Panamá: donde las reglas existen... hasta que estorban
14 Abril de 2026
Exclusivo para Contrapeso
En Panamá no faltan leyes. No faltan fallos. No faltan comunicados firmes ni declaraciones categóricas, tanto del sector privado como del público. Lo que parece faltar —de manera cada vez más visible— es la convicción estructural de que las reglas realmente aplican a todos por igual.
La discusión reciente sobre la permanencia de Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea ha reactivado una narrativa conocida: la lista es “discriminatoria”. Al mismo tiempo, el discurso oficial sostiene que se harán los ajustes necesarios para salir de ella.
Ya hemos explicado en una columna pasada cómo ambas afirmaciones pueden coexistir políticamente. Pero el debate de fondo no es retórico. Es estructural.
Porque el problema no es solo la lista. El problema es un patrón más amplio: en Panamá las reglas existen... hasta que dejan de existir frente a costos altos, poder económico o presión política.
Vivimos en el país de las excepciones.
Los ejemplos son diversos y conocidos:
● Empresas de construcción condenadas por corrupción (o confesas de dicho delito) no pueden ser inhabilitadas plenamente porque afectaría empleos y obras.
● Una actividad declarada contraria a derecho no puede cesar inmediatamente por su impacto económico.
● Una concesión cuestionada no puede interrumpirse por riesgo de arbitraje.
● Una ley de retorsión puede flexibilizarse si el impacto comercial es considerable (por ejemplo, vender un supermercado).
● Una regla internacional puede fragmentarse discursivamente para neutralizar su efecto político.
La lista podría ampliarse. Pero el punto no es discutir cada caso en particular. Es observar el patrón.
En cada situación hay una norma o un fallo claro. En cada caso también existe un costo elevado asociado a su aplicación estricta: empleo, estabilidad financiera, litigios internacionales, reputación, presión geopolítica.
Frente a ese costo, el sistema —con quienes lo controlan actualmente— encuentra una salida acomodaticia: transición indefinida, interpretación flexible, interés público superior, acuerdo político, excepción singular.
La regla no desaparece. Se administra de forma beneficiosa para quien la gestiona.
Desde la teoría institucional, esto no es anecdótico. Douglass North definía las instituciones como las reglas del juego que estructuran incentivos. Pero la regla real no es la que está escrita en el papel; es la que efectivamente se aplica. En esa importante diferencia, somos expertos.
Si el mensaje reiterado del sistema es que las reglas pueden ajustarse cuando el costo es alto, los actores racionales aprenden rápidamente la lección: no se trata de cumplir primero, sino de gestionar el riesgo después.
Ahora bien, esta línea de pensamiento suele recibir una crítica directa desde quienes ejercen el poder: se nos acusa de idealistas, ingenuos o desconocedores de la complejidad real de gobernar. Se nos dice que administrar un país no es redactar columnas; que el poder implica decisiones difíciles en contextos imperfectos; que cualquiera que llegue a ejercerlo enfrentará las mismas restricciones y actuará de manera similar.
Es un argumento serio y merece una respuesta igualmente seria.
Primero, nadie que observe con responsabilidad la vida pública —ni quien ha ejercido cargo público por casi una década— desconoce que gobernar implica gestionar tensiones reales. La economía no es un laboratorio. Ejecutar una sanción puede generar desempleo masivo. Aplicar estrictamente un fallo puede desencadenar arbitrajes millonarios. Interrumpir abruptamente una actividad puede afectar estabilidad financiera.
La gestión pública requiere ponderación y responsabilidad.
Segundo, reconocer complejidad no equivale a justificar inconsistencia permanente. Existe una diferencia sustancial entre administrar una transición ordenada y convertir la excepción en la regla tácita del sistema.
Un Estado responsable puede mitigar impactos: establecer cronogramas claros, diseñar interventorías temporales, estructurar planes de sustitución, proteger empleo dentro del marco jurídico. Lo que erosiona la institucionalidad no es la transición; es la indefinición.
Tercero, esta crítica no parte de presumir mala fe o corrupción en todos los casos. No se trata de moralizar cada decisión concreta. Se trata de observar un patrón histórico.
Las fortunas inexplicadas, los precedentes reiterados de inejecución, la ausencia sistemática de consecuencias personales cuando las reglas no se aplican plenamente, la asimetría entre el trato al actor débil y al actor poderoso: esos no son prejuicios ideológicos. Son hechos acumulados.
Aquí resulta útil el concepto de la “dependencia de la trayectoria” (path dependence), desarrollado en la teoría institucional: las trayectorias pasadas moldean expectativas futuras. Si durante décadas el mensaje ha sido que la regla puede negociarse cuando el costo es elevado, la cultura institucional se adapta a esa expectativa.
No es cuestión de ingenuidad. Es cuestión de incentivos.
El llamado “realismo” merece un examen adicional. ¿Es realismo aceptar que siempre habrá excepciones? ¿O es más realista diseñar reglas que puedan resistir presión sin colapsar?
El verdadero realismo institucional no consiste en negar límites, sino en reconocer que sin consistencia en la aplicación de normas, la reputación regulatoria se deteriora.
La reputación no es un concepto abstracto. Es un activo económico. Reduce primas de riesgo, atrae inversión sostenible y fortalece cooperación internacional. En términos de signaling, una norma aplicada incluso cuando es costosa constituye una señal fuerte y creíble. Una norma aplicada selectivamente es una señal débil.
El mercado y la comunidad internacional no evalúan únicamente textos legales; evalúan consistencia temporal.
El país de las excepciones no surge de una sola mala decisión. Surge de una arquitectura de incentivos perversos donde:
La aplicación estricta genera costos inmediatos.
La excepción genera beneficios políticos de corto plazo.
La inejecución no produce consecuencias personales claras.
El precedente cultural consolida expectativas de flexibilidad.
Cada excepción refuerza la siguiente.
Aceptar esta realidad no es idealismo. Es precisamente lo contrario: es reconocer que el diseño institucional actual produce resultados previsibles.
El dilema no es entre idealismo y realismo. Es entre corto plazo y largo plazo.
El pragmatismo puede resolver una crisis puntual. Pero el pragmatismo permanente erosiona la previsibilidad de la regla, y esa erosión tiene costos acumulativos: menor confianza, mayor riesgo, menor credibilidad.
El país necesita gobernantes capaces de administrar realidades complejas. También necesita ciudadanos y analistas que recuerden que la fortaleza institucional no se mide por la habilidad para administrar excepciones, sino por la capacidad de hacer inevitables las reglas.
Salir, por ejemplo, de una lista puede ser un objetivo coyuntural. Salir del país de las excepciones es un desafío estructural.
La diferencia entre simulación y sustancia —entre regla escrita y regla aplicada— no es filosófica. Es económica, jurídica y democrática.
Y reconocerlo no es ingenuidad. No somos para nada ingenuos.
Es responsabilidad institucional. Somos plenamente responsables.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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