta un apreciado colega al leer estas líneas:
“Me parece válida la reflexión comparativa entre sociedades tan disímiles que coinciden en usar criterios de desigualdad por motivaciones distintas, pero con idénticos resultados.
En Panamá, la escena pública es más una manifestación teatral con un público ingenuo que cree que está en un país de leyes y justicia.”
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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