El verdadero negocio no es la corrupción: es la impunidad.
27 de Enero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
La reciente IV Encuesta de Ciudadanía y Derecho 2025, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), titulada Perspectivas, tensiones y retos en un contexto de incertidumbre, divulgada el 20 de enero de 2026, revela que, nuevamente y para sorpresa de pocos, en Panamá la corrupción es la principal preocupación del país (37 %).
La corrupción supera ampliamente temas como el desempleo y las condiciones laborales (23.8 %), el costo de la vida y la inflación (8.1 %) y la salud (2.9 %).
El 62 % considera que la corrupción ha aumentado mucho, y una amplia mayoría cree que la corrupción no se investiga de forma efectiva y que denunciar conlleva riesgos personales. La percepción de corrupción es especialmente alta en la política y el sistema judicial. El estudio completo puede verse aquí.
Esta tendencia no es nueva. Se observa ya en las encuestas del CIEPS de 2019, 2021 y 2023. Esta percepción también se refleja en la encuesta “Vea”, publicada en La Estrella de Panamá el 3 de julio de 2025.
La pregunta inevitable es: ¿qué hemos hecho y qué hacemos con esta valiosa información?
No está del todo claro. Por razones diversas y complejas, la lógica como respuesta ha dejado de funcionar.
¿Qué debía esperarse? ¿Un rechazo frontal a todo lo que represente o implique corrupción? ¿Ese rechazo debía reflejarse en la elección de autoridades? Sin embargo, y por razones que exceden el alcance de este artículo, pueden ser electas —y han sido electas— autoridades que luego nombran, rebajan penas o incluso perdonan a personas vinculadas con casos de corrupción. Y lo han hecho.
Esta contradicción evidente tiene múltiples antecedentes que merecen ser considerados.
En un artículo titulado “El misterio de la corrupción por resolver”, publicado el 30 de septiembre de 2019, analizábamos los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2019: América Latina y el Caribe. Esta encuesta mide la llamada pequeña corrupción, a diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción —elaborado por Transparencia Internacional—, que busca medir la gran corrupción mediante una metodología basada en la agregación de otros índices y encuestas.
El Barómetro Global de la Corrupción es distinto. En el índice general de soborno —esto es, el porcentaje de panameños que indicaron haber pagado un soborno para obtener servicios públicos en los 12 meses previos a la encuesta—, el resultado fue de 18 %, lo que equivale a aproximadamente 751,000 personas.
En 2017, Panamá, con un 38 % (alrededor de 1,520,000 personas), se ubicaba como el tercer país con mayor incidencia de pago de sobornos, empatado con Venezuela y solo por debajo de México (51 %) y República Dominicana (41 %).
A la pregunta de si los niveles de corrupción habían cambiado en los 12 meses previos, en 2017 el 52 % señaló que la corrupción había aumentado. En 2019, ese porcentaje subió a 56 %.
En 2017, el 57 % de los encuestados consideró que el gobierno del momento actuaba mal en la lucha contra la corrupción. En 2019, esa percepción aumentó dramáticamente hasta el 79 %.
El secretario general de las Naciones Unidas ha señalado que la corrupción provoca pérdidas equivalentes al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. En Panamá, ello equivaldría aproximadamente a 18 mil millones de dólares en los últimos diez años.
Contrastamos entonces esas cifras con información pública disponible en su momento.
El Tribunal de Cuentas había logrado recuperar apenas un millón de dólares en efectivo en casos de corrupción investigados durante el quinquenio 2014–2019. Se estimaba que estaban en proceso de recuperación cerca de 150 millones de dólares en casos de alto perfil que aún no contaban con sentencia en firme. En ese mismo período, el Tribunal de Cuentas acumulaba alrededor de 30 millones de dólares en condenas y otros 30 millones en medidas cautelares.
Por su parte, la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción del Ministerio Público informaba que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019, había atendido 1,700 casos de primer ingreso.
El contraste es evidente.
Pero para entender mejor este fenómeno es necesario ir más atrás y más profundo.
Celestino Araúz, en Estructuras y prácticas de la corrupción en Panamá, antes, durante y después del 28 de noviembre de 1821. XVII Congreso Nacional de Sociología, 2021, recoge citas históricas contundentes que ayudan a contextualizar el problema. Por ejemplo, resultan reveladoras las siguientes.
En 1865, el ministro consejero de Estados Unidos en Bogotá, Allan Burton, escribía sobre los jefes de Estado de las provincias costeras —entre los cuales, para él, el peor era Panamá—:
“Están en manos de hombres cuyo principal incentivo para ocupar los cargos es la oportunidad que se les ofrece para conseguir sus egoístas e indignos fines”.
Carlos Martínez Silva, en 1880, afirmaba:
“La política en Panamá carece de principio y de dignidad. La lucha empeñada para asaltar el poder, con rapacidad escandalosa, no es siquiera entre círculos, sino entre familias”.
De otro trabajo muy recomendable rescatamos las siguientes citas, que a mi juicio resultan especialmente reveladoras.
Luzzani observó que la aceptación cultural del soborno en América Latina hace que la administración pública “funcione mejor” en la región, lo cual se combina con leyes inadecuadas, irreverencia por la ley —incluso cuando es adecuada— e impunidad de los corruptos (Luzzani, 2002).
Mockus, por su parte, encontró que comportamientos abiertamente ilegales y, con frecuencia, moralmente reprobables, son culturalmente aceptados o tolerados en contextos específicos de América Latina (Mockus, 2011).
Uildriks concluye que la corrupción no es un problema exclusivo de las instituciones políticas, sino que está profundamente arraigada en el trasfondo cultural de las sociedades latinoamericanas, donde es parte inextricable de la vida pública (Uildriks, 2009).
Para Diament, la corrupción en América Latina no es simplemente una desviación social: es una forma de vida (Diament, 1991).
Este contexto lo recoge la obra Por sus frutos los conoceréis, de Jasón García Portilla, un estudio de métodos mixtos sobre corrupción, competitividad y cristianismo en Europa y América.
El problema, en realidad, no es la corrupción.
El problema es la impunidad y el modelo de negocios que prevalece.
Siempre me ha llamado la atención una caricatura de Paul Noth que muestra a un grupo de hombres, en apariencia políticos. Uno de ellos le dice al resto: “Debemos arrancar de raíz la corrupción en los niveles más altos del gobierno y hacer que parezca que está ocurriendo en los niveles más bajos del gobierno”.
Lo ilustro con un ejemplo personal. He vivido la pequeña corrupción en el sistema de salud. La viven muchos panameños a diario. En el Instituto Oncológico, pacientes y familiares llegan de madrugada para hacer fila y asegurar un cupo. Algún agente de seguridad ofrecía, a cambio de un pago, asegurar un puesto en la fila.
Personas debilitadas por el cáncer o por su tratamiento, y familiares desesperados, se convierten así en víctimas de un problema adicional. Algunos no lo piensan dos veces. No hay tiempo para disquisiciones académicas. El dilema moral y ético es profundo. Esta impunidad en la pequeña corrupción erosiona la confianza pública y añade dolor al sufrimiento y penurias reales. No es teoría ni percepción.
En el modelo de la gran corrupción, el problema —si no se atiende desde antes de iniciar— suele discurrir de otra forma distinta, que en ocasiones pasa desapercibida y parece afectar menos de forma directa. Esa idea es equivocada.
Se compra el terreno donde se construirá un hospital oncológico mediante una persona con información privilegiada. Compra barato y vende caro porque sabe dónde estará ubicado el proyecto.
Se contrata por procedimiento excepcional a un arquitecto que presenta planos “atractivos”. Gana frente a cualquier colega porque su contratación directa no es casual.
Se contratan préstamos o facilidades crediticias. Se inflan precios. Se introducen adendas y los costos aumentan. Inspectores miran hacia otro lado. Facilitadores del crédito, satisfechos con sus generosas comisiones, no reparan en nada más.
Se utiliza el mismo circuito de abogados, contadores y auditores. Todo se vuelve legal y formal. Ellos mismos son contratados de manera excepcional y no competitiva. No es casual ni gratuito. Cualquiera fuera del círculo no puede siquiera competir.
Deprimente, pero hay que seguir intentándolo. Aunque resulte trillado, se deben fortalecer instituciones independientes y se debe proteger a quien se atreve a denunciar: dos propuestas concretas de solución. No es fácil, pero tampoco imposible. La ciudadanía debe permanecer siempre exigente. Sin exigencia, solo parece haber complacencia.
Este parece ser el mundo tal como es hoy.
Definitivamente, no es el mundo que deseamos que sea.
Por ello, recuerdo esta cita:
“Tenemos que lidiar con el mundo tal y como es, no como deseamos que sea, pero eso no significa que debamos aceptarlo como es para siempre”.
—Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de los Estados Unidos.
Y hablando de citas, hoy en día una cita puede venir de cualquiera. No es el autor: es el mensaje.
Así, por ejemplo, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever —conservador de derecha—, terminó citando en Davos al filósofo comunista Antonio Gramsci.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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