Archivo Vivo: La escuela de torturadores
16 de Octubre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
La persecución de disidentes y la represión política son tareas que los gobiernos “democráticos” y las dictaduras asignan a cuerpos especializados que se manchan las manos en nombre del orden público y de la estabilidad social. Aunque una historia completa de los ultrajes, persecuciones, torturas e indignidades cometidas por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Defensa de Panamá es una tarea pendiente en la sociedad panameña, algunos de estos crímenes deben servirnos de indicios de la existencia de una cultura institucional proclive a la comisión de estos crímenes.
En el periodo cubierto por este artículo, los oficiales y agentes de la institución armada panameña recibieron mucho entrenamiento por parte de academias militares y centros especializados en países con sangrientas dictaduras. Igualmente, hubo una relación de cooperación muy estrecha con la Escuela de las Américas, ubicada en la antigua Zona del Canal, y otros entrenamientos en lucha antisubversiva proporcionados por el gobierno de los Estados Unidos.
Rodolfo Aguilar Delgado
El primer caso de esta lista ocurrió antes de la dictadura militar (1968-1989) y, por lo tanto, sirve para explorar la cultura del poder y el uso de la tortura contra los disidentes en Panamá.
El 24 de octubre de 1963 fue detenido en Puerto Armuelles el líder sindical de las bananeras Rodolfo Aguilar Delgado, de 24 años. Este sindicalista había sido un actor muy importante en la gran huelga bananera de 1960, por la cual se obtuvo un aumento de salario de los trabajadores bananeros, su incorporación al régimen de seguridad social y la regularización de otras medidas de protección social.
Aguilar Delgado pertenecía al Partido del Pueblo y, como tal, fue calificado como “comunista” y, por esto, dada su importancia para el movimiento sindical, fue particularmente perseguido. Ese día, el 24 de octubre de 1963, Rodolfo Aguilar Delgado fue torturado en el cuartel de Puerto Armuelles. Primero se le echó agua caliente sobre su cuerpo, se le golpeó con cadenas y se le arrancaron las uñas. Los gritos de Aguilar Delgado se podían escuchar en las cercanías del cuartel. Un niño, trepado en un árbol cerca del lugar, fue testigo de las torturas que sufrió Aguilar Delgado.
Por su muerte fueron juzgados y condenados Juan Barroso, jefe del destacamento de Barú, y los agentes Ricardo “Orejita” Ruiz, Salvador y Manuel Canto. En 1967, todos los implicados fueron beneficiados con una ley de amnistía que fue expedida en referencia a la represión violenta de unas protestas en Colón; sin embargo, los asesinos de Aguilar Delgado también fueron amparados por esta amnistía. En 1997 se creó el corregimiento “Rodolfo Aguilar Delgado” en la zona bananera, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.
Dora Ceferina Moreno Jaén (Dorita Moreno)
Luego del golpe militar del 11 de octubre de 1968 contra el entonces presidente de la República, Arnulfo Arias Madrid, la población panameña no se quedó cruzada de brazos ante la irrupción de los militares en el dominio del Estado. Los jóvenes, sobre todo los simpatizantes del panameñismo, organizaron una resistencia armada frente a la Guardia Nacional. La denominada “guerrilla panameñista” confrontó a las tropas de la Guardia Nacional en Piedra Candela, en las tierras altas de Chiriquí, en Cerro Azul y en las Guacas de Quije, al norte de Penonomé.
La joven panameñista tenía 26 años cuando murió. Ella era corredora de aduanas y estudiaba en la Universidad de Panamá para ser profesora de español. Dorita pertenecía a los boinas negras del partido panameñista, un grupo de militantes dispuestos a la confrontación física en defensa de sus ideales.
De acuerdo con el portal “Dumas Informa”, Dorita escribió en su diario el 24 de enero de 1969:
“Nos hemos levantado con el fin de volver al régimen constitucional y por la restauración total de nuestro querido Panamá; no permitiremos ni a los militares ni a los aprovechadores de ocasión.
Nuestro grupo está compuesto por 11 jóvenes de 19 a 26 años, a lo sumo. Nuestro jefe está bien entrenado en armas y, a pesar del primer fracaso en el primer día de guerrilla, supo calmarnos y conseguir que no se dispersara el grupo. Un señor de más de 35 años, que había venido a unírsenos, se regresó a la ciudad.
Nuestro grupo cuenta con un equipo casi completo (víveres, armas y ropa), y son muchachos que van a vencer o morir. Todos hemos dejado a hijos, padres, esposos, novios, etc. Pero ninguno se ha puesto sentimental. Nos une un ideal, una causa justa para todo nuestro pueblo, ‘Por un Panamá mejor para todos los panameños’. Esperamos triunfar”.
El 1 de febrero de 1969, en los cafetales de Huacas de Quije, tropas de la Guardia Nacional arrinconaron y capturaron a seis jóvenes guerrilleros panameñistas. Dorita Moreno, la única mujer del grupo, fue violada múltiples veces delante de sus compañeros antes de ser ejecutada. Dorita estaba junto a Heriberto Manzzo, Javier Guerra, Daniel Heart, José Pimentel y Cesáreo Tejada, todos los cuales fueron ejecutados ese mismo día.
El cuerpo de Dorita fue envuelto en alambre de púas y dejado a la intemperie como una amenaza a la población local. Los vecinos del área y un sacerdote procedieron a enterrarla. En 1982, su cuerpo fue desenterrado por un hermano y recibió formal sepultura en el cementerio de La Chorrera. Los restos de sus cinco compañeros se desconocen.
Por este caso fueron investigados: el subteniente Julio Alberto Altamiranda Hernández, el subteniente Moisés del Río, el sargento Eugenio Magallón, el sargento segundo Melbourne Constantine Walker, el cabo Óscar Agrazal, el guardia Bienvenido Aguirre, el jefe del operativo mayor Tomás Douglas, junto con el capitán Roberto Armijo, jefe de la tercera compañía, además de los sargentos Moreno Flores, Silva y el subteniente Arturo Marquínez.
El 17 de febrero de 1993, un tribunal superior de la jurisdicción penal dictó el sobreseimiento de todos los procesados por la extinción del término de la acción penal, es decir, del periodo por el cual se podía investigar este caso.
Floyd Wendell Britton Morrison
Nacido en 1937 en la ciudad de Colón, provincia de Colón, Floyd Britton fue un líder estudiantil y posteriormente líder social, dedicado a promover un mejoramiento de la educación, la recuperación de la soberanía panameña, y luchó permanentemente frente a los abusos de poder de los distintos gobiernos del país.
En 1958 formó parte del grupo de líderes cívicos que promovió un cabildo ciudadano para cambiar al Concejo Municipal de la ciudad de Panamá, acusado de corrupción y de abandonar los asuntos del distrito de Panamá.
El 12 de febrero de 1968, al día siguiente del golpe militar, Britton fue detenido y llevado a la Cárcel Modelo, ubicada en el barrio de El Chorrillo de la ciudad de Panamá. Posteriormente, el 2 de noviembre, Britton fue trasladado a la isla de Coiba. Durante aproximadamente un año, Britton fue sometido a todo tipo de torturas que incluían descargas eléctricas, la exposición prolongada al sol, el ser amarrado y arrastrado por la accidentada superficie de la isla, y otras prácticas que causaron su muerte el 29 de noviembre de 1969.
Este crimen quedó en la impunidad total. Los restos de Floyd Britton nunca han sido encontrados y, a pesar de que hubo algunos testigos entre los presos que estaban en la isla de Coiba, no hubo un verdadero interés por parte de las autoridades en el periodo democrático de investigar este caso.
Jesús Héctor Gallego Herrera
El 9 de junio de 1971 fue el último día que se vio con vida al sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego Herrera, entonces de 33 años de edad. Según la mayoría de los datos consultados, el padre Gallego había llegado a Santa Fe de Veraguas en 1967, donde emprendió la tarea de organizar y educar al campesinado, en su mayoría explotado por algunos propietarios de tierras del área.
Gallego les ayudó a conformar una cooperativa que les sirviera como mecanismo económico para obtener mejores precios por los productos que debían adquirir y, a su vez, para facilitar el intercambio de sus propios bienes y servicios con el resto de la comunidad. Como parte de su labor pastoral, el padre Gallego lideraba círculos de lectura para que los campesinos y sus familias discutieran libros y analizaran su situación personal y social.
El padre Gallego confrontó directamente al orden establecido, al sistema económico y a la injusticia cotidiana que enfrentaban los campesinos. Esto le valió fricciones con algunos terratenientes locales, así como con las autoridades en la región.
Existen varias versiones de lo sucedido ese 9 de junio de 1971. Todas coinciden en que el padre Gallego fue detenido por los sargentos Eugenio Magallón y Melbourne Walker. Una versión expone que Gallego se resistió a la detención y, en el forcejeo con los policías, fue empujado y cayó por un barranco, rompiéndose la cabeza y muriendo en el acto. Luego, los militares lanzarían su cuerpo al mar para esconder el hecho.
Otra versión detalla que el padre Gallego estaba malherido por la golpiza y las torturas aplicadas por los miembros de la Guardia Nacional, por lo que fue traído a Panamá para recibir tratamiento médico, pero su condición no mejoró y falleció. Luego de su muerte, fue enterrado cerca del viejo aeropuerto de Tocumen. Otra versión cuenta que lo enterraron en el área de Divisa, en la provincia de Herrera.
Lo cierto es que el caso del padre Gallego fue declarado como una “desaparición forzosa”, que es una categoría del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para referirse a un tipo de crimen de lesa humanidad. Dado esto, el caso es imprescriptible.
Así, en 1994, se obtuvo la condena de Nivaldo Madriñán, Melbourne Walker y Eugenio Magallón por este caso. La condena fue de 15 años para cada uno, pero no fue hasta el 2 de mayo de 2025 que Magallón fue capturado para que cumpliera la pena por este delito, a pesar de sus 90 años de edad.
Los restos del padre Gallego siguen sin aparecer, pero la Fiscalía Superior de Homicidios de Veraguas, a cargo de la fiscal Tania Sterling, sigue investigando este caso.
Hugo Spadafora Franco
Este médico panameño, formado en Italia, combatió en las guerrillas de Guinea Bissau mientras realizaba estudios de especialización en Egipto durante la década de 1960. A su regreso a Panamá, practicó la medicina en el hospital Santo Tomás y sirvió como médico a la guerrilla panameñista luego del golpe militar de 1968.
Cuando fue detenido por esto, sus familiares intercedieron ante el general Omar Torrijos, quien lo incorporó a su gobierno. El doctor Spadafora llegó a ser viceministro de Salud en 1976, pero en 1978 dejó su cargo para unirse a la guerrilla sandinista en Nicaragua, que luchaba para acabar con la dictadura de Anastasio Somoza.
El doctor Spadafora fue jefe de la Brigada Internacional Victoriano Lorenzo, que participó ampliamente en la guerra de guerrillas de Nicaragua.
Luego de la muerte del general Torrijos, el 31 de julio de 1981, Spadafora tomó distancia del gobierno militar y cuestionó públicamente al general Manuel Antonio Noriega por sus vínculos con el narcotráfico.
El 13 de septiembre de 1985, Spadafora se desplazaba en un autobús en la provincia de Chiriquí cuando fue detenido por agentes de las Fuerzas de Defensa de Panamá, institución sucesora de la Guardia Nacional. Spadafora, de 45 años entonces, fue llevado al cuartel de Concepción, donde fue golpeado y torturado. A las 7 de la noche fue llevado al cuartel de Corozo, donde fue decapitado.
El cuerpo de Spadafora tenía señales de mucha violencia, ya que le habían arrancado las uñas de las manos, lo habían castrado y finalmente le habían cortado la cabeza. Sus restos fueron tirados dentro de una bolsa del Servicio de Correos de los Estados Unidos en Costa Rica, muy cerca de la frontera con Panamá. Su cabeza nunca apareció.
El 20 de octubre de 1994 fueron condenados por este repugnante crimen, a 20 años de prisión: el exgeneral Manuel Antonio Noriega y los exoficiales de las Fuerzas de Defensa Julio César Miranda y Francisco Eliecer González Bonilla.
Epílogo
Los casos aquí expuestos son apenas un puñado de los sucedidos en décadas pasadas. Existe una gran deuda de la sociedad panameña con la verdad histórica, con el resarcimiento económico a las víctimas y a sus familiares, pero sobre todo, el más grande pendiente es el de sanear a las instituciones de uniforme y al aparato de seguridad del Estado de cualquier manifestación de violencia, acoso o persecución a disidentes, manifestantes o hacia líderes de la sociedad civil organizada.
Aquí, la falta de supervisión civil y de un monitoreo constante de lo que ocurre en esos estamentos es la mayor invitación a más impunidad.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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