Nada cambia porque nada debe cambiar: el país atrapado en la lógica de los hechos cumplidos.
20 de Enero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Los hechos cumplidos son una de las coartadas más eficaces del poder mal ejercido. Bajo su amparo se toman decisiones que, de otro modo, resultarían indefendibles. Se actúa primero y se razona después. O peor aún: se actúa y luego se construye una narrativa para justificar lo ya hecho. Así, la urgencia se convierte en método, la excepción en regla y el daño colateral en un costo aceptable que nunca asume quien decide.
Difícilmente se pueden cambiar las cosas para mejorar cuando el criterio fundamental es, supuestamente, resolver urgencias. Todo se termina haciendo por el peso de los hechos cumplidos. Se contrata por urgencia. Se refrenda lo que no se debe refrendar. Se contrata con quien no se debe contratar. No se investiga a quien se debe investigar cuando se trata de entidades que prestan bienes o servicios “indispensables”. La lógica es siempre la misma: no hacerlo, o hacerlo conforme a la ley, generaría un daño grave e inmediato a la comunidad.
Así se instala una disyuntiva perversa: hacer lo correcto produce perjuicios visibles; hacer lo incorrecto produce beneficios inmediatos. Bajo esa lógica, la legalidad estorba, la ética incomoda y la justicia se vuelve un lujo prescindible. El beneficio intangible de hacer lo correcto —respetar la ley, sancionar al infractor, romper malas prácticas— se menosprecia frente al supuesto beneficio tangible de la continuidad del servicio, aunque esa continuidad se sostenga sobre bases podridas.
Lo más grave es que nunca se aprende. Nunca se sale del círculo vicioso. Cada crisis se presenta como única, irrepetible, excepcional. Nunca como una oportunidad para corregir. Nunca como un punto de quiebre que permita decir: esta vez lo haremos distinto. Esta vez habrá un antes y un después. Por el contrario, se normaliza la idea de que siempre habrá una razón válida para no cambiar nada.
Limpieza urbana, recolección de basura, hospitales, servicios básicos: todos terminan contratados de forma excepcional, de manera permanente. Bancos que han violado la ley, empresas que han participado en actos de corrupción, proveedores con historiales cuestionables: todos son presentados como indispensables. No es posible sacarlos del circuito. Ni siquiera por un tiempo. Ni siquiera para enviar una señal clara de que el incumplimiento tiene consecuencias.
El argumento es recurrente: no hay alternativas. No se puede parar el servicio. No se puede arriesgar el sistema. No se puede afectar a la ciudadanía. Pero lo que nunca se mide es el daño acumulado que estas decisiones generan en algo que no tiene precio: la confianza. La credibilidad institucional. La idea misma de que las reglas importan y se aplican por igual.
Cada malabarismo jurídico, cada interpretación forzada, cada refrendo complaciente destruye un poco más la justicia. Todo se busca justificar como legal, aunque sea evidente que no lo es. Y con el tiempo se instala una percepción peligrosa: la ley no sirve, es injusta o es inútil. Precisamente cuando más se la necesita. Precisamente cuando debería ser el ancla que evite que todo se deslice hacia el relativismo absoluto.
El verdadero problema no es la urgencia, sino la decisión consciente de justificar lo injustificable. De dejar claro, sin decirlo, que no se quiere cambiar. Que no se desea un punto de inflexión. Que se prefiere vivir en un presente perpetuo, sin pasado que pese ni futuro que obligue. Un hoy continuo, sin consecuencias legales reales para quienes deberían asumirlas.
En ese presente eterno, las responsabilidades se diluyen. Nadie responde. Nadie paga. Nadie aprende. La excepcionalidad se vuelve permanente y la ilegalidad tolerada se convierte en política pública informal. Se envía así un mensaje devastador: cumplir la ley es opcional; incumplirla es negociable; violarla, si se hace desde una posición estratégica, es perdonable.
Esto no solo afecta a los grandes casos. Contamina todo el sistema. El funcionario honesto se desmotiva. El empresario que cumple se siente ingenuo. El ciudadano pierde fe. Y cuando la confianza se erosiona, ningún contrato, ningún servicio y ninguna reforma funciona como debería.
Avanzar como sociedad exige algo más que resolver urgencias. Exige decisiones incómodas. Exige aceptar costos de corto plazo para proteger beneficios de largo plazo. Exige, sobre todo, la valentía de romper el ciclo de los hechos cumplidos y afirmar, con actos y no con discursos, que la ley importa, incluso cuando resulta inconveniente. Sin eso, no hay progreso posible.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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