¡Otra vez Coiba!
18 de Junio de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
En lengua Ngäbe-Buglé, “Coiba” significa lugar de encuentros, lo que hacía referencia a su función de sitio de intercambio comercial y de actividad cultural entre distintos pueblos indígenas en la era precolombina. Para la cultura panameña, Coiba vuelve a ser sinónimo de cárcel. Un término que pareció salir de la lista de sinónimos con los que se podía calificar a la isla más grande del Pacífico centroamericano.
En el siglo XIX, el gobierno de Colombia usó a la isla de Coiba como un leprosario, un lugar distante y remoto al cual se enviaban pacientes de una enfermedad incurable. Apenas unos años después de la independencia de Panamá de Colombia, el joven gobierno de la nueva República determinó, en 1912, que Coiba sería una colonia penal. Fue el gobierno de Belisario Porras, en 1919, el que hizo aprobar la Ley 44 de ese año para hacer operacional a la colonia penal que daría su fama a la paradisíaca isla.
En el papel, Coiba debía ser una escuela para el aprendizaje de la agricultura, la elaboración de artesanías y alguna otra industria. Según el artículo 3 de la Ley 44 de 1919, los privados de libertad que tuvieron como destino a la isla de Coiba fueron aquellos condenados como: “vagos, cuatreros, individuos perniciosos o de malas costumbres, inmorales, ebrios consuetudinarios, jugadores reincidentes…”. La isla penal tenía como meta rehabilitar para devolver a la sociedad varones correctos y con competencias para ganarse la vida con un trabajo honesto.
Las atrocidades
Las colonias penales establecidas en islas remotas eran parte del arsenal penitenciario en muchos países. Estados Unidos tuvo su isla Alcatraz, Costa Rica usó la Isla del Coco como colonia penal y Panamá usó a la isla Coiba. Esa era la normalidad en muchos sistemas penitenciarios. Coiba fue evolucionando y su nombre se fue asociando a corrupción y abusos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Coiba fue usada para plantar marihuana que luego era vendida a los soldados estadounidenses acantonados en Panamá.
Otra función que cumplió Coiba fue la de convertirse en el sitio de encierro de líderes sociales como Floyd Britton, quien murió brutalmente torturado el 29 de noviembre de 1969. Un número desconocido de presos fue desaparecido por la Guardia Nacional y enterrado en fosas comunes, mientras que otros murieron ahogados en el mar o devorados por tiburones en sus fracasados intentos de fuga.
La peor tragedia ocurrida en Coiba que se haya documentado sucedió el 28 de marzo de 1998, cuando cuatro privados de libertad pertenecientes a la pandilla “Los Perros de San Joaquín” fueron decapitados por miembros de la pandilla “Los Hijos de Dios”. Esto evidenció, hace 28 años, que la Policía Nacional no controlaba el penal y que allí mandaban las bandas delincuenciales que hoy en día controlan la mayor parte de los centros penitenciarios.
La arquitectura del penal
En su momento, la colonia penal de Coiba llegó a tener aproximadamente unos mil privados de libertad. Existían 24 campamentos; el principal, denominado campamento Central, donde había hasta 120 presos y estaba el cuartel de policía. En los otros 23 campamentos cabían de 30 a 35 privados de libertad, en instalaciones muy rudimentarias que incluían una mezcla de barracas, chozas construidas con pencas de palma y algunas estructuras con bloques y techos de zinc. La distribución de los presos no era científica y terminó siguiendo la vieja regla de la pertenencia geográfica. Esto propició el poder de las bandas.
En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, los policías, luego convertidos en Guardia Nacional, mandaban en el recinto. La producción agrícola era dispuesta para abastecer al propio centro penitenciario y para entregar a las embarcaciones que la llevarían a Puerto Mutis, en Veraguas. En la era militar, Coiba evolucionó hasta llegar a ser un campo de torturas y abusos constantes. La parte educativa fue relegada, y los que salían de allí vivos evitaban cualquier encuentro con la autoridad.
En la era democrática, a partir de 1990, la Policía tuvo que aprender a ser civilizada y también aprendió a ceder el poder sobre los campamentos. Para que se diera un intento de fuga en una balsa significaba que había una vigilancia insuficiente. Para cuando se dieron las decapitaciones en 1998, la Policía se encerraba en su cuartel y dejaba a los presos encargados de sus campamentos. El 27 de agosto de 2004, el gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso culminó el retiro de los últimos 27 presos que permanecían en la isla, con lo cual quedaba clausurado el vergonzoso penal que allí existía.
Las alternativas
El artículo 28 de la Ley 44 de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba, cerró el centro penitenciario y ordenó la transferencia de todos los bienes en esa isla a nombre de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, actualmente Ministerio de Ambiente. El Parque Nacional Coiba se gestiona de acuerdo con un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Directivo encargado de administrar dicho parque. Ni la Ley 44 ni el Plan de Manejo permiten establecer un centro penitenciario para los 29 presos de alto perfil transferidos desde Punta Coco y otros recintos penitenciarios. La medida de transferir a los presos viola la ley.
Esa acción por parte del gobierno actual de convertir la estación del SENAN en Coiba en un recinto penitenciario implica dos malas noticias. La primera es que el gobierno está improvisando para tratar de recuperar el control sobre los cabecillas de las bandas delincuenciales. La segunda mala noticia es que, al parecer, estas bandas debilitaron el blindaje de Punta Coco. Si eso pasó en La Joyita, en La Joya, en Punta Coco y en otros recintos penitenciarios del país, ¿qué va a evitar que un miembro del SENAN o un agente de la Policía Nacional caiga ante un soborno de cinco o seis cifras?
El Estado panameño tiene mejores opciones que Coiba. Más seguras y con mayor institucionalidad. Por ejemplo, en Corozal está la sede del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT); allí cabe un pequeño edificio de alta seguridad con unas cuantas decenas de presos. Como se trata del cuartel de SENAFRONT, allí hay vigilancia todo el tiempo y acceso a servicios médicos. Al otro lado del Canal está la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez, en lo que antes se conocía como Rodman. Allí está la sede del SENAN; al igual que con la sede del SENAFRONT, hay mucha seguridad y existe espacio suficiente para hacer un pabellón para detenidos de alto perfil.
En ambas bases existen los recursos humanos y la capacidad de auditar e inspeccionar regularmente cualquier pabellón penitenciario para detectar contrabando o alguna otra actividad no autorizada. De esta forma, se evita una improvisación con Coiba, se aplica mano dura a estos privados de libertad y se controla la corrupción de la Policía Nacional. No creo que a alguien se le ocurra volar un dron por encima de la base de SENAFRONT o del SENAN. Además, al mantener a estos presos en el área metropolitana, se evita el regreso de las torturas y los ultrajes que se cometían en Coiba con tanta impunidad. El desafío penitenciario es tan serio e importante que no nos podemos dar el lujo de que Coiba sea una opción.
Compartir en WhatsApp
Más de El Archivo Vivo