¿Para cuándo el traslado de la UAF?
21 de Mayo de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
La expresión “lavado de dinero” fue acuñada en Chicago durante la Prohibición del consumo de alcohol y la lucha del gobierno federal de los Estados Unidos en contra de las mafias que contrabandeaban y comercializaban bebidas alcohólicas. Uno de los capos más importantes de la mafia de Chicago, Al Capone, tomaba sus ganancias de las actividades ilícitas y las hacía parecer legales por medio de una cadena de lavanderías de ropa. De allí nació la expresión que evolucionaría en un delito reconocido por la mayoría de las legislaciones de los países democráticos. El agente del Departamento del Tesoro Eliot Ness fue el responsable de desmantelar el negocio de Capone y de llevarlo a la justicia por el delito de evasión fiscal. De allí que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha mantenido, por casi un siglo, su liderazgo en el combate al lavado de dinero.
En 1990, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN, por sus siglas en inglés), cuya principal tarea es coordinar toda la inteligencia financiera de ese país para la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos. El modelo del FINCEN ha sido exitosamente exportado y adoptado en América Latina y el Caribe, donde ha tenido distintos nombres, pero con un mandato similar.
La inteligencia financiera
Debido al interés de los gobiernos de los Estados Unidos y de los países de Europa Occidental de que América Latina y el Caribe combatieran en mejores términos el blanqueo de capitales producto del narcotráfico, y posteriormente el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, los distintos países de la región crearon sus equivalentes al FINCEN.
En México se le conoce como Unidad de Inteligencia Financiera y está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país azteca. En Colombia se denomina Unidad de Información y Análisis Financiero y está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ese Estado suramericano. En República Dominicana se llama Unidad de Análisis Financiero y está adscrita al Ministerio de Hacienda del país caribeño. En Panamá también se llama Unidad de Análisis Financiero (UAF), y está adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional bajo el control de la Presidencia de la República.
Según el Decreto Ejecutivo 136 del 9 de junio de 1995, que creó la Unidad de Análisis Financiero, en el párrafo segundo de su artículo quinto se estableció que: “Dichos funcionarios solo podrán revelar la información así obtenida al presidente de la República, por medio del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, quien será el funcionario encargado de suministrar la información referente al delito del lavado de dinero producto del narcotráfico a las autoridades legalmente autorizadas para solicitarla e investigarla”.
Es decir que, en Panamá, la UAF le informa primero al presidente de la República y luego a las autoridades que deben investigar la comisión de delitos financieros. En otras palabras, el funcionamiento como entidad para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros de la UAF va a depender del mandatario de turno. Mientras que, en otros países de la región, las unidades equivalentes aportan información constantemente y sin filtros a las entidades encargadas de la gestión del tesoro público y de la investigación de delitos financieros.
El reporte de transacciones sospechosas
El principal insumo de la UAF es el reporte de transacciones sospechosas que elaboran las instituciones del sistema financiero panameño. Estas transacciones sospechosas pueden ser aquellas que excedan los 10 mil dólares y tengan una justificación dudosa del origen de los fondos de dicha transacción. Esto también se aplica para transacciones múltiples por montos inferiores a los 10 mil dólares que pueden tener el mismo origen, el mismo destino o un patrón similar que genere sospechas. El universo de transacciones sospechosas se amplía para incluir la compraventa de bienes, artículos de lujo o instrumentos financieros.
El mismo reporte de transacciones sospechosas que puede revelar un posible blanqueo de capitales puede servir para visibilizar evasión fiscal, el pago de un soborno, la comisión de un peculado o incluso un fraude empresarial entre socios de una misma entidad, por mencionar algunos ejemplos. Entre más rápido la UAF comparta la información, será más probable que los entes investigadores, principalmente el Ministerio Público, puedan acopiar las evidencias para documentar un ilícito.
Dado que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está recargado de tareas pertinentes a la gestión del Presupuesto General del Estado, al manejo de bienes públicos, al intercambio de información financiera internacional, así como a la recolección de impuestos nacionales y a realizar la gustada Lotería Fiscal, entre otras tareas, no parece viable que la UAF deba adscribirse a esta entidad.
Si no es con el MEF, ¿con quién debería adscribirse la UAF? Está claro que, si Panamá quiere ser un país serio en el combate al blanqueo de capitales y otros delitos financieros, la UAF solo puede adscribirse al Ministerio Público. De esta forma, los reportes de transacciones sospechosas y otra información que gestione la UAF pueden ser convertidos en indicios para investigaciones del Ministerio Público prácticamente en tiempo real. A su vez, investigaciones en curso de cualquiera de los fiscales pueden beneficiarse de la data que maneja la UAF. La ventaja de esta unión es que se fomenta una mayor institucionalidad y estabilidad del personal de la UAF al sacarlo de un cuerpo político, y se protegen los derechos de los ciudadanos cuando los políticos no tienen en sus manos la información financiera de empresarios, emprendedores, opositores, adversarios o líderes de la opinión pública.
Ahora que la Asamblea Nacional ha iniciado el proceso de consideración del proyecto de ley de sustancia económica, Panamá podría enviar el mejor mensaje de institucionalidad de la inteligencia financiera y de combate contra esos gemelos del blanqueo de capitales y la evasión fiscal, incluyendo en dicha iniciativa de sustancia económica el traslado institucional de la UAF del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional hacia la Procuraduría General de la Nación. Esa sería la mejor muestra de que, de verdad, Panamá ha cambiado y quiere combatir realmente la corrupción, la evasión fiscal y el narcotráfico.
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