¿Qué significa que 356 televisores fueran encontrados en La Joyita?
11 de Junio de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
El 1 de junio pasado, la Policía Nacional iba a realizar el traslado de algunos presos de alto perfil del centro penitenciario La Joyita hacia otros establecimientos penitenciarios. Onésimo Araúz, el director encargado de La Joyita, desconocía la orden de traslado de estos privados de libertad. Aun así, en medio de confusiones y con muy poco respaldo de seguridad, el intento de traslado fue frustrado por la fuga de 195 presos. Transcurrida más de una semana después, todavía unos 17 evadidos están pendientes de captura.
Era evidente que, después de semejante fuga, las entidades de seguridad pública panameñas peinarían el penal para reimponer la apariencia de orden. Con la Operación Cerrojo, una fuerza combinada de centenares de agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval procedió, del 6 al 8 de junio, a efectuar una requisa de todo el centro penitenciario. A pesar de lo lógico que era la realización de dicha operación, los agentes de autoridad encontraron, entre otras cosas, lo siguiente:
● 356 televisores
● 451 teléfonos celulares
● 61 routers
● 37 abanicos
● 12 equipos de sonido
● 343 sobres con probables sustancias ilícitas
● tres paneles solares
● 161 platinas
● 10 armas de fuego
● 82 municiones
● 11,873.64 dólares
● otros 3 mil objetos de contrabando
Si esto es lo que se encontró en La Joyita luego de una fuga masiva, ¿qué clase de contrabando hay en ese centro penitenciario cuando no hay estos operativos? Y, por supuesto, ¿alguien se ha preocupado por el contrabando que existe en los demás centros penitenciarios?
Los drones y los dones
Tradicionalmente, cuando se encuentra cualquier clase de contrabando en las cárceles panameñas, se ha explicado esto como producto de una transgresión por parte de algún visitante: familiar, conocido o incluso abogados de los privados de libertad. Esto puede ser posible con objetos pequeños indetectables a la revisión policial. En cuanto a los demás bienes de contrabando, su aparición en el centro penitenciario se justifica por medio de drones que muy sigilosamente se aproximan a la cárcel a baja altura, y supuestamente, cuando llegan al punto acordado, sueltan la mercancía de contrabando para que el beneficiario la recoja del suelo.
La explicación de los drones, aunque suene fantasiosa, bien puede ser la vía por la que entren ocasionalmente armas de fuego o celulares. Sobre este punto es importante recordar que el centro penitenciario tiene cámaras y tiene torres de vigilancia, lo que significa que no es tan fácil entrar y salir con un dron. Además, La Joyita es parte de un complejo más amplio que incluye a La Joya y a la Mega Joya; es decir, debe haber más vigilancia. Por otro lado, es difícil imaginar a un dron cargando una televisión de pantalla plana para luego soltarla desde 15 metros de altura para que su dueño recoja los pedacitos. Esos televisores, y probablemente mucho de todo lo demás, entraron por las puertas del centro penitenciario, a la vista de quienes debieron verlo y sin ser detectados por aquellos que tenían la tarea de detectarlo. Si no fuera complicidad de algún allegado, ni el delivery llevado por algún dron, entonces la conclusión es que existe un fuerte indicio de corrupción entre las filas de la Policía Nacional.
El ministro de teflón
La ministra de Gobierno, Ninoska Montalvo, es la funcionaria de más alto nivel político que ha dado la cara por este tema. La ministra Montalvo ha tenido un verdadero compromiso con el tema penitenciario durante los casi dos años que ha estado a cargo de esta cartera. Nominalmente, en papel, el Ministerio de Gobierno es regente del sistema penitenciario; en la práctica, es la Policía Nacional la que tiene la principal responsabilidad por la seguridad y protección del sistema penitenciario. La Policía Nacional forma parte del Ministerio de Seguridad Pública, que está a cargo del comisionado Frank Ábrego, quien no ha expresado públicamente el reconocimiento de la responsabilidad de su ministerio por lo ocurrido ni las acciones correctivas que serán aplicadas.
El 5 de febrero de 2020, el entonces ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, presentó su renuncia luego de la fuga del delincuente dominicano Gilberto Ventura Ceballos. Con anterioridad, el 17 de diciembre de 2019, se dio una matanza de 13 personas en La Joyita producto de las rencillas entre las bandas delincuenciales. Los hechos dieron pie a la renuncia de Mirones. En la situación actual no se fugó uno, se fugaron 195, y también hubo la matanza de tres privados de libertad asesinados dentro de La Joyita mientras se daba la fuga. No obstante lo anterior, la presión teledirigida es contra la ministra Montalvo.
Una agenda de cambio
El Ministerio Público hace su investigación de lo sucedido, mientras acumulan condenas por vía de acuerdos de pena con los presos evadidos que fueron recapturados o se entregaron voluntariamente. Estoy bajo la impresión de que los fiscales no van a llegar hasta el verdadero fondo de este tema. La fuga masiva se tratará como un conjunto de conductas de omisión de deberes de los servidores públicos y quizás algún otro delito de ese nivel. Por otra parte, los mandos policiales a cargo fueron destituidos y se realiza una investigación administrativa por parte de la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional.
Frente a todo lo sucedido hay que adoptar un cambio de rumbo y adoptar respuestas institucionales. La primera gran tarea es que todos los servidores que participan en el sistema penitenciario deben ser sometidos a pruebas periódicas de confianza, incluyendo el uso del polígrafo, y se tienen que investigar sus finanzas personales. Un policía de bajo rango que vivía endeudado y ahora tiene casa y carro nuevos, o cuya pareja viaja frecuentemente al extranjero, debe llamar la atención. A su vez, esto también debe ocurrir con el custodio que está forrado con joyas de oro y tiene una finquita en el interior. Estas pruebas de confianza y monitoreo de las finanzas personales deben extenderse a la secretaria de la oficina del sistema penitenciario que tiene la responsabilidad de tramitar beneficios para los privados de libertad y, por supuesto, a los jueces de cumplimiento del Órgano Judicial.
La segunda medida es crear un sistema anónimo de denuncia de la corrupción en el sistema penitenciario. Los buenos policías y los custodios honestos pueden verse intimidados por la presión de grupo o por alguna amenaza de un posible jefe corrupto. Para esos funcionarios debe existir un número telefónico o un sitio web al que puedan hacer estas denuncias anónimas, que le correspondería al Ministerio Público investigar detalladamente. Este sistema de denuncias anónimas también debe estar disponible para los privados de libertad y sus familias. Es posible que lo intenten utilizar contra un policía severo o un custodio estricto; sin embargo, si ellos no pueden participar del sistema de denuncias, gran parte de la corrupción se quedará impune.
Como tercera recomendación, es necesario entender que lo que estamos haciendo con las cárceles y la población penitenciaria en Panamá no está funcionando. Es hora de que hagamos un pacto nacional sobre este tema y nos atrevamos a repensar la institucionalidad, los esquemas de funcionamiento y la experiencia a la que son sometidos los detenidos y condenados en este sistema penitenciario. Esto no será popular porque a la opinión pública no le interesa que a los privados de libertad se les respeten sus derechos humanos. La actitud prevalente en nuestra sociedad es la de venganza, y se asume que parte de esa venganza es la convivencia con un sistema penitenciario abusivo, arbitrario y corrupto. La pena de prisión, que es el castigo, solo implica la privación de libertad; no debe significar todo lo demás.
Está claro que la población penitenciaria no está conformada por ángeles, sino por personas que han cometido delitos que perjudicaron a la sociedad. En nuestro sistema jurídico, esas personas algún día volverán a la calle. Un buen sistema penitenciario procura que quienes hayan sido castigados con la privación de libertad salgan en mejores condiciones de las que tenían cuando entraron. Las cárceles panameñas no pueden ser una doble condena, tanto para los privados de libertad como para el resto de la ciudadanía.
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