Cuando cumplir la ley no basta: riesgos reputacionales, fondos públicos y cooperación internacional
3 de Febrero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
Fui invitado recientemente por la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO) a participar como panelista en un foro ejecutivo sobre gestión del riesgo en la recaudación de fondos y las alianzas estratégicas. El público estaba compuesto por directores ejecutivos y equipos gerenciales de organizaciones sin fines de lucro panameñas, todos en roles de toma de decisiones.
El objetivo del foro era claro: abordar la recaudación de fondos no solo como un ejercicio de movilización de recursos, sino como un proceso que exige una mirada integral de gestión de riesgos financieros, operativos y, sobre todo, reputacionales. Esa perspectiva —la de la cooperación internacional y de los donantes institucionales— es la que quiero compartir aquí.
Desde fuera, a veces se percibe que la gestión del riesgo busca limitar o asfixiar a las organizaciones sociales. En realidad, ocurre lo contrario: su finalidad es proteger la sostenibilidad, la credibilidad y la capacidad de generar impacto en el tiempo.
Para los donantes internacionales, un problema reputacional en una organización asociada rara vez se queda aislado. Se convierte rápidamente en un riesgo sistémico que afecta la continuidad del financiamiento y las alianzas estratégicas.
Buen gobierno corporativo
Los donantes no esperan perfección. Sí esperan, o aspiran, buen gobierno corporativo. Algo mucho más básico y, a la vez, más exigente: reglas claras, decisiones documentadas (por ejemplo, un registro de reuniones de la junta directiva y la asamblea) y responsabilidades bien definidas. Quién decide, con qué criterios, quién supervisa y cómo se deja constancia de ello. Una junta directiva involucrada, criterios consistentes y procesos comprensibles pesan tanto como los resultados de un proyecto.
Transparencia entre donantes y beneficiarios finales
En ese marco, la transparencia respecto a donantes, beneficiarios y personas con control se vuelve cada vez más relevante. No se trata de exposición indiscriminada ni de desconocer preocupaciones legítimas de privacidad o seguridad. Se trata de transparencia proporcional al riesgo. Acceso razonable a información sobre beneficiarios finales y controladores, con límites justificados, en línea con estándares internacionales que muchas veces se aplican sin necesidad siquiera de mencionarlos (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI)).
Riesgo de blanqueo de activos
Un punto que genera incomodidad es el riesgo de blanqueo de activos o financiamiento del terrorismo en organizaciones legítimas. Existen listas de verificación de debida diligencia de utilidad para las ONGs. Conviene decirlo sin rodeos: que una organización sea legítima no elimina el riesgo; solo cambia su perfil. No es una cuestión de desconfianza ni de criminalización del sector social. Es, precisamente, una forma de evitar que organizaciones con buena reputación sean utilizadas por terceros. La legitimidad reduce el riesgo, pero no lo elimina.
Conflictos de interés y fondos públicos
Un punto especialmente sensible —y con frecuencia subestimado— es el de los conflictos de interés cuando intervienen fondos públicos. Desde la perspectiva de la cooperación internacional, el cumplimiento legal es apenas el punto de partida. Nunca el punto de llegada.
En Panamá, la Ley 316 de 2022 establece un marco mínimo en materia de conflicto de intereses aplicable a las ONG cuando participan en licitaciones o gestionan fondos públicos. Pero ese marco tiene grietas evidentes. Su no aplicación en los procedimientos excepcionales de contratación, lejos de eliminar el riesgo, lo amplifica. Lo que desaparece es la prohibición legal expresa; lo que permanece —y se agrava— es el riesgo reputacional.
Aquí conviene decirlo con claridad: que algo no esté prohibido por la ley no lo convierte automáticamente en aceptable desde la óptica de la cooperación internacional. Los donantes no evalúan únicamente legalidad; evalúan integridad. Y la integridad se pone a prueba precisamente en los márgenes: en las excepciones, en los atajos, en los procedimientos diseñados para “resolver urgencias”.
Desde la perspectiva externa, estas situaciones generan percepciones negativas. Una organización puede cumplir formalmente la ley y, aun así, generar señales de alerta si no ha identificado, gestionado y documentado adecuadamente sus conflictos de interés, reales o aparentes. La ausencia de una prohibición legal no neutraliza la percepción de captura, favoritismo o trato preferencial cuando hay recursos públicos involucrados.
Por eso, para la cooperación internacional, la pregunta relevante no es solo ¿esto es legal?, sino ¿esto es defendible? ¿Puede la organización explicar con tranquilidad —ante un donante, un auditor o la opinión pública— por qué tomó esa decisión, bajo qué criterios y con qué salvaguardas? Si la respuesta es dubitativa, el riesgo ya está materializado.
La ley fija mínimos. La gobernanza responsable exige ir más allá, especialmente cuando se manejan fondos públicos, cooperación internacional o procedimientos excepcionales. No hacerlo no es una omisión técnica: es una apuesta innecesaria contra la confianza.
Donaciones cripto
Un tema especialmente actual es el de las donaciones en criptomonedas. En 2024 se superó el billón de dólares en donaciones cripto a nivel global. Un trabajo reciente de la EU AML/CFT Global Facility señala que el 70% de las 100 principales organizaciones de caridad listadas por Forbes ya aceptan criptomonedas. Panamá, además, ha recibido asistencia técnica de esta misma iniciativa en materia de prevención de blanqueo y registro de beneficiarios finales.
La promesa es atractiva: pagos transfronterizos más rápidos, menores costos y acceso a poblaciones no bancarizadas —1.300 millones de personas en el mundo—. El Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ha canalizado más de 325 millones de dólares vía blockchain para apoyar a refugiados en varios países.
La discusión, sin embargo, no es si las donaciones en cripto son aceptables. Resulta oportuno reconocer que existen riesgos específicos como la volatilidad o el anonimato. La pregunta es otra: ¿tiene la organización la capacidad de entenderlas, rastrearlas, explicarlas y defenderlas frente a un donante institucional, un auditor o la opinión pública? Si un socio internacional pregunta cómo se evaluó y supervisó esa donación, ¿hay una respuesta clara y documentada?
1* Over $billion in Crypto donations in 2024. Are NGOs ready for the risks? EU AML/CFT Global Facility
https://www.nonprofitpro.com/article/report-crypto-giving-exceeds-1b-in-2024/
Mi experiencia
A lo largo de los años —como director y presidente de ONG, desde el sector público y privado, y también desde una experiencia muy cercana al trabajo operativo del sector social (esposa ex directora de ONG)— he escuchado con frecuencia ciertos argumentos recurrentes.
● “El riesgo no nos aplica, somos pequeños.” El tamaño no elimina el riesgo; solo cambia su escala. Muchas alertas no surgen por montos elevados, sino por decisiones mal documentadas y ausencia de criterios claros.
● “Nunca hemos tenido un problema.” Precisamente por eso. La gestión del riesgo es preventiva, no reactiva. La ausencia de incidentes pasados no garantiza el futuro si no hay políticas que lo respalden.
● “Pedir información afecta la privacidad.” La cooperación internacional no busca exposición innecesaria, sino entender con quién se trabaja y por qué. Si una organización no puede explicar con serenidad por qué aceptó una donación, probablemente no hizo la reflexión adecuada. Existe además la ley de protección de datos, la cual también debe ser considerada dentro de la idea de transparencia proporcional.
● “Hablar de lavado estigmatiza.” El riesgo no está en la misión, sino en los flujos financieros. Reconocerlo es una señal de madurez institucional.
● “Si cumplimos la ley, es suficiente.” Para los donantes, la ley fija mínimos. La buena gobernanza eleva los estándares cuando hay fondos públicos, cooperación internacional o situaciones excepcionales.
● “Esto es demasiado para el sector social.” No se esperan estructuras corporativas complejas, sino criterio, coherencia y responsabilidad proporcional. La claridad importa más que la sofisticación.
La gestión del riesgo no es una carga adicional. Es una herramienta para proteger la misión. Los donantes financian la confianza tanto como los proyectos. Las buenas intenciones no sustituyen al buen gobierno. La transparencia debe ser proporcional, pero real. Y las organizaciones más sólidas no son las que no tienen riesgos, sino las que los entienden y los gestionan con honestidad. Invito a las ONGs a revisar sus prácticas actuales a la luz de lo expuesto.
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Por: Carlos Barsallo
Abogado
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