La consolidación del feudalismo panameño
17 de Junio de 2026
Por: Bryan Brennan Arrieta
Exclusivo para Contrapeso
Hace algunos años, advertir sobre el surgimiento de un “nuevo feudalismo” en Panamá parecía una exageración. Después de todo, nuestras ciudades carecen de castillos, títulos nobiliarios o caballeros armados. Sin embargo, al observar con honestidad la evolución política de las últimas décadas, resulta evidente que lo que antes era una tendencia hoy es una realidad: la versión panameña ya no está emergiendo, se está consolidando.
La cultura popular lo imagina como una estructura rígida dominada por un rey. Sin embargo, la realidad histórica fue muy distinta. Los reyes dependían de una compleja red de señores locales que ejercían el control efectivo sobre territorios específicos, administrando recursos, distribuyendo favores y garantizando lealtades. La característica fundamental del sistema no era la unidad, sino la fragmentación. Los feudos competían constantemente entre sí, formaban alianzas temporales, conspiraban y se enfrentaban, pero compartían una premisa común: ninguno cuestionaba la legitimidad del sistema que les otorgaba sus privilegios. Todos querían más poder; ninguno quería menos.
Esta lógica resulta inquietantemente familiar en el Panamá de hoy. Hemos desarrollado una estructura donde múltiples facciones compiten ferozmente entre sí mientras preservan intactas las bases que les permiten acumular influencia. Partidos contra partidos, diputados contra diputados, burocracias defendiendo cuotas de poder y grupos económicos buscando protección regulatoria o excepciones. Aquí, todos denuncian los privilegios ajenos, pero defienden con uñas y dientes los propios. La discusión pública rara vez gira en torno a cómo limitar el poder; la obsesión radica en quién lo controlará.
Históricamente, el señor feudal ocultaba sus pecados culpando al rey y presentándose como el salvador de las urgencias locales. Por eso diseñamos repúblicas sin reyes, pero olvidamos blindarlas contra los señores feudales. Esa paradoja sigue viva en el ADN panameño. Detestamos el poder central, pero romantizamos el clientelismo local.
Vemos al Estado macro como un monstruo insaciable, pero al intermediario micro, el que regala los materiales de construcción, aquel que aprueba el permiso sin proceso, el que consigue la plaza de empleo público, el que patrocina la fiesta, lo percibimos como un líder. No nos engañemos: el feudo sobrevive porque el vasallo, condicionado por la necesidad, ha aprendido a amar a su señor.
La evidencia más clara de esta ceguera selectiva se encuentra en nuestra propia arquitectura política. Diputados, alcaldes y representantes, en la práctica, operan como los terratenientes de sus regiones. Su supervivencia política depende menos de representar los intereses del ciudadano que de conservar su posición dentro de la estructura.
Cada circuito electoral se transforma en un bastión político cerrado. Allí, el acceso a recursos y empleos depende de la venia del intermediario, convirtiendo las elecciones en un simple trámite para cambiar de rostros sin alterar la función: administrar el territorio, comprar y mantener lealtades.
Por ello, cada transición política genera fracturas dramáticas: la lucha nunca es por transformar la estructura, sino por heredar el botín. Cuando el poder reside en las personas y no en las instituciones, la sucesión se convierte en la única prioridad del sistema, reduciendo la política a una disputa por controlar la maquinaria, los nombramientos y las redes de influencia.
El verdadero peligro para Panamá no es la victoria de un partido o el control temporal de una facción, sino que toda la clase dirigente comparta la misma concepción del poder: una visión donde el Estado es un botín, las instituciones son instrumentos, los ciudadanos son desechables y los privilegios son derechos adquiridos.
Las elecciones seguirán celebrándose y las instituciones continuarán funcionando en el papel. Pero el espíritu republicano habrá sido sustituido por una red de feudos enfrentados, disputándose el control de un aparato estatal cada vez más poderoso.
Por más que los panameños nos hayamos creído históricamente inmunes a las crisis terminales de la región, amparados bajo el cómodo mito de nuestra excepcionalidad geográfica o económica, las leyes de la política son implacables: todos los sistemas corruptos colapsan. Si no corregimos el rumbo, el futuro dejará de percibirse como un avance hacia adelante para convertirse, inevitablemente, en una inquietante cuenta regresiva.
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PERFIL
Bryan Brennan Arrieta es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Interamericana de Panamá y posee un MBA en Negocios Digitales por ADEN University. Cuenta con estudios de especialización en Políticas Públicas y Docencia Superior.
Tiene más de diez años de trayectoria en comunicación estratégica e incidencia pública, colaborando activamente como consultor para el sector privado, organismos internacionales e instituciones gubernamentales.
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