1 de Diciembre de 2025

Exclusivo para Contrapeso

Aprobar en Panamá una ley para inhabilitar de por vida a las empresas condenadas por corrupción es una tarea difícil que requiere de un compromiso anticorrupción tanto del gobierno de turno como de los diputados de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, MECO es una constructora multinacional de origen costarricense que ha participado en importantes obras de infraestructura en Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y El Salvador.

En abril de 2018 se reveló que Constructora Meco firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público por el caso Blue Apple.

El caso Blue Apple es una investigación de corrupción en Panamá relacionada con el lavado de dinero proveniente de sobornos pagados por empresas constructoras a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2010-2014), a cambio de agilizar trámites y obtener contratos públicos. La investigación se centra en una sociedad anónima llamada Blue Apple Services, que se creó para blanquear estos fondos a través del sistema bancario.

El empresario Carlos Cerdas, propietario de Meco, llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en Panamá, en el escándalo que involucró a funcionarios panameños de alto perfil. Pero lo curioso es que la información se conoce gracias a una publicación del diario La Nación de Costa Rica, porque el Ministerio Público de Panamá, para esa época, guardó silencio.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción de Panamá se comprometió a no formular cargos a Carlos Cerdas Araya, presidente de Meco, a cambio de información. Cerdas aceptó haber autorizado la entrega de $9.4 millones a Jorge Ruíz Sánchez, director de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas; todo se pactó en una oficina con el envío del 5% del valor de obras adjudicadas en el Puente de las Américas-Arraiján, vía Las Tablas-La Villa, entre otras.

En abril de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mantuvo las condenas de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez y al empresario y político Riccardo Francolini, por delitos de asociación ilícita para el blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple. En el caso de Suárez, la sanción penal fue de 158 meses de prisión y el pago de una multa de $27.4 millones. Mientras que Francolini recibió una pena de 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil.

A través del edicto No. 224, fijado el pasado 17 de octubre de 2025 en la secretaría del Tribunal Superior de Liquidación, el Órgano Judicial informó a los abogados defensores sobre el término establecido para la presentación del recurso de casación en la Sala Segunda de lo Penal. Por este caso hay más personas condenadas.

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, también están involucrados en el caso Blue Apple, pero debido a que fueron electos diputados del Parlamento Centroamericano y de la Asamblea Nacional, el proceso pasó a la justicia extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia.

El dueño de Meco fue procesado en Costa Rica

En 2021, el propietario de la constructora Meco, Carlos Cerdas, fue detenido en Costa Rica dentro de un operativo policial que buscó desmantelar una supuesta red de corrupción que manejó proyectos viales por unos $126 millones. El caso es conocido como Cochinilla. En ese mismo año, Cerdas quedó en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.

Luego de la polémica libertad, un juez de Costa Rica ordenó 4 meses de prisión preventiva al anular las fianzas que un juzgado había otorgado a dos poderosos empresarios del sector construcción, entre ellos Carlos Cerdas.

Al final, a Cerdas se le impuso una fianza de $5 millones, detención domiciliaria y el uso de un brazalete de control, algo distinto de lo que ocurrió en Panamá, porque gozó de todos los privilegios tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. En dos escándalos distintos relacionados a coimas, se evidenció el contraste de la justicia que opera en Panamá y en Costa Rica.

MECO en la era de Mulino

La empresa Meco se ha ganado 17 contratos durante la administración del presidente José Raúl Mulino, acumulando más de 10 millones de dólares.

Proyecto de camino de Otoe - Cabuya por 1.3 millones de dólares.
Camino Otoe - Cerro Piedra por 2.2 millones de dólares.
Camino Cerro Otoe - Guabo por 720,830.69 dólares.
Camino Cerro Otoe - Llano Culantro por 1,376,867.37 dólares.
Zarzo de Boca de Remedios por 84,262.50 dólares.
Protección de riberas del río Juan Díaz, San Antonio, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá por 1,858,235.78 dólares.
Zarzo Salitre por 94,055.68 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Río Quiquis, comarca Ngäbe Buglé, por 229,633.77 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Río Pavita, comarca Ngäbe Buglé, por 196,356.77 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Vía Alto Mango - Alto Camarón, comarca Ngäbe Buglé, por 252,455.80 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Río Maíz Tostado, comarca Ngäbe Buglé, por 296,462.76 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Río Patena, comarca Ngäbe Buglé, por 345,073.93 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Pellejo de Agua, comarca Ngäbe Buglé, por 381,604.80 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Sagui, comarca Ngäbe Buglé, por 358,478.89 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Cerro Miel, comarca Ngäbe Buglé, por 212,344.71 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Río Barranco - Alto Camarón, comarca Ngäbe Buglé, por 315,440.28 dólares.
Diseño y construcción del Zarzo Bolote, comarca Ngäbe Buglé, por 282,415.80 dólares.