Así arranca el año político 2026 desde la Asamblea Nacional
1 de Enero de 2026
Exclusivo para Contrapeso
El 2 de enero de 2026 se celebrará la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentará al país su informe a la nación. De acuerdo con el protocolo, en la sesión el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, también dará un discurso sobre la agenda de proyectos que deben ser incluidos en los primeros meses del año.
Entre los grandes retos que enfrentará el mandatario José Raúl Mulino está el desempleo, que de acuerdo con los economistas, Panamá ya alcanzó los dos dígitos. La cifra real todavía se desconoce porque el Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República no ha emitido el último informe. Según cifras del Mitradel, actualmente a nivel nacional unas 206 mil personas están buscando una plaza laboral.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que la tasa de desempleo iniciará en un 10 % en 2026. La titular, en sus intervenciones a los medios de comunicación, ha reiterado que la situación en parte es consecuencia del cierre temporal de la empresa bananera Chiquita Panamá y la paralización de la mina en Donoso.
Mulino tiene en su hoja de ruta la reactivación económica para generar empleos con los 11 mil millones de dólares de inversiones contemplados en el Presupuesto General del Estado 2026. Proyectos como el cuarto puente, la Línea 3 del Metro y el primer tramo del tren serán vitales para la economía.
En el radar económico hay un impacto positivo que puede favorecer a Panamá en la generación de empleo tras la puesta en marcha de las inversiones que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá con el proyecto de gasoducto interoceánico para diversificar ingresos y fortalecer la conectividad energética, con una inversión estimada entre 2,000 y 8,000 millones de dólares, que transportaría gas natural (propano, butano y etano) entre el Atlántico y el Pacífico, buscando concesionar la obra en 2026 para iniciar la construcción en 2027. Este proyecto parte de una estrategia más amplia, al buscar asegurar la sostenibilidad del Canal frente a los retos del cambio climático y la escasez de agua, como se vio en sequías recientes.
Los economistas también coincidieron en que Panamá iba a cerrar el año 2025 con un crecimiento económico de 4 %; no obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento económico para Panamá para el cierre del año 2025. Del 4.2 % previsto para el producto interno bruto (PIB) del país en octubre de 2025, la Cepal rebajó a 3.8 % sus proyecciones para el cierre del año, pero por encima del promedio de América Latina y el Caribe (2.4 %). En medio de la incertidumbre y la desaceleración económica, el organismo recortó la proyección de crecimiento de Panamá de 4.6 % a 3.7 % para 2026, por el menor dinamismo del consumo y del empleo.
En materia de justicia, el mandatario cerró los últimos meses de 2025 criticando las actuaciones de los jueces de garantías del sistema judicial por las medidas de detención domiciliaria y reporte periódico en algunos casos relacionados con droga. Los cuestionamientos del Ejecutivo al Judicial también marcaron un contraste, ya que Mulino guardó silencio por las polémicas decisiones de los tribunales a favor de personas llegadas al poder, tal es el caso de Mario Martinelli (hermano del expresidente Ricardo Martinelli), Valentín Martínez (hermano del canciller Javier Martínez-Acha), Ventura Vega y Ricardo Fábrega (amigos y asesores de Mulino), Alma Cortés, Adolfo “Chichi” De Obarrio y Federico Suárez.
Todavía en esta administración no hay un destello de lucha contra la corrupción; es más, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo dejaron solos al procurador general de la nación, Luis Carlos Gómez Rody, cuando presentó dos proyectos de ley anticorrupción. Tanto el diputado Luis Eduardo Camacho como el presidente José Raúl Mulino hablaron el mismo idioma político al expresar que el país no necesitaba más leyes anticorrupción. Estas iniciativas podrían ser resucitadas en la Asamblea Nacional si los diputados en la nueva legislatura votan a favor de un informe de minoría.
El mismo presidente, quien dijo que Panamá no necesitaba más leyes, luego afirmó que presentará ante el Órgano Legislativo una iniciativa antimafia que podría venir de la mano con una extinción de dominio que tanto criticó en el pasado desde la oposición.
En materia de seguridad, el gobierno tiene el reto de cerrar el año 2026 con una cifra que refleje la disminución de los homicidios en el país. Por ejemplo, el 2025 finalizó con un leve incremento de casos de muertes violentas en comparación con el año 2024. Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público son hasta el 30 de noviembre de 2025, en las que Panamá registró 540 homicidios, un 1 % más que los 537 de 2024. Hay que tomar en cuenta que las cifras serán actualizadas por la Procuraduría General de la Nación en las primeras semanas de 2026, como se hace todos los años en los informes de transparencia y rendición de cuentas.
En su informe de rendición de cuentas en la Asamblea, se espera que Mulino aborde proyectos de ley sensitivos como las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y el etanol obligatorio en el combustible, este último cuestionado por distintos sectores por tener visos de inconstitucionalidad al no darle libertad al consumidor, además del conflicto de intereses que representaría para el contralor Anel Flores, uno de los más poderosos azucareros de Panamá.
Hay muchas expectativas por la apertura de la mina, que ha estado presente entre los planes del gobierno. Lo único que se sabe hasta el momento, confirmado por el propio presidente Mulino, es que no pasará por la Asamblea Nacional como un contrato ley. El modelo de operación con todos los detalles para la apertura podría ser revelado este 2 de enero ante el hemiciclo parlamentario.
Inicia el segundo round político para Jorge Herrera
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, será uno de los actores relevantes en la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias. En esta oportunidad política, tiene hasta el 30 de abril de 2026 para cumplir sus promesas y sus pactos con el bloque opositor.
Herrera llegó al poder legislativo prometiendo cambios al reglamento interno y transparencia, que hoy han quedado como promesas incumplidas.
Las reformas al reglamento interno fueron frenadas en una subcomisión que eliminó propuestas como la del descuento directo a los diputados ausentes. Durante más de 14 años, la Asamblea Nacional no ha logrado aprobar cambios internos, a tal punto que los diputados pueden faltar todo un año y continuar devengando su salario mensual de 7 mil dólares. Y peor aún, el Código de Ética y Honor Parlamentario tampoco ha sido modificado para impulsar sanciones administrativas o disciplinarias contra los diputados que se agreden verbal o físicamente, como ocurrió en varios episodios de la legislatura pasada.
Jorge Herrera, en medio de las auditorías de la Contraloría, prometió bajar la planilla de la Asamblea Nacional, pero desde que llegó a la presidencia en julio de 2025 lo primero que hizo fue incrementar el número de funcionarios de 3 mil a más de 5 mil, representando un gasto adicional de más de 65.9 millones de dólares en el presupuesto legislativo. Recordemos que para este año 2026 la Asamblea Nacional recibirá 98.7 millones de dólares en presupuesto. Este monto se divide en 95.7 millones en funcionamiento y 3 millones para inversión, asignación que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad, incluso por algunos diputados, por el fuerte enfoque en salarios y planillas que representan el 76 % del total de la asignación. La opacidad de Herrera ha sido tan escandalosa que, pese a las consultas de diputados, no ha publicado el nombre de la empresa que realiza las actuales reparaciones en el Palacio Justo Arosemena, el costo de la obra y los informes de los traslados aprobados en la Comisión de Presupuesto.
Herrera justificó el aumento de la planilla de la Asamblea Nacional por la Ley de Carrera Legislativa, donde estima que entre el 89 % y el 91 % de los servidores están blindados. Sin embargo, para que un funcionario se arrope con esa coraza debe ingresar de forma automática al cumplir dos años. En pocos meses, tras su llegada, el Parlamento registró el aumento, dejando en entredicho sus propias cifras.
Adicionalmente, ha avalado que la Asamblea contrate médicos que laboran al mismo tiempo en la Caja de Seguro Social. También ha permitido que funcionarios, en horas laborales, defiendan en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora a personas imputadas por blanqueo de capitales y tráfico de droga.
Prometió eliminar las oficinas de participación ciudadana y sigue asegurando que las mismas ya no existen, pero cuando se aprobó el presupuesto 2026 de la Asamblea Nacional todavía se mantenían vigentes los renglones para los gastos de estas estructuras políticas ubicadas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y la región de Azuero.
Herrera prometió darle prioridad a la agenda anticorrupción, pero lo cierto es que durante su gestión no se ha aprobado en tercer debate ningún proyecto anticorrupción. Es más, las propuestas son archivadas o rechazadas.
La Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional en este 2026 de hacer varios nombramientos de alto perfil, tal es el caso de un magistrado del Tribunal Electoral en reemplazo de Alfredo Juncá, designar al nuevo subcontralor tras la renuncia de Elí Felipe Cabezas en septiembre de 2025. El Legislativo también debe nombrar al próximo defensor del pueblo, aunque desde ya se conoce que Eduardo Leblanc está buscando la reelección, pero no cuenta momentáneamente con los votos de diputados de Otro Camino y Vamos.
Este año será sumamente importante porque los diputados tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar una propuesta para inhabilitar a las empresas corruptas y confesas en los casos de corrupción y coimas. Además, la Comisión de Gobierno, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, recibirá el paquete de reformas al Código Electoral que debe presentar el Tribunal Electoral. Con relación a este proyecto, la práctica de siempre en la Asamblea Nacional ha sido la de desfigurar todos los consensos alcanzados por los distintos sectores en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Jorge Herrera, en esta última legislatura del segundo periodo, deberá demostrar si tiene carácter para eliminar el privilegio de las famosas oficinas VIP de los diputados que por años han manejado la estructura del edificio Justo Arosemena como una extensión de una finca privada, con búnkeres secretos custodiados con recursos públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Por: Diputado 72
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