¿Por qué Panamá necesita más leyes contra la corrupción?
31 de Octubre de 2025
Exclusivo para Contrapeso
El presidente José Raúl Mulino dijo en su conferencia de prensa semanal de ayer, jueves 30 de octubre, que: “En este país la corrupción no necesita más leyes”. Esto es, palabras más o palabras menos, lo mismo que afirmó su copartidario, el diputado Luis Eduardo Camacho, quien como presidente de la “Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales” lideró el esfuerzo de derrotar en primer debate los dos proyectos de leyes anticorrupción presentados por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, y que fueron votados el pasado martes 28 de octubre.
Las iniciativas legales del Procurador Gómez iban dirigidas a establecer una ley general contra la corrupción que modernizara el marco jurídico con el cual los fiscales del Ministerio Público deben actuar contra la corrupción. Además, la otra iniciativa pretendía reformar el Código Penal para aumentar las sanciones por algunos delitos típicos de la corrupción con fondos públicos. El Procurador Gómez fue designado en el cargo por el presidente Mulino, luego de que este, como litigante, salvó a Mulino del proceso penal por la compra de radares a la empresa italiana Finmeccanica. Ese escándalo resultó en condenas en Italia, pero en Panamá resultó en vano.
El Índice Mundial del Estado de Derecho
La American Bar Association (Colegio de Abogados de los Estados Unidos) creó en el año 2006 el World Justice Project (WJP), para promover el desarrollo de la justicia a nivel mundial. El WJP se independizó en el año 2009, y entre sus logros más importantes está la creación del Índice Mundial del Estado de Derecho, que es un índice ponderado de ocho factores clave para el estado de derecho de los principales países del mundo.
Los factores cubiertos por el Índice Mundial del Estado de Derecho son: “control al poder del gobierno”, “ausencia de corrupción”, “gobierno abierto”, “respeto a los derechos fundamentales”, “orden público y seguridad”, “cumplimiento de las regulaciones”, “justicia civil” y “justicia penal”. El índice tiene una calificación máxima de “1” y mínima de “0”.
Los resultados
El primer país a nivel mundial en el índice es Dinamarca, con una valoración de “0.90”. El país mejor calificado del continente americano es Canadá, que ocupa la posición 13 con un índice de “0.79”. Uruguay es el país latinoamericano mejor calificado, y aparece en la posición 23 con un índice de “0.72”. En cambio, Panamá aparece en la posición 73 con un índice de “0.52”. El país peor calificado es Venezuela, que ocupa la posición 143 con un índice de “0.26”.
El índice panameño ha estado relativamente estancado en los últimos diez años, siendo su nota más baja de “0.51” y la más alta de “0.53”. Los factores en los cuales Panamá sale mejor calificada son el de “orden público y seguridad”, con “0.70”, y el de “respeto a los derechos fundamentales”, con “0.63”. En cambio, los dos factores en los cuales Panamá obtuvo su peor calificación son el de “justicia penal”, con “0.34”, y “ausencia de corrupción”, con “0.41”. En contraste, Uruguay tuvo como sus dos factores mejor calificados “respeto a los derechos fundamentales”, con “0.79”, y “control del poder del gobierno”, con “0.76”. La calificación más baja del hermano país sudamericano fue en “justicia penal”, con “0.59”.
El lastre de la corrupción
Este índice global es uno más de la amplia variedad que está disponible en la actualidad. Los usuarios de este índice son: gobiernos, el sector académico, la sociedad civil, firmas de abogados de los Estados Unidos y de otros países desarrollados, así como empresas multinacionales que deben tomar decisiones sobre invertir en Panamá o participar en una licitación pública. Aunque el país haya salido de algunas de las peores listas discriminatorias y esté en proceso de salir de otras, estos índices globales son mediciones neutrales y, por lo tanto, sumamente objetivas de cómo la comunidad internacional percibe e interpreta el estado de derecho en Panamá.
Este país sí necesita nuevas leyes contra la corrupción que sancionen ejemplarmente a todos los participantes de la cadena de valor de las trampas y negociados. Desde las firmas de abogados que se prestan para construir vehículos como New Business o Blue Apple, hasta los banqueros que les guiñan los ojos a los oficiales de cumplimiento que deciden ser indiferentes ante una transacción sumamente sospechosa. La falta de una jurisdicción de extinción de dominio, como la tienen Colombia, Chile o El Salvador, facilita la impunidad económica de la corrupción. Además, otro factor que contribuye a la debilidad de la lucha contra la corrupción es la inestabilidad del personal del Ministerio Público, que, como Zuleyka Moore, tiene que enfrentarse a arbitrariedades laborales que buscan complacer al nuevo mandamás de turno.
Si todavía hay personas que en Panamá no entienden que la corrupción nos roba competitividad, nos resta eficacia en el uso de los fondos públicos, le quita legitimidad a la propia razón de ser del Estado, así como mata, mutila y acaba con los sueños de muchos panameños, entonces esas personas viven en otra realidad. El enemigo de Panamá es la corrupción, por lo que es muy terrible que los gobernantes prefieran dormir con el enemigo que vivir con sus conciencias en paz.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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