Cómo vigilar al concesionario y también al regulador
18 de Agosto de 2026
Por: Carlos Barsallo
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
La paradoja
El Estado concesiona un servicio porque considera que no puede o no debe prestarlo directamente con la eficiencia, especialización o inversión necesarias. Sin embargo, después suele confiar la supervisión a estructuras que tampoco siempre cuentan con independencia, recursos o incentivos suficientes.
Así aparece una paradoja: se profesionaliza la prestación, pero no necesariamente la vigilancia.
En la primera parte presenté doce propuestas para mejorar el ciclo completo de las concesiones. Ahora profundizo en el elemento más crítico: la supervisión y fiscalización.
La experiencia demuestra que el problema no es necesariamente concesionar, sino hacerlo mal y supervisar todavía peor. Las concesiones rara vez fracasan de un día para otro. Antes del colapso suelen existir señales, informes, incumplimientos, advertencias y omisiones. El problema es que nadie actúa a tiempo.
Preguntas clave siguen sin respuesta clara en Panamá: ¿Cómo se controla realmente? ¿Quién mide el desempeño? ¿Qué ocurre exactamente cuando se incumple, quién debe actuar y en qué plazo?
El Estado puede contratar supervisión técnica independiente, aunque no puede ni debe delegar nunca su potestad regulatoria, sancionadora ni su responsabilidad final.
Alinear incentivos
El concesionario busca rentabilidad legítima, pero puede intentar reducir costos a expensas del servicio. El usuario desea calidad y tarifas razonables. El regulador enfrenta limitaciones presupuestarias, técnicas o políticas. El gobierno puede privilegiar resultados de corto plazo. El supervisor, muchas veces, queda económicamente vinculado a quien debe vigilar.
El problema no son los intereses distintos, sino un diseño institucional que permite que alguno prevalezca sin control. Por eso las buenas concesiones no descansan en la virtud de sus actores, sino en reglas que alinean sus incentivos.
Cuando el Estado reconoce que un privado puede prestar mejor un servicio, también debe reconocer que la supervisión técnica puede realizarla un especialista verdaderamente independiente. Lo que se contrata es capacidad técnica especializada para medir, inspeccionar, verificar, documentar y reportar.
Separar funciones
Es más sano distinguir claramente cuatro roles:
El concedente, que define la política y celebra el contrato.
El operador (concesionario), que presta el servicio.
El supervisor técnico independiente, que mide, verifica y documenta el cumplimiento.
El regulador, que analiza informes y adopta decisiones regulatorias o sancionadoras.
El supervisor independiente
El supervisor técnico independiente mide, inspecciona, verifica, documenta y reporta. No sustituye al regulador, pero deja constancia verificable de hechos que la autoridad no debería poder ignorar.
Deberá seleccionarse por licitación pública, con plazo fijo, rotación, incompatibilidades, remuneración no controlada directamente por el concesionario, informes públicos y auditorías aleatorias sobre su propio trabajo. Debe existir prohibición de prestar servicios al concesionario durante y después de la supervisión por un período determinado, y obligación de revelar conflictos de interés.
Reconozco que el supervisor privado también puede ser capturado. La independencia depende de selección competitiva, financiamiento protegido, rotación, transparencia y responsabilidad.
Un mercado de la supervisión
La propuesta supone desarrollar un mercado profesional de supervisión, con firmas acreditadas, responsabilidad patrimonial, seguros e incentivos basados en reputación. Su principal activo debe ser la credibilidad de sus informes.
¿Quién paga? El costo forma parte de la economía de la concesión, pero el concesionario no debe contratar, escoger ni pagar directamente al supervisor. Los recursos se administran mediante un fondo o fideicomiso con reglas automáticas, de modo que ni el concesionario ni la autoridad política puedan premiar o castigar económicamente según el contenido de los informes.
La supervisión tiene un costo, pero la ausencia de supervisión efectiva suele costar mucho más en servicios deficientes, rescates, litigios y adendas.
Quién vigila al supervisor
Cuatro controles:
Transparencia total con informes públicos.
Responsabilidad patrimonial por negligencia, falsedad u omisión.
Auditorías aleatorias y revisión por pares.
Rotación y límites temporales con incompatibilidades posteriores.
Indicadores y tecnología: herramientas clave
El supervisor trabajará con indicadores objetivos y verificables: continuidad, calidad, tiempos de respuesta, mantenimiento, inversión y satisfacción del usuario. Los indicadores deben ser relevantes, resistentes a manipulación y vinculados a resultados que importen al ciudadano.
Los incumplimientos objetivos activan automáticamente consecuencias contractuales previamente definidas y proporcionales. Para casos que requieran interpretación, se aplica un procedimiento técnico independiente y rápido.
La tecnología reduce discrecionalidad: IA para detectar riesgos y anomalías, blockchain para trazabilidad, aplicaciones ciudadanas para reportes y contratos inteligentes para ejecución automática. La inteligencia artificial prioriza revisiones, pero no sustituye la decisión motivada de la autoridad en sanciones o terminaciones.
Ejemplos concretos
• Electricidad: Si la frecuencia o duración de interrupciones supera durante tres meses el límite pactado, se activa automáticamente el descuento correspondiente y un plan obligatorio de corrección.
• Residuos: Omisión en rutas comprobada mediante registros georreferenciados genera descuento automático del pago.
• Puertos: Incumplimiento de inversión suspende la liberación de garantía y activa revisión técnica independiente.
Rendición de cuentas ampliada
La fiscalización no debe concentrarse solo en el concesionario. También debe evaluarse al regulador: si inspeccionó, actuó oportunamente, aplicó medidas y explicó sus decisiones. El regulador debe tener indicadores sobre sus tiempos de respuesta y omisiones.
La omisión regulatoria no puede seguir siendo invisible. Debe dejar huella, ser medible y producir responsabilidad. El control político es necesario, pero la supervisión independiente le proporciona evidencia objetiva y reduce el espacio para retrasos por consideraciones no técnicas.
Conclusión
Este modelo no pretende sustituir funcionarios por algoritmos ni reemplazar al Estado por empresas privadas. Busca construir un sistema en el que el concesionario sepa que será medido, el supervisor que será auditado, el regulador que su omisión quedará registrada y el político que los hechos comprobados no podrán desaparecer.
Una buena concesión no se define solamente por el contrato firmado el primer día, sino por la calidad del servicio que recibe el ciudadano diez o veinte años después.
No basta con vigilar al concesionario. Hay que vigilar también al vigilante.
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