La Policía está ofreciendo $2 mil por información sobre cada prófugo de La Joyita.

Si eso ayuda a capturarlos, bien. Pero… ¿de dónde sale esa plata? ¿Quién decidió ese monto? ¿Con qué criterio?

Primero eran $500. Después $1,000. Ahora $2,000.

No hay una regla pública.

¿Lo fija la Policía? ¿El Ministerio de Seguridad? ¿Una resolución interna? ¿Una partida específica? ¿Qué papel juega el Consejo de Seguridad? ¿O depende del funcionario de turno o de la presión del momento? He preguntado por separado a quienes deberían saberlo, pero nadie responde con exactitud. Al menos no a mí.

En teoría, estos montos pueden depender de la gravedad del delito, la peligrosidad del buscado, sus antecedentes, información de inteligencia o urgencia operativa. También se ha dicho que los fondos podrían salir de incautaciones realizadas por los estamentos policiales. Perfecto. ¿Pero podría ser así o es así? No podemos quedarnos con “eso depende”. Es plata pública.

Aquí se han ofrecido recompensas de todo tipo: $100 mil por “Roberth”; $50 mil por “Cholo Chorrillo”; $25 mil por “Rirri”… ¿Qué hace que una información valga $2 mil, otra $25 mil y otra $100 mil?

Y, más importante: ¿quién autoriza esos aumentos? ¿Quién certifica que la información sirvió? ¿Quién aprueba el pago? ¿La Contraloría fiscaliza antes, después o nunca? ¿Hay recibo, resolución, acta o expediente? ¿Cuánto hay disponible para recompensas? ¿Cuánto se ha pagado en los últimos años? ¿Se publica después si alguien cobró?

Nadie pide que revelen al informante. Pero proteger la identidad de una fuente no significa ocultar la ruta del dinero.

Tan importante como ubicarlos es saber que no se está pagando por personas cuya ubicación conocen perfectamente quienes deben conocerla. Porque entonces la recompensa es un “te pago para que me lo entregues”. Y ahí los propios involucrados coordinan cuándo aparecen, quién los “encuentra” y cómo se reparte la plata.

Y que no se nos olvide. En este caso, además de capturar a los prófugos, el Estado tiene que rendir un informe público sobre cuántas personas fueron asesinadas y de dónde salió la bala. Los muertos bajo custodia del Estado no son cosa menor.

La seguridad necesita eficacia, sí, pero con reglas. Entre confidencialidad, secretismo e improvisación hay una enorme diferencia.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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