El caso del ministro de Salud, Fernando Boyd, y Bio Materiales no se limita a si hoy aparece como accionista, directivo o beneficiario. Eso importa, pero no cierra la discusión. La empresa fue fundada por él, estuvo vinculada a él por casi 30 años y ha seguido contratando con el Minsa siendo él ministro. Esos son los hechos.

Boyd renunció 12 días antes de tomar posesión. ¿Pero a qué? ¿Al cargo directivo? ¿Vendió sus acciones? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Tiene familiares o gente cercana aún en la empresa?

Desde entonces, Bio Materiales ha obtenido, que se sepa, dos compras con el Minsa por 1 millón 212 mil dólares.

Bio Materiales ya era proveedora del Estado, sí. Pero el problema no es solo que licitara. Es qué controles se activaron cuando su fundador pasó a dirigir la entidad que compra.

En un expediente incluso aparece una comunicación dirigida a Boyd “para su consideración y firma”, por una gestión de cobro a favor de Bio Materiales. Ese dato pesa.

Boyd dice que ya no tiene relación comercial con la empresa. Perfecto. Entonces que lo documente.

Y esto no es un caso aislado.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, enfrenta una duda parecida. Antes de ser ministro, figuró vinculado a un consorcio contratista de una carretera en Veraguas. Ya como ministro, firmó adendas relacionadas con esa misma obra y la inspeccionó.

Otra vez: el punto no es solo si salió formalmente a tiempo. El punto es si se apartó de verdad.

No basta con cambiar de sombrero. Hay que demostrar que el sombrero público no se usó para validar, modificar o beneficiar lo que antes estuvo bajo un sombrero privado.

Con Boyd, la pregunta es si el fundador de una empresa proveedora del Minsa se apartó de los trámites de esa empresa.

Con Andrade, la pregunta es si un excontratista del MOP podía firmar adendas e inspeccionar una obra en la que participó antes de ser ministro.

Son casos distintos. Pero tienen la misma sombra: explicaciones incompletas ante un claro conflicto de interés.

Decir que todo pasó por instancias técnicas y legales explica el procedimiento. No explica el conflicto.

¿Hubo impedimento formal? ¿Actas? ¿Documentos? ¿Quién decidió? ¿Quién firmó? ¿Quién cobró? ¿Quién se benefició?

La moral pública no solo exige cumplir la norma. Exige no dejar espacios en blanco.

Boyd y Andrade deberían responder con documentos, no con frases. Si todo está en regla, explicar bien no debilita una defensa. La fortalece. ¿Por qué? Porque el problema no empieza cuando alguien se roba algo o deja de hacer algo: empieza cuando el poder deja dudas razonables y pretende que la gente mire para otro lado.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

Más videos