El Estado en harapos
8 de Agosto de 2026
Por: Rodrigo Noriega
Abogado
Exclusivo para Contrapeso
La ministra de Educación, Lucy Molinar, es la persona con más poder que haya ocupado la cabeza de ese ministerio en los últimos 50 años. Puede avanzar sus iniciativas con una mínima resistencia de los gremios magisteriales, un lujo que no tuvieron sus antecesores.
A pesar de esto, tuvo que cambiar el inicio del año escolar 2027, del lunes 22 de febrero al lunes 1 de marzo, luego de que operadores de busitos escolares y directivos de algunas escuelas particulares informaran a sus clientes que cobrarían el mes completo por los servicios del 22 al 26 de febrero. Ante esto, la ministra pospuso el inicio de clases.
En un país con un rezago educativo tan notorio y graves deficiencias formativas señaladas reiteradamente en pruebas académicas internacionales, se debe aprovechar toda oportunidad para aumentar el número de días y horas de clases. Bastaba con que la ministra Molinar hiciera una conferencia de prensa, acompañada por los directores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, para reiterar que se mantendría la fecha del 22 de febrero y advertir que las escuelas o transportistas que cobraran de forma desproporcionada tendrían que enfrentar a esas entidades. Cambiar la fecha es otra demostración de la captura del Estado por intereses creados y expone las limitaciones del poder público en Panamá.
Lamentablemente, el caso del Ministerio de Educación no es el único.
Un hospital y muchas ambulancias
El Hospital Integrado “Panamá Solidario” fue comprado y equipado en 2020 para responder a la pandemia de covid-19. Pasada la emergencia, el hospital, que costó 10 millones de dólares, quedó huérfano. Inicialmente se dijo que sería trasladado a una comarca indígena o zona remota para atender a comunidades vulnerables. Sin embargo, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) optó por transferir el hospital a la Policía Nacional como centro de atención especializada para sus miembros. El hospital no ha sido recuperado porque faltan 1.2 millones de dólares que pidió la Policía para activarlo.
En un país con servicios de salud en situación crítica, esto debería ser una prioridad. Vergüenza debería darle al Ministerio de Seguridad Pública que, con un presupuesto de más de mil millones de dólares, no consiga los fondos para reactivarlo.
Pero el hospital modular no es la única muestra de despilfarro en el sector salud. El Ministerio de Salud está alquilando 43 ambulancias por 51 meses a un costo de 44.2 millones de dólares. Vienen completamente equipadas y con mantenimiento. Sin embargo, el Ministerio no ha explicado por qué optó por alquilarlas en lugar de comprarlas. En 2024, la Caja de Seguro Social compró 55 ambulancias por 9 millones de dólares, incluidos dos años de mantenimiento.
Según la Caja de Seguro Social, la ambulancia más sofisticada cuesta 350 mil dólares. Esto significa que, con los 44.2 millones de dólares de la contratación del Ministerio de Salud, podrían comprarse 126 ambulancias de última generación y, probablemente, incluir su mantenimiento. Esta contratación, altamente cuestionada, es otra evidencia de que quienes administran y dirigen entidades de suma importancia para el Estado no están enfocados en el mejor uso de los fondos públicos.
Los impuestos
La mayor demostración de la captura del Estado panameño por intereses creados es su situación tributaria. De acuerdo con un reportaje de la periodista Mary Triny Zea para La Estrella de Panamá, publicado el 5 de agosto de 2026, Panamá es el segundo país de América Latina y el Caribe con menor recaudación tributaria como porcentaje del producto interno bruto (PIB). El promedio regional es de 21.7 % del PIB, mientras en Panamá es apenas 11.3 %. Esa diferencia de 10.4 puntos porcentuales con el resto de la región ayuda a explicar dos fenómenos económicos panameños: el creciente endeudamiento y la enorme inequidad. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio es de 34.1 %. Panamá recauda menos de un tercio de ese porcentaje, pese a que aspira a ingresar a esa organización. Esa contradicción entre política tributaria y política exterior puede tener consecuencias importantes para la cultura tributaria del país.
¿Qué consecuencias ha tenido este nivel tan bajo de tributación real? La primera es que disminuye las posibilidades de desarrollo económico y social. Si el Estado no tiene fondos, no puede reparar calles, mejorar la educación, equipar hospitales, mantener un sistema de justicia que funcione ni generar las condiciones que favorezcan la atracción de inversiones extranjeras y la creación de empresas panameñas. La segunda es que cada vez más recursos se destinan al pago de intereses y capital de una gigantesca deuda pública que no deberíamos tener. Esto genera un círculo vicioso: escasez de fondos públicos, menos inversiones estratégicas del Estado, menor calidad de los servicios públicos, mayor costo de la vida y más desempleo.
Panamá debió hacer una reforma tributaria durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), cuando empezaban a fluir los ingresos del Canal ampliado y era factible financiar el presupuesto general del Estado con recursos propios y sin endeudamiento. Se evitó la reforma tributaria, al igual que la de la seguridad social. Vino el siguiente gobierno y todo fue pandemia. Para crédito del actual gobierno del presidente José Raúl Mulino, se hizo una valiente reforma de la seguridad social que estabilizó al paciente y evitó que la Caja de Seguro Social quedara en insolvencia. Mulino debería impulsar ahora una reforma tributaria para frenar el endeudamiento. Para el presupuesto de 2027 se estima que el país adquirirá más de 6 mil millones de dólares en nuevas deudas. Si Panamá alcanzara el promedio regional de tributación, el Estado panameño debería recaudar unos 9 mil millones de dólares adicionales al año. Con eso podría evitarse nuevo endeudamiento y contar con los fondos para atender necesidades importantes del país. Ese pudiera ser el mejor legado del gobierno de Mulino: evitar que Panamá se siga endeudando.
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