En Panamá hay un patrón: cuando una institución debería resolver sola, aparece Mulino. Pasó con sus ataques a jueces de garantías. Pasó en la Asamblea, cuando se metió en la pelea por la presidencia. Y vuelve a pasar ahora con el choque entre el procurador y el contralor.

No son bochinches ni egos heridos. Una fiscal anticorrupción denunció al contralor Anel Flores por interferir en una diligencia del Ministerio Público. Es decir: una intromisión documentada dentro de un proceso penal que ya arrancó.

En medio de eso, Mulino contó que habló con ambos, que conoce sus versiones, que cada uno tiene funciones claras en la ley y que debían “allanar diferencias”.

Hablar con ambos no estuvo mal. Era inevitable. En un país presidencialista, y siendo los dos figuras cercanas a él, era lógico que lo llamaran. El error no fue escucharlos. El error fue rebajar una intromisión institucional a una simple diferencia entre funcionarios.

Esto no era terapia de pareja para hombres poderosos. En un Estado de derecho la ruta es clarita: el procurador investiga, la Corte decide y punto. El presidente no está para convertir un expediente penal en ejercicio de mediación.

Y además había algo obvio que decir, sin condenar anticipadamente a nadie: quien se fue a meter en casa ajena fue el contralor. No el procurador en la Contraloría. Al revés.

Eso era lo mínimo. No para reemplazar jueces ni adelantar fallos, sino para defender con claridad la Constitución, la ley y la separación de funciones.

Respetar el debido proceso no significa ponerle agua tibia a una extralimitación.

Si esto fuera un problema personal, al país ni le importaría. Que no se soporten, asunto de ellos. Pero aquí no se discute simpatía, sino límites. Cualquier intento de reconducir esto a un plano personal o político, como claramente se está intentando, debilita todavía más el Estado de derecho. Porque lo que está en discusión no es una mala relación entre funcionarios, sino si las reglas valen de verdad cuando chocan con alguien que tiene poder.

Y ahí está lo más incómodo: hablar de debilitar el Estado de derecho casi se queda corto. Porque para debilitar algo, primero tiene que estar fuerte. Y aquí el Estado de derecho parece más un discurso que una realidad. Basta con que el poder se atraviese para que todo se vuelva interpretable, negociable, allanable. Nos gusta engañarnos.

Ese fue el punto que Mulino esquivó. Y lo hizo, además, con una frase que se le devuelve en contra: dijo que las funciones de cada uno están claras en la ley. Precisamente por eso su tibieza molesta. Porque si estaban tan claras, no había mucho que mediar. Había que marcar el límite.

Y ese es el problema de fondo: no es solo este episodio. Es la costumbre. Mulino lleva rato moviéndose en esa zona gris donde opina sobre jueces, tantea la Asamblea o entra a apagar fuegos que no le toca administrar. Siempre con alguna coartada elegante: el orden, la gobernabilidad, la prudencia. Pero metiéndose.

Entonces: ¿hay o no hay Estado de derecho? ¿Las reglas se cumplen para todo el mundo? ¿O se vuelven flexibles cuando el involucrado es amigo del presidente?

La Constitución no se “allana”, presidente. Se cumple.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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