El alcance de los indultos que buscan los hermanos Martinelli
30 de Junio de 2026
Exclusivo para Contrapeso
El 21 de mayo de 2022, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron condenados por una corte federal en la ciudad de Nueva York, según un acuerdo de pena, a 36 meses de prisión por haber blanqueado 28 millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en el sistema financiero de los Estados Unidos. La condena fue reducida a 13 meses por el tiempo que ya habían cumplido en detención.
Al culminar la condena regresaron a Panamá. Aquí, los jóvenes empresarios enfrentan el caso Blue Apple por blanqueo de capitales, y la contraparte panameña del caso de blanqueo de capitales de Odebrecht, por el cual fueron condenados en Estados Unidos. Ambos hermanos fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el 16 de mayo de 2023, con lo cual sus casos salieron de la justicia ordinaria y fueron remitidos al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El 25 de julio de 2024, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue juramentado en la Asamblea Nacional como diputado suplente del principal Tomás Benavides, del circuito 9-2 (Soná, La Mesa y Las Palmas). Con anterioridad ya había sido proclamado como diputado suplente del Parlacen del principal Carlos Outten, mientras que su hermano Luis Enrique Martinelli Linares obtuvo la suplencia de la diputada Giselle Burillo ante este organismo centroamericano.
El indulto
En la sección 2 del artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos se establece que el presidente de los Estados Unidos “...tendrá facultad para suspender la ejecución de sentencias y para conceder indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político”.
Esto significa, en la práctica, que el presidente de Estados Unidos, a su libre albedrío, puede indultar las penas por delitos federales que no hayan sido producto de un juicio político en el Congreso de los Estados Unidos. Las constituciones estatales de los 50 estados les dan un poder similar a los gobernadores con respecto a delitos estatales. Si el beneficiado con el indulto se encuentra privado de libertad, automáticamente queda libre. Así pasó con el expresidente de Honduras Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y armas de fuego, quien recibió del presidente Trump el 1 de diciembre de 2025, gracias a lo cual Hernández pudo viajar a Honduras a apoyar la campaña presidencial del actual presidente Nasry Asfura.
Según publicó el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ayer 28 de junio, el indulto solicitado por los hermanos Martinelli Linares data de 2025 y, dado que ya cumplieron la pena, los principales beneficios incluirían poder viajar a los Estados Unidos, abrir cuentas bancarias en ese país, trabajar y obtener licencias de toda clase para llevar adelante sus actividades en territorio estadounidense. El indulto, según consigna La Prensa, les devolvería los 19.4 millones de dólares pagados al Gobierno de los Estados Unidos entre la multa y la devolución del beneficio obtenido por el blanqueo de capitales de las coimas de Odebrecht.
¿Y los casos en Panamá?
En principio, si los hermanos Martinelli Linares obtuvieran sendos indultos provenientes del presidente Trump, los efectos de tal decisión del mandatario solo tendrían consecuencias en el territorio de los Estados Unidos, es decir, el indulto produciría la extinción de la pena principal y las penas accesorias, por lo que podrían solicitar visas para entrar a los Estados Unidos y se les devolverían los bienes y caudales confiscados, así como las multas que hayan pagado. En los Estados Unidos, el indulto no borra el historial penal.
En cuanto a los efectos que podría tener un indulto del primer mandatario estadounidense a los hermanos Martinelli Linares en el caso Odebrecht, es necesario dividir los efectos en dos. Por una parte, un posible indulto no tendría efecto alguno sobre las pruebas aportadas por el Gobierno de Estados Unidos al caso Odebrecht en Panamá. Sin embargo, el otro efecto, el propagandístico, es el más sensible, dado que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado por más de tres años que no tiene interés alguno en procesar a los imputados por el caso Odebrecht con fuero de diputados, principales o suplentes del Parlamento Centroamericano, o suplentes de la Asamblea Nacional.
Es previsible que la presión e influencia de distintos sectores políticos generen una matriz de opinión pública en la que la Corte Suprema de Justicia enfrentaría cuestionamientos constantes por no cerrar el caso Odebrecht contra los indultados por Trump. Esto llevaría a un resultado judicial muy conocido en Panamá.
En lo referente al caso Blue Apple no debería haber controversia alguna. Sin embargo, la Corte Suprema ha sido muy reiterativa en su comportamiento evasivo y dilatador en estos procesos de alto perfil, sobre todo de políticos. La Sala Segunda de lo Penal ha sido mucho más correcta que sus colegas del pleno, pero a esa Sala solo llegan los casos que haya conocido la justicia ordinaria.
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Por: Rodrigo Noriega
Abogado
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