Sustancia económica: entre la ficción, la lógica y la realidad.
28 Abril de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Durante años he sostenido una idea que hoy reconozco incompleta: el objetivo debe ser la transparencia y la alineación con estándares internacionales. Sin mayor explicación, como si ambos conceptos, por sí solos, fueran suficientes para justificar cualquier medida.
Hoy creo que ese enfoque es insuficiente y, en algunos casos, equivocado.
La transparencia no es un valor absoluto. Compite con la privacidad y la confidencialidad. Muchos la defienden, pero siempre que aplique a otros. En este sentido, recomiendo https://www.prensa.com/impresa/economia/VALOR-RAZONABLE-Transparencia-vital-suficiente_0_4400559927.html - google_vignette
Los estándares internacionales, por su parte, tampoco son incuestionables. Surgen de procesos técnicos, sí, pero también de dinámicas de poder, intereses fiscales y presiones geopolíticas. Su sola invocación no sustituye el análisis. Son medios, no fines.
Por eso, el debate no puede quedarse ahí. La pregunta correcta es otra: ¿la norma tiene lógica?
Contra la ficción, no contra la regulación
Quiero ser claro: estoy a favor de la sustancia económica. Lo contrario es aceptar la ficción. Y la ficción, cuando se utiliza para encubrir evasión, elusión o fraude, no es neutra. Es un problema jurídico que debe ser enfrentado, incluso mediante el levantamiento del velo corporativo, ya sea por norma o por jurisprudencia. Sobre este tema, recomiendo ver, de hace 30 años pero de plena actualidad:
Si el sistema permite estructuras sin sustancia, el sistema es ilógico y propenso al abuso.
Pero de ahí no se sigue que cualquier regulación sea buena. Al contrario: regular mal la sustancia económica puede ser peor que no regular.
Estoy a favor de exigir sustancia económica precisamente porque estoy en contra de la ficción jurídica como vehículo de abuso.
La lógica del usuario: lo que el regulador no está viendo
Antes de regular, conviene entender por qué existen estas estructuras.
Pensemos en un caso muy simple y común. Un padre coloca su casa a nombre de una sociedad. No hay operación real, no hay juntas directivas, no hay actividad económica. La sociedad puede estar en otra jurisdicción. Es, en esencia, una sociedad de papel.
¿Por qué lo hace?
No necesariamente por evasión sofisticada. Muchas veces, por algo mucho más simple: evitar un proceso sucesorio largo, costoso e incierto. Asegurar que, al morir, el bien pase a sus hijos sin trámites complejos. Eventualmente, también para evitar ciertos impuestos.
La sociedad sin sustancia no es, muchas veces, el problema original. Es la respuesta a un sistema que muchas veces no ofrece soluciones eficientes.
Aquí hay que hacer una distinción fundamental.
Primero, el problema del procedimiento. Cuando el Estado no ofrece mecanismos ágiles, previsibles y razonables para la transmisión patrimonial, los ciudadanos buscan atajos. En estos casos, la ficción es una respuesta racional a una ineficiencia institucional.
Segundo, el problema tributario. Aquí la lógica es distinta. Dada la naturaleza humana, siempre existirá el incentivo a pagar menos o no pagar impuestos. Este problema no se resuelve facilitando trámites, sino estableciendo límites claros.
Confundir ambos problemas lleva a malas soluciones.
El error: corregir la ficción con más ficción
Frente a estas realidades, la respuesta regulatoria suele ser exigir “sustancia económica”. Pero muchas veces lo que se regula no es la sustancia, sino su simulación:
● oficinas mínimas,
● directores nominales,
● gastos administrativos formales,
● reportes sin contenido real.
Esto no elimina la ficción. La maquilla.
No se debe corregir la ficción haciéndola “un poco menos ficción”.
La sustancia económica no es un atributo decorativo. No es algo que se cumple en grados formales. Se tiene o no se tiene. Y cada situación debe tener consecuencias jurídicas y tributarias claras.
Por qué ahora: presión externa y costo reputacional
Hay una tensión inevitable entre la lógica interna del sistema y las exigencias derivadas de los estándares internacionales. Panamá ha enfrentado (y sigue enfrentando) presiones fuertes de la OCDE, UE, GAFI/FATF y Estados Unidos en materia de sustancia económica, especialmente para rentas pasivas de fuente extranjera.
El proyecto concreto en discusión en la Asamblea Nacional se centra principalmente en grupos multinacionales que perciben rentas pasivas de fuente extranjera (dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, etc.).
Si no acreditan sustancia (personal calificado, instalaciones, toma de decisiones y riesgos en Panamá, gastos operativos proporcionales), esas rentas dejan de beneficiarse de la exención y pasan a tributar.
Esto es importante resaltarlo porque no afecta directamente a la típica sociedad panameña de un padre que pone su casa a nombre de una S. A. local para planificación sucesoria. El impacto principal recae sobre estructuras holding de multinacionales.
Esto no elimina el fenómeno descrito, pero sí muestra que la regulación apunta a otro tipo de estructuras.
En todo caso, el dilema que se enfrenta es claro. El proyecto ya mencionado sobre sustancia económica busca precisamente introducir requisitos más estrictos para mantener o mejorar la reputación del país y evitar listas grises. Ignorar eso del todo puede tener costos concretos en acceso a banca corresponsal, inversión extranjera y credibilidad.
Hay un costo real de no alinearse versus el costo de alinearse mal. Es el dilema para Panamá.
Hay que evitar los dos extremos fáciles:
El extremo “pro-transparencia ciega”: todo lo que venga de estándares internacionales es bueno y quien se opone defiende opacidad o evasión.
El extremo “libertario radical”: cualquier regulación de sustancia es intervencionismo estatal ilegítimo.
El problema de la discrecionalidad
Cuando la norma no define con precisión qué es sustancia, aparece la cláusula antiabuso abierta. Y, con ella, un problema mayor.
La lógica deja de estar en la ley y pasa a estar en quien la aplica.
Se otorga a la administración la capacidad de recalificar estructuras sin parámetros objetivos claros. Esto introduce incertidumbre jurídica, afecta la previsibilidad y debilita la competitividad del país.
No se combate la ficción. Se sustituye por discrecionalidad.
La verdadera pregunta: ¿tiene lógica?
Si dejamos de lado consignas, el análisis debe hacerse con un test simple:
● ¿Qué problema busca resolver la norma?
● ¿Lo resuelve realmente o solo en apariencia?
● ¿A quién impacta en la práctica?
● ¿Qué incentivos genera o mantiene?
● ¿Quién decide y con qué límites?
Aplicado al debate actual sobre sustancia económica, surgen dudas legítimas. En particular, al menos tres riesgos concretos:
● no distinguir entre planificación fiscal agresiva y estructuras patrimoniales legítimas, dentro de la lógica que prevalece actualmente y por las motivaciones ya mencionadas, entre otras;
● imponer cargas desproporcionadas a quienes no forman parte del problema;
● trasladar el criterio desde la ley hacia la autoridad.
Atacar la causa, no solo la estructura
Si el problema es la ineficiencia del sistema sucesorio, la solución no es exigir sustancia a una sociedad. Es mejorar el sistema sucesorio. Reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que hacerlo. En ese sentido, la nueva Ley 175 de marzo de 2026 introduce el proceso sucesorio simplificado ante notario en Panamá, permitiendo gestionar herencias de forma más rápida y sin largos procesos judiciales.
Por regla general, este tipo de reformas institucionales son políticamente difíciles y lentas. Mientras tanto, los reguladores internacionales no esperan. Por eso, muchos países terminan optando por parches regulatorios imperfectos. Ahora bien, una cosa es entender por qué políticamente aparecen soluciones intermedias y otra muy distinta es considerarlas suficientes o correctas.
Si el problema es la evasión o elusión abusiva, la solución no es permitir ficciones formales. Es no reconocer efectos jurídicos cuando no existe sustancia económica real.
Esto implica aceptar una idea incómoda, pero necesaria: no toda ficción nace del abuso, pero toda ficción tolerada termina abriendo la puerta al abuso.
Una posición clara
Estoy a favor de exigir sustancia económica. Precisamente por eso, estoy en contra de regularla mal.
La sustancia no admite simulaciones. No admite zonas grises diseñadas para “cumplir en papel”. Y no debe depender de la discrecionalidad del funcionario.
Debe estar en la norma, debe ser verificable y debe producir consecuencias claras.
Conclusión
El verdadero debate no es entre transparencia y opacidad, ni entre regulación y libertad, ni tampoco entre cumplir o no con estándares internacionales.
El verdadero debate es si la regulación tiene lógica, si distingue correctamente el problema que busca corregir y si establece consecuencias claras cuando no existe sustancia económica real.
Defiendo una posición de principios, pero también pragmática: sí a la sustancia económica real; no a la simulación regulada.
Porque, cuando la lógica no está en la norma, inevitablemente termina en quien la interpreta.
Y ahí, más que eliminar la ficción, corremos el riesgo de institucionalizarla.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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