Esta semana vimos cómo el intento de revocatoria contra la diputada Paulette Thomas fracasó.

La revocatoria de mandato permite a los ciudadanos intentar sacar a un funcionario electo antes de que termine su periodo, siempre que reúnan suficientes firmas para activar el proceso. En Panamá, el umbral es alto: 30 % del padrón electoral de la circunscripción. Y hasta ahora, ninguna revocatoria popular solicitada por ciudadanos ha prosperado.

En otros países, ese requisito viene con filtros adicionales al umbral. En Colombia, por ejemplo, además de firmas se exige demostrar incumplimiento del programa. En Estados Unidos, los recall elections combinan firmas altas con campañas reguladas. En Panamá el filtro es casi exclusivamente numérico.

En el caso de Thomas, la solicitud la presentó Rubén Darío de la Rosa. Él también integró Vamos, coalición con la que ella llegó a la Asamblea en 2024, pero él no ganó. Después, activó el mecanismo contra quien le ganó.

El argumento fue político: su voto a favor de la Ley 462. El resultado fue imposible de maquillar: seis firmas recolectadas, cuando se requerían 50,162. Conviene subrayar lo básico: los diputados no son jurídicamente responsables por el sentido de su voto en el pleno. Votar es parte central de su función. Se esté o no de acuerdo, ella ejerció el mandato para el que fue electa.

Ese contexto importa porque ayuda a entender un patrón. En los procesos recientes, la revocatoria rara vez surge como evaluación ciudadana amplia; más bien continúa el conflicto electoral. Se presenta la solicitud, se autoriza el trámite ante el Tribunal Electoral y el proceso se apaga sin respaldo real.

Paradójicamente, aquí la revocatoria funciona mejor como herramienta de control partidario que como mecanismo ciudadano. Cuando un partido decide revocar el mandato de uno de los suyos por disciplina interna o conflicto político, el proceso avanza. Cuando la iniciativa viene sin estructura política detrás, casi nunca prospera.

La figura, en teoría, es potente. En la práctica, arrastra al menos tres problemas.

El primero es cultural: la indignación existe, pero rara vez se organiza. Firmar no es un gesto simbólico; requiere tiempo, presencia física, seguimiento y constancia. Sin estructura, el entusiasmo se diluye.

El segundo es político: muchas iniciativas no buscan fiscalizar una gestión, sino reposicionar actores que perdieron en 2024 o que ya miran 2029. Así, la revocatoria deja de ser control excepcional y se vuelve campaña adelantada, sin reglas claras y sin debate formal.

El tercero es institucional: cada intento activa recursos públicos (validación y depuración de firmas, trámites e impugnaciones) incluso cuando el proceso muestra temprano que no llegará a ningún desenlace. Ese desgaste no es abstracto: son horas, personal y presupuesto que podrían estar en tareas que sí fortalecen la integridad electoral.

El diseño tampoco ayuda. La revocatoria no exige demostrar causales, incumplimientos concretos ni faltas graves. Exige firmas. En circuitos grandes, eso equivale a decenas de miles de apoyos sin campaña formal ni financiamiento transparente.

Tampoco hay obligación de explicar quién impulsa la revocatoria, con qué intereses ni qué escenario se abre si prospera. El ciudadano firma sin información suficiente para saber si participa en un control legítimo o en una disputa reciclada. Y eso debería importarnos: sin claridad, la participación se vuelve manipulable.

Mientras tanto, el castigo político real ocurre en las urnas. Ahí sí hay campañas, información, alternativas y una decisión colectiva.

La conclusión no es eliminar la revocatoria, sino regularla mejor: exigir transparencia sobre promotores y motivaciones, establecer estándares mínimos de información pública e introducir filtros que eviten su uso como revancha electoral. Un mecanismo de control que no ordena el descontento ni canaliza la participación termina perdiendo credibilidad.

Si revocar casi nunca revoca, ¿para qué sirve, aparte de mantener al país en campaña permanente? En política, lo que parece mínimo nunca lo es tanto...

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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