Las prioridades de Panamá
12 deJunio de 2026
Por: Carlos Barsallo
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
Panamá suele preguntarse qué necesita para salir de una lista. Debería preguntarse qué necesita para resolver sus propios problemas. La distinción entre cumplir para otros vs. reformarse para uno mismo es clave.
¿Por qué somos tan eficaces para resolver los problemas que preocupan a otros y tan lentos para resolver los que nos preocupan a nosotros mismos?
Hace años, cuando ejercía funciones regulatorias, escuché una observación que nunca olvidé. Algunos reguladores extranjeros se sorprendían al descubrir que Panamá estaba dispuesta a proporcionar información sobre quién controlaba realmente las sociedades, pero que ese acceso estaba diseñado principalmente para atender solicitudes de autoridades extranjeras. La pregunta era simple: ¿por qué al propio país no le interesaba utilizar esa información para prevenir y detectar problemas internos?
La respuesta era evidente, pero nadie la decía. Porque el objetivo principal era responder a presiones internacionales.
Dos décadas después, el patrón se repite.
Primero, con el Registro de Beneficiarios Finales. Panamá finalmente identifica quién controla una sociedad, pero el acceso a esa información sigue siendo limitado. El énfasis continúa siendo primordialmente cumplir compromisos internacionales más que fortalecer el control interno y la prevención local.
Ahora ocurre algo similar con la nueva legislación sobre sustancia económica. El debate se ha concentrado en atender las exigencias de la Unión Europea y evitar cuestionamientos externos. Se establecen reglas y sanciones para satisfacer estándares internacionales, pero nuevamente falta una reflexión sobre cuáles son los intereses nacionales que se buscan proteger.
El problema de fondo no es cumplir con estándares internacionales. Panamá debe hacerlo. Este no es un artículo que busca demonizar los estándares internacionales; todo lo contrario. Tampoco busca un enemigo externo que atacar. El problema es hacer las cosas únicamente por presión externa y no porque esas medidas también puedan servir a objetivos propios, necesarios y legítimos.
Mientras Panamá siga regulando solo para salir de listas, satisfacer evaluaciones o responder a presiones externas, seguirá perdiendo oportunidades valiosas de construir instituciones que protejan mejor sus propios intereses. La diferencia parece sutil, pero es fundamental: no es lo mismo cumplir para otros que reformarse para uno mismo.
Durante años se construyeron mecanismos para entregar información a autoridades extranjeras, mientras el debate sobre cómo utilizar esa misma información para proteger al propio país quedaba en segundo plano.
Así vemos: beneficiarios finales y sustancia económica como prioridades externas, aprobadas con rapidez y amplio respaldo. Nepotismo, conflictos de interés y fortalecimiento institucional como prioridades internas, estancadas o débilmente implementadas. La diferencia no radica en la complejidad técnica, sino en la intensidad de las presiones e incentivos que las respaldan.
Este desbalance no es casual. Refleja incentivos políticos y económicos reales. Los temas externos tienen dueños claros (embajadas, organismos internacionales, bancos corresponsales) que amenazan con costos concretos (pérdida de acceso al sistema financiero internacional).
Los temas internos afectan a poderosos grupos locales que tienen mucho que perder con reformas profundas.
Quizás el verdadero problema no sea la presión internacional. Esa presión existe en todos los países.
Panamá sufre un déficit de agencia nacional en su agenda regulatoria.
Demasiadas reformas son reactivas y defensivas en lugar de proactivas y estratégicas. Esto refleja que a menudo se prioriza la supervivencia del statu quo y la gestión de riesgos externos sobre la construcción de un mejor contrato social interno.
En muchos países en desarrollo, y Panamá no es la excepción, la sociedad civil es relativamente débil y fragmentada; algunos medios están capturados por intereses económicos o políticos, y los votantes ejercen menos presión sostenida y técnica sobre temas de gobernanza institucional que los organismos internacionales. Los problemas complejos de institucionalidad rara vez dan votos fáciles, mientras que la retórica nacionalista, antiimperialista o las promesas distributivas sí.
La respuesta parece estar menos en el mérito técnico de cada propuesta y más en la intensidad de las presiones e incentivos que las respaldan. La presión externa se vuelve invencible en un país dolarizado, con Canal y altamente dependiente del sistema financiero internacional. Ignorar esa presión podría ser suicida. El desafío es aprovecharla para avanzar agendas internas, no solo resistirla.
Y surge un problema mayor, poco discutido y entendido: la calidad institucional.
Se celebran las reformas, pero no se efectúa el análisis completo.
Tener un registro de beneficiarios es bueno, pero si la fiscalía es lenta, si la corrupción es tolerada en altos niveles, si la carrera judicial es politizada y si no hay suficiente capacidad investigativa, la información sirve de poco. Es el clásico problema de leyes en el papel vs. Estado de derecho efectivo.
Panamá tiene un problema de selección de prioridades.
Porque cuando existe suficiente presión, ya sea externa o interna, el país demuestra que puede formalmente legislar, regular y actuar con rapidez.
La discusión no es entonces sobre sustancia económica, nepotismo o beneficiarios finales; es sobre algo más profundo. El quid del asunto es quién define la agenda nacional y para beneficio de quién se realizan las reformas.
Ese me parece que es el verdadero hilo conductor que conecta todos los ejemplos que hemos venido observando desde hace décadas. Décadas de reformas para afuera y de demoras y omisiones para adentro.
El verdadero desafío para Panamá no es salir de listas (eso es táctico y reactivo). Es definir, con soberanía y visión de largo plazo, qué tipo de jurisdicción quiere ser en las próximas décadas: ¿un centro financiero sofisticado, transparente, competitivo y respetado internacionalmente, o un lugar que cumple estándares mínimos para evitar sanciones mientras persisten problemas estructurales de gobernanza que erosionan su propio desarrollo?
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