Imperdonable: dos inocentes condenados por la muerte de una mujer que está viva.
2 de Abril de 2026
Exclusivo para Contrapeso
En septiembre de 1985, el médico y guerrillero panameño Hugo Spadafora cruzó la frontera de Costa Rica con Panamá y tomó un autobús del cual fue bajado por agentes de las Fuerzas de Defensa de Panamá, quienes lo torturarían y decapitarían. Una de las pasajeras en ese bus, Florentina Quiróz, confirmó el secuestro del médico y vociferó contra los militares que gobernaban el país. Unos días más tarde, la señora Quiróz fue degollada y en su garganta apareció una moneda de 25 centavos. Por su crimen fue condenado Melanio Caballero, un jornalero chiricano que hacía trabajos ocasionales para la señora Quiróz.
Gracias a la colaboración del jurista chiricano Rodrigo Miranda, pude investigar el caso de Melanio Caballero e incluso conversar con él en la cárcel de David. El expediente había sido amañado y era obvio que los militares lo habían usado como distracción en el caso del asesinato de una testigo de secuestro del doctor Spadafora. Hice varias publicaciones periodísticas sobre el tema durante el gobierno del presidente de la República Guillermo Endara (1989-1994), pero no fue hasta que su sucesor, el presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), pasó una ley de amnistía por delitos políticos que Melanio Caballero fue liberado luego de pasar al menos 9 años de cárcel por un crimen que no cometió. Nunca supe si fue indemnizado por el Estado o si alguien le pidió perdón. Pensé que el caso de Melanio Caballero era la rareza típica de una dictadura gorilesca en la que la justicia valía menos que una bolsa de basura. Me equivoqué.
Femicidio en La Chorrera
El 23 de diciembre de 1997 apareció en una cantera, en La Pesa de La Chorrera, el cuerpo semienterrado de una mujer vestida y sin ropa interior. La occisa no tenía identificación alguna. Sus restos fueron sometidos a una estricta investigación forense, dado que parte de los mismos fueron enviados a los Estados Unidos. La mujer sin nombre que sufrió una atrocidad es la protagonista de una injusticia del Estado panameño.
El Ministerio Público inició las investigaciones del caso y una testigo identificó a la occisa como una ciudadana en particular, pero dicha ciudadana se presentó a la fiscalía y obviamente pudo constatar que ella no era la muerta. Nuevamente, la testigo apareció en este caso y le dijo a la fiscalía que se había equivocado y que, en realidad, la víctima era una mujer llamada Marisol Angelina Barría Rodríguez, nativa de la provincia de Herrera.
Con este dato y otros indicios, la fiscalía persiguió a tres hermanos chorreranos: César, Eloy Antonio y Germán Ávila Vega. Germán se mantiene prófugo, mientras que sus otros dos hermanos fueron capturados y procesados por el asesinato de Marisol Angelina Barría Rodríguez. Fueron condenados en el 2009 y, luego de haber cubierto todo el trayecto del caso, fueron enviados a la cárcel La Joyita, donde han cumplido más de 14 años de prisión. A raíz de la divulgación de la noticia, las autoridades del Sistema Penitenciario los han trasladado a la cárcel El Renacer.
La ruta procesal
Entre las pruebas más robustas del error judicial cometido en este caso está la prueba de ADN realizada a los restos de la mujer encontrada el 23 de diciembre de 1997, que se comparó con el ADN de los padres de Marisol Barría, dando un resultado negativo. No bastando eso, en el Tribunal Electoral constan trámites por parte de la mujer supuestamente muerta en 1997, el 14 de diciembre del año 2022 y el 17 de septiembre de 2025. Es decir, la supuesta víctima de este caso estaba realizando trámites 28 años después de su fallecimiento.
El 6 de abril habrá una audiencia de revisión ante un juez de garantías de La Chorrera. Esa gestión puede dar como resultado la libertad de los hermanos Ávila Vega o puede requerir una apelación en busca de su libertad. El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pueden poner fin a este error con un decreto ejecutivo que otorgue la libertad anticipada a los hermanos Ávila Vega. No se trata de un indulto, sino de una potestad de reducir la pena. Estos dos hermanos deben estar libres cuanto antes.
Las consecuencias del error
Probablemente hay actores del Ministerio Público o del Órgano Judicial que participaron en este caso. Ellos o ellas deben rendir cuentas por sus acciones. El Estado panameño debe ofrecer disculpas a los tres hermanos Ávila Vega y, en el caso de César y Eloy, se les debe otorgar una indemnización significativa por los más de 5,110 días y noches que han pasado privados de su libertad.
Es evidente que en este caso fallaron la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Está claro que también falló la Defensoría del Pueblo, que tiene la competencia para visitar los centros penitenciarios y verificar la situación de los privados de libertad. Casos como el de Melanio Caballero o el de los hermanos Ávila Vega, lamentablemente, no son los únicos. Urge crear una comisión investigadora conformada por juristas, activistas de derechos humanos, periodistas y académicos, para validar que no haya más casos como estos. Es obvio que todo privado de libertad afirmará que es inocente y que no cometió el delito por el cual fue condenado. Quizás llegó la hora de empezar a preguntar por qué afirman que son inocentes y hacer un seguimiento de sus respuestas.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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