La Lotería Nacional de Beneficencia no solo vende billetes. Maneja millones, contratos, libretas y efectivo. Mucho efectivo. Y cuando se combinan dinero público, discrecionalidad y poca rendición de cuentas, queda politiquería, no beneficencia. Como también lo hemos visto en la Unachi, el Idaan y otras. Y no es una institución menor.

En 2025 manejó un presupuesto de 78.6 millones de dólares. Para 2026, sube a 88 millones. Diez millones más en un año. Más plata sin explicaciones.

Durante años fue bastión del Molirena. Hoy el control tiene otro nombre: Alianza. Cambian los partidos, no el fin. El presidente del partido, José Muñoz, tiene a su hijo como secretario general de la Lotería, una de las posiciones más estratégicas: desde ahí se validan nombramientos y se controla información interna. Todo legal y convenientemente poco explicado.

En agosto de 2024 llegó Saquina Jaramillo, designada por Mulino. Abogada, con experiencia en gestión pública y vínculos políticos conocidos. El discurso fue el de siempre: modernizar, transparentar y reformar la lotería electrónica —el Lotto y el Pega 3—, un sistema señalado durante años por denuncias y sospechas. Promesas bonitas. Resultados, ninguno.

Una demanda contencioso-administrativa presentada por una empresa vinculada al sistema bastó para frenar cualquier intento de cambio. La Lotería cedió. Las auditorías internas detectaron irregularidades graves en el manejo de libretas y derivaron denuncias ante el Ministerio Público. Luego vino el silencio. Jaramillo renunció sin explicación. El Ejecutivo tampoco explicó. Consistencia institucional.

Pero el problema no es quién se va. Es la institución que permanece intacta, o incluso peor.

Los hechos están documentados. Auditorías que identifican cientos de libretas con irregularidades, cuatro denuncias penales y una lesión patrimonial de más de 850 mil dólares. Más de 5,000 cheques de bonificación nunca retirados. Billeteros fantasmas, prestanombres, concentración de libretas en pocas manos, menores como beneficiarios, redes de cobro ilegal de billetes premiados y hasta dinero sustraído de una bóveda. Fallas básicas en una entidad que vive del efectivo.

Está también el antecedente de Félix Moulanier, quien denunció que se le ofrecieron dinero y contratos en la Lotería para inscribirse en el Molirena. La institución, otra vez, como herramienta política.

A eso se suma una relación contractual histórica con un solo proveedor de billetes y chances, beneficiado con contratos millonarios durante décadas. No es ilegal. Es, simplemente, un monopolio de facto nunca explicado.

En cinco años, la Lotería transfirió más de 550 millones de dólares al Estado. El dinero entra al Tesoro y pierde trazabilidad social. De vez en cuando publican que donaron un equipo o patrocinaron un evento. Pero no hay informes claros que expliquen qué se financió ni con qué impacto. Beneficencia al garete.

Por eso, cuando una directora renuncia sin explicar razones, la pregunta no es si el hecho es aislado. Es por qué dejamos de exigir explicaciones. Se nos van millones ahí.

La Lotería no maneja solo billetes. Maneja dinero público.

Y en política el sistema no cambia. Cambia es quién se beneficia.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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