El ciclo que normaliza el abuso del poder
23 de Diciembre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
Usted se levanta una mañana y decide ser servidor público. No es un accidente ni una fatalidad: es una decisión consciente. Hace campaña, gana una elección o es designado conforme a los mecanismos constitucionales y legales vigentes. Desde ese momento deja de ser un ciudadano común y adquiere una condición jurídica especial, con deberes reforzados, prohibiciones específicas y controles más estrictos.
Lo que muchas veces no se comprende es que, a partir de ese momento, cada acto, omisión y silencio puede alimentar un ciclo que, con el tiempo, termina normalizando el abuso del poder. No ocurre de golpe ni siempre de forma ilegal. Ocurre paso a paso, bajo apariencias de legalidad, hasta que lo excepcional se vuelve rutina y la corrupción deja de escandalizar.
El cargo no es solo un honor. Es una carga jurídica. El ordenamiento le exige declarar su situación patrimonial: bienes, cuentas bancarias, deudas, participaciones societarias, fundaciones, fideicomisos u otras estructuras. Debe identificarse como beneficiario final y declarar conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes. También queda sujeto a prohibiciones para ejercer actividades privadas incompatibles y a restricciones para contratar con el Estado.
Nada de esto es discrecional. Todo está regulado. Todo es exigible. Y todo debería servir para prevenir abusos, siempre que no se reduzca a un trámite formal sin análisis ni verificación.
Desde el punto de vista del sistema financiero, el servidor público puede adquirir la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP). Esto implica controles reforzados: aprobación a nivel gerencial, monitoreo intensificado y revisión constante de operaciones inusuales. Antes, ante una operación sospechosa, el banco debía reportar y mantener la relación para preservar la trazabilidad del dinero. Hoy puede cerrar la cuenta de inmediato. En su momento, como regulador, critiqué este cambio. El resultado es paradójico: se pierde continuidad informativa y se dificulta reconstruir los flujos financieros.
El servidor público recibe un salario. Tomemos un ejemplo sencillo: un ministro de Estado percibe, luego de deducciones legales, alrededor de cinco mil ochocientos dólares mensuales. A partir de ahí, el análisis debería ser automático: ¿es congruente ese ingreso con su estilo de vida?
Sin embargo, aparecen trajes costosos, relojes de alto valor, vehículos de lujo, cambios de residencia, alquileres o compras de inmuebles significativamente más caros. Cada una de esas decisiones activa obligaciones para terceros: comercios, inmobiliarias, joyerías, concesionarios y profesionales. Todos deben conocer al cliente, evaluar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas.
El marco existe. Los sujetos obligados existen. Pero muchos prefieren no preguntar. Prefieren vender. Prefieren no saber. La ignorancia deliberada no exime responsabilidad. El problema no es la falta de normas; es la falta de ejecución. Se audita lo financiero, pero casi nunca el estilo de vida.
A esto se suma el tema de los conflictos de intereses. No basta declarar bienes. Un conflicto existe cuando un interés privado puede influir en el ejercicio imparcial de la función pública. Esto incluye beneficios derivados de contrataciones públicas, especialmente cuando se recurre a procedimientos excepcionales o contrataciones directas, y cuando las sociedades beneficiadas están controladas por el propio funcionario o su entorno cercano (familiares, por ejemplo) como beneficiarios finales, aunque no figuren formalmente como accionistas.
Aquí el sistema falla de forma crítica: las declaraciones no se cruzan, no se analizan, no se verifican ni se auditan. En algunos casos falta competencia legal (Ley 129 de 2020 y el concepto de autoridad competente limitado); en otros, voluntad institucional (por ejemplo, en materia de contrataciones públicas). Quien debería tener acceso a toda la información no la tiene (por ejemplo, la ANTAI). La prevención desaparece y todo se traslada a la etapa penal, cuando el daño ya está hecho.
Cuando finalmente se abre una investigación por enriquecimiento injustificado, la defensa es predecible. Se argumenta que los ingresos provienen de contratos con el Estado. Muchas veces es cierto. Superadas las prohibiciones legales de contratar que pueden tener los servidores públicos, el problema no es solo el contrato, sino cómo se otorgó. Procedimientos legales, sí, pero poco lógicos. Se insiste en la legalidad formal, en que no se es accionista, en que los titulares son terceros. El punto central sigue siendo el mismo: la trazabilidad económica real.
En otros casos, el servidor público, o su círculo familiar cercano, aparece como consultor. Presenta contratos, servicios especializados y honorarios profesionales. Detrás hay estructuras diseñadas por abogados, contadores y auditores que crean una apariencia de legalidad. Son facilitadores clave, pero rara vez investigados o sancionados.
El tiempo juega a favor del sistema defectuoso. Investigaciones largas, procesos extensos y sentencias tardías producen prescripción, pérdida de pruebas, desgaste y frustración institucional. Y cuando hay condena, las sanciones suelen ser conmutables y no afectan el beneficio económico obtenido.
Desde un análisis costo-beneficio, el mensaje es claro: el riesgo vale la pena. Se pierde, en el peor de los casos, lo que se logra localizar internamente, pero los activos externos casi nunca se recuperan. Sin brújula moral, muchos toman el riesgo. Ya han visto que funciona.
Cuando la investigación inicia, usualmente bajo un gobierno distinto, aparece la narrativa de persecución política. Es funcional, aunque no jurídica. La causa real es otra: la falta de independencia de quienes deben investigar a todos, no solo a los del pasado.
En el contexto nacional reciente, este ciclo no es una hipótesis. Es un hecho observable. Es el quid del asunto. Es lo que no permite esperar más ni algo muy diferente. En las últimas elecciones y en nombramientos posteriores han resultado electas o designadas personas con señalamientos y casos de corrupción que no llegaron a nada, ya sea por prescripción, archivo, dilaciones o simples fallas del sistema. El mensaje fue claro: el tiempo protege y la impunidad recompensa.
Así se cierra el ciclo. Y así vuelve a empezar.
Romper este ciclo exige más que una reforma aislada. Requiere controles efectivos en cada etapa y responsabilidades reales para autoridades, sujetos obligados, profesionales, órganos de control y colegios profesionales. El diagnóstico es conocido: algunos no quieren, otros son cómplices, algunos no pueden y muchos no saben.
Las herramientas jurídicas existen. Algunas requieren y pueden ser mejoradas. Las instituciones existen. Algunas requieren y pueden ser reforzadas. Lo que falla, por falta de voluntad, es la ejecución, la coherencia y la consecuencia. Y mientras eso no cambie, la confianza pública seguirá siendo la principal víctima.
Cuando el abuso del poder no tiene consecuencias reales, deja de ser una anomalía y se convierte en un antecedente aceptable. La corrupción ya no necesita esconderse; solo necesita esperar. Mientras no rompamos ese ciclo con controles efectivos e independencia institucional, seguiremos eligiendo y nombrando a quienes ya demostraron que el riesgo valía la pena.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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